Pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lleve a cabo una investigación de la situación en el país
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las ejecuciones extrajudiciales y el clima de impunidad siguen reinando en Filipinas bajo el mandato de Rodrigo Duterte, quien ha convertido el país en un "baño de sangre", según Amnistía Internacional, que pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lleve a cabo una investigación sobre los abusos de los Derechos Humanos cometidos desde 2016.
La organización ha publicado un nuevo informe sobre el "dramático deterioro" de los Derechos Humanos en el país asiático al que ha dado por título "'Mi trabajo es matar': Continuación de las violaciones de los Derechos Humanos y la impunidad en Filipinas" coincidiendo con la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El título ha sido tomado de un discurso de Duterte del pasado marzo en el que dijo: "Mi trabajo es asustar a la gente, intimidar a la gente y matar a la gente".
El informe denuncia que se sigue matando con impunidad a presuntos autores de delitos de drogas y otras personas sospechosas de cometer delitos, en un contexto de años de incitación a la violencia por parte de Duterte y otros miembros de su administración.
La ONG ha documentado nuevos casos de ejecución extrajudicial en el marco de la llamada "guerra contra las drogas" de Duterte y ha constatado que la mayoría de las víctimas continúan procediendo de comunidades pobres y marginadas. Según el informe, los homicidios son encubiertos con informes falsificados, mientras que las familias expresan su indefensión ante los abrumadores obstáculos que se encuentran en su búsqueda de justicia.
De acuerdo con Amnistía, en el contexto de la pandemia de COVID-19 los homicidios están aumentando una vez más, mientras el presidente sigue incitando a la violencia contra personas presuntamente autoras de delitos, incluidas las acusadas de consumir o vender drogas.
Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch (HRW), los homicidios en operaciones policiales contra la droga han aumentado un 50 por ciento durante la pandemia. Así, la Policía mató a 155 personas entre abril y julio de 2020, frente a 103 entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.
Amnistía ha recordado en su informe que el propio Duterte se ha burlado de las organizaciones de Derechos Humanos: "Esta gente de los Derechos Humanos es muy tímida. ¿A qué se dedican? ¿A contar los muertos? Bastardos, deberían cambiar de trabajo (...) Trabajen en las morgues si eso es lo único que hacen".
EL PAÍS ES UN "BAÑO DE SANGRE"
"En cuatro años de presidencia, Rodrigo Duterte ha convertido Filipinas en un baño de sangre donde la Policía y miembros no identificados de grupos parapoliciales tienen libertad para matar todo lo que quieren", ha denunciado Rachel Chhoa-Howard, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.
Según la investigadora, "esto no es una consecuencia accidental de su administración, sino su característica central". En Filipinas, "la Policía y otros hombres armados no identificados saben que pueden matar sin consecuencias. Toman al pie de la letra la periódica incitación del presidente a matar y sus promesas de proteger a quienes matan, y así deberían hacerlo los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos", ha sostenido.
Amnistía ha documentado asimismo que la declaración de "guerra sin cuartel" del presidente contra "rebeldes comunistas" tras la ruptura de las conversaciones de paz en 2018 ha provocado una serie de detenciones arbitrarias y la reclusión de personas consideradas críticas hacia el Gobierno, así como el homicidio de activistas y defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
"Las autoridades llevan años usando la etiqueta de 'rojos' para señalar y desacreditar a cualquier persona cuyo activismo por los Derechos Humanos o trabajo en la comunidad desaprueban", ha resaltado Chhoa-Howard. "Hoy, esa catalogación se ha convertido en una amenaza de muerte muy real", ha advertido.
Los grupos de Derechos Humanos temen que la nueva y excesiva ley antiterrorista sólo aumentará los riesgos que afrontan activistas y personas que defienden los derechos fundamentales. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó al menos 248 defensores de los Derechos Humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y sindicalistas asesinados en relación con su trabajo entre 2015 y 2019 en Filipinas.
ATAQUES CONTRA PERIODISTAS
La prensa también está en el punto de mira en Filipinas, según el informe. Junto con el hostigamiento ampliamente difundido a la periodista Maria Ressa y su web de noticias Rappler y los esfuerzos del Gobierno de forzar el cierre de la emisora ABS-CBN, el informe describe la cultura más general de miedo y violencia que sufren los periodistas de todo el país, algunos de ellos víctimas de asesinato.
Según el presidente nacional del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas Nonoy Espina, desde "la dictadura de (Ferdinand) Marcos, los medios de comunicación y la libertad de prensa y de expresión no han sido tan atacados" como en la actualidad.
Todos estos hallazgos, según Amnistía, están en línea con el informe sobre la situación en Filipinas publicado el pasado junio por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El pasado mes de julio, aprovechando una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el ministro de Justicia filipino anuncio la creación de un panel interinstitucional del Gobierno para examinar más de 5.600 casos de homicidios durante operaciones dirigidas por la Policía, si bien desde entonces no se ha desvelado ningún detalle sobre dicho grupo.
"EL GOBIERNO NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE"
"Lo único que sabemos de este panel es que incluirá a las mismas agencias responsables de los homicidios, los ataques y el hostigamiento que se supone que va a investigar. Este es un claro ejemplo de ser juez y parte, y muestra la total falta de independencia de este organismo", ha valorado Chhoa-Howard.
En su opinión, "el momento y las circunstancias del anuncio, junto con la ausencia de detalles facilitados a la opinión pública, están claramente concebidos para proteger al Gobierno del escrutinio". Por ello, ha defendido que "los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos no deben llamarse a engaño y tomar esta iniciativa en serio".
La investigadora de Amnistía considera "evidente que la administración Duterte no tiene intención de hacer justicia a las miles de familias afectadas, todo esto al mismo tiempo que el presidente incita reiteradamente a la violencia y promete proteger a los perpetradores".
Por ello, ha defendido que "corresponde ahora al Consejo de Derechos Humanos encargar a un órgano de investigación fuerte e independiente al mismo tiempo que responde a los reiterados llamamientos de la alta comisionada de seguir manteniendo bajo observación la crisis de Derechos Humanos de Filipinas".
"El panel anunciado por el gobierno no tiene credibilidad y no puede hacer justicia. El Consejo de Derechos Humanos no debe ceder ahora, sino actuar para prevenir más muertes y transmitir a los perpetradores y al propio gobierno un mensaje claro: el mundo está mirando y no permitiremos que impere la impunidad, ha remachado la investigadora de Amnistía.
