Lamenta la impunidad frente a este tipo de acciones y pide al ganador de las presidenciales que investigue estas denuncias
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Al menos 50 personas han muerto en la represión de las protestas que en el último año se han venido registrando en Guinea en contra de la reforma constitucional y de un tercer mandato del presidente del país, Alpha Condé, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Estas muertes, a manos de las fuerzas de seguridad y defensa, en ocasiones en asociación con grupos de contramanifestantes, se han registrado entre octubre de 2019 y julio de este año, según 'Marchando hacia sus muertes: Justicia para las víctimas de la represión de las manifestaciones en Guinea'.
Además, otras 200 personas resultaron heridas en la represión, durante la que más de 70 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias, algunas de las cuales permanecieron detenidas incomunicadas. Según Amnistía, algunas de las víctimas han huido de sus casas por temor a represalias y se ha podido constatar el uso ilegal de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en varias localidades.
Entre octubre de 2019 y febrero de 2020, más de 30 personas murieron durante las protestas en contra de la enmienda constitucional, once de ellas por disparos en la cabeza, el pecho o el abdomen. Durante la jornada del referéndum constitucional y las elecciones parlamentarias, el 22 de marzo, hubo al menos doce manifestantes muertos, nueve de ellos de bala.
Entre abril y julio, murieron siete personas durante protestas para reclamar mejor suministro eléctrico y en contra de las medidas de restricción impuestas debido a la pandemia de coronavirus, según el informe.
Además del uso de munición real, las fuerzas de seguridad también han provocado heridas arrollando a personas con sus vehículos --un manifestante falleció por este motivo tras ser atropellado el 22 de marzo-- o lanzándoles directamente los botes de gases lacrimógenos.
Según Amnistía, durante la jornada electoral de marzo, los cuerpos de algunas de las víctimas fueron llevados a las morgues de los hospitales públicos por viandantes o familiares, pero fueron rechazados. Esto significa, según la ONG, que "las víctimas no son incluidas en el balance muertos gubernamental". Como resultado de ello, las familias no han recibido certificados de muerte y no se han realizado autopsias que permitan una investigación judicial.
DISPAROS POR LA ESPALDA Y A LA CABEZA
"Hablamos con familias devastadas que describieron cómo sus hijos perdieron sus vidas, disparados en la espalda, el pecho, la cabeza o el cuello. Hemos visto heridas en brazos, rodillas y pies provocadas por disparos, botes de gases lacrimógenos e incluso por vehículos de las fuerzas de seguridad", ha comentado la directora para África Occidental y Central de Amnistía, Samira Daoud.
La responsable de Amnistía ha advertido de que "ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica sigue siendo peligroso en Guinea, donde la impunidad por las violaciones de los Derechos Humanos sigue siendo la regla en la última década". "Hacen falta medidas concretas por parte de las autoridades para llevar justicia a las víctimas y sus familias", ha añadido.
Aunque las autoridades han anunciado con frecuencia la apertura de investigaciones sobre las muertes durante las protestas, estas no han tenido continuidad, violando el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias, según la ONG. Además, las amenazas, el miedo a represalias y la falta de confianza en el sistema judicial han empujado a algunas de las víctimas o sus familiares a esconderse o no denunciar. Solo la familia de unos de los doce muertos en marzo ha presentado una denuncia.
LIMITACIONES AL DERECHO A MANIFESTARSE
Por otra parte, el informe también pone de manifiesto numerosas violaciones del derecho de reunión pacífica. Así, hubo al menos diez prohibiciones de protestas contra la reforma constitucional durante un periodo de cuatro meses, con argumentos en general vagos y contrarios al Derecho Internacional. Además, 70 personas fueron arrestadas de forma arbitraria y recluidas, en algunos casos siendo sometidas a tratos inhumanos o degradantes.
"Esta conducta por parte de los militares es una violación de las leyes internacionales que prohíben la tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes", ha subrayado Daoud. "Si continúa, el miedo es que esta impunidad solo alentará más violaciones y una desconfianza en las instituciones", ha subrayado.
Guinea está llamada a celebrar elecciones presidenciales el próximo 18 de octubre en medio de la tensión por la decisión de Condé de optar a un tercer mandato, amparado en que la reforma constitucional aprobada en referéndum pone a cero su contador pese a llevar en el cargo desde 2010.
"Quien quiera que sea elegido (...) deberá garantizar que todo este tipo de violaciones son investigadas y procesadas y que los sospechosos son llevados ante tribunales competentes", ha remachado la responsable de Amnistía para la región.
EL GOBIERNO RECHAZA LAS ACUSACIONES
En respuesta al informe, el ministro de Seguridad y Protección civil guineano, Damanatang Albert Camara, ha rechazado las acusaciones y ha pedido "salir de esta comprensión rectilínea en materia de responsabilidad". "Es un gran error pensar que sólo el Gobierno es responsable de la protección de los Derechos Humanos", ha dicho.
Así, ha hecho hincapié en que "la oposición guineana anunció y reivindicó acciones violentas que llevó a cabo durante las elecciones legislativas y el referéndum, pero Amnistía no hace mención a ellas".
Camara ha lamentado que el informe "se fundamenta casi exclusivamente en declaraciones de testigos que, en su mayor parte, permanecen incompletas en lo relativo a la revelación de la verdad", según ha recogido el portal de noticias Guinée News.
"Leemos por ejemplo un extracto en el que una víctima dice que un gendarme camuflado disparó contra ella pero que no le vio. ¿En qué condiciones se puede hacer una investigación si los cuerpos son trasladados sistemáticamente y manipulados antes de que la Policía Judicial haga su trabajo, sin contar con la reticencia de los testigos?", se ha preguntado.
Asimismo, ha dicho tener la impresión de que el informe "no es equilibrado" y ha puesto en duda "la metodología de estas organizaciones". "Enviamos un documento de más de 40 páginas con, entre otras informaciones, extractos de informes de investigaciones y autopsias", ha asegurado.
"Demostramos, por ejemplo, que en cuatro de las doce víctimas del 14 de octubre de 2019 se pudieron extraer las balas. Ninguno de estos proyectiles podía provenir de un arma usada por la Policía. Uno fue introducido post mortem con una pinza y el otro provenía de un arma de fabricación casera", ha argüido.
Por último, Camara ha destacado que Guinea está decidido a "proteger los Derechos Humanos, no porque sea la voluntad de una ONG, sino porque es una necesidad democrática absoluta". "No se puede tolerar que los guineanos sean asesinados con total impunidad. Seguiremos haciéndolo con nuestros medios y con los que realmente nos quieran ayudar", ha remachado.
