Según la ONG, el cierre de los campos de desplazados les expone a nuevos riesgos además de los problemas para obtener documentos
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Miles de desplazados en Irak han sido estigmatizados en los últimos años por sus presuntos vínculos con Estado Islámico, muchos de los cuales han sido objeto de detención arbitraria, desapariciones forzosas y juicios injustos. Ahora, se enfrentan a un nuevo peligro ante la decisión de las autoridades iraquíes de proceder a cerrar los campos de acogida, según denuncia Amnistía Internacional.
En su informe "Marcadas de por vida: personas desplazadas en Irak en una espiral de abusos y estigmatización", la ONG revela que el Gobierno central iraquí, junto con el gobierno regional del Kurdistán, continúan estigmatizando a los desplazados que parecen tener vínculos con Estado Islámico, el grupo que llegó a dominar una parte del territorio de Irak.
Entre otras cosas, les bloquean u obstaculizan la obtención de documentación civil que es esencial para encontrar trabajo, acceder a la educación y a las prestaciones públicas y ejercer la libertad de circulación. Con el cierre en las últimas semanas de los campos de acogida en Nínive, Kerbala y Bagdad, miles de personas han ido a parar a precarios albergues o han sido devueltas a sus zonas de origen pese a que algunas podrían no estar a salvo allí.
La directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, Lynn Maalouf, ha denunciado que con ello se está ejerciendo un "castigo colectivo" contra los desplazados que presuntamente tienen vínculos con el grupo terrorista.
"Afrontar estas injusticias es la única manera de garantizar un retorno seguro y digno, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar precisamente las actuaciones que siembran las semillas de futuras espirales de violencia", ha advertido.
IMPEDIR NUEVA ESPIRAL DE ABUSOS
Maalouf ha defendido que "para impedir nuevas espirales de abusos, las autoridades iraquíes deben garantizar que ninguna persona es castigada por los delitos cometidos por otras, que todos los hombres y mujeres iraquíes pueden conseguir documentación civil y que se revela el paradero de las personas desaparecidas". "Las personas internamente desplazadas han de tener una oportunidad significativa de decidir su futuro, y todos los retornos han de ser dignos, seguros y sostenibles", ha reivindicado.
Según explica Amnistía, las personas con presuntos vínculos con Estado Islámico, así como sus familiares, llevan mucho tiempo encontrando diversos obstáculos para conseguir, renovar o sustituir documentos civiles. Las fuerzas de seguridad presentes en las oficinas del registro civil las someten de manera habitual a hostigamiento e intimidación. Muchas de las personas con las que ha hablado la ONG aseguran que, para no tener que sufrir este trato, no iban a volver intentar solicitar sus documentos civiles.
"En Irak no hay nada peor ni más peligroso que llamar a alguien 'daeshi' (miembro del Estado Islámico). Una palabra, y estás acabado", ha contado a la ONG Abed, un joven de 23 años que estuvo casi tres detenido por las autoridades del Kurdistán iraquí hasta que fue absuelto del cargo de estar vinculado con el grupo terrorista por un tribunal kurdo. "Tenía esperanzas de llevar una vida normal. Pero ahora estamos todos en el punto de mira", se lamenta.
Todos los hombres y niños entrevistados por Amnistía que habían estado detenidos en la región del Kurdistán iraquí expresaron su temor a que las fuerzas centrales de seguridad iraquíes volvieran a detenerlos y a sufrir tortura y otros malos tratos y ser sometidos a juicios injustos si intentaban regresar a sus hogares en las provincias de Kirkuk, Nínive y Saladino.
Ese temor estaba sustentado en las informaciones sobre familiares, amigos y otros hombres que habían sido detenidos de nuevo después de que las autoridades del Kurdistán les dejaran en libertad, así como en amenazas dirigidas contra sus familias en sus lugares de origen.
Dichas detenciones, ha explicado Amnistía, se producían en puestos de control por los que tenía que pasar la persona en cuestión de camino a su lugar de origen o poco después de su llegada allí, y normalmente las practicaba el Servicio de Seguridad Nacional, aunque también otras fuerzas, como las Unidades de Movilización Popular y la Inteligencia militar.
Para la mayoría de los entrevistados por la ONG, los campos de desplazados donde vivían en la región del Kurdistán iraquí y en la provincia de Nínive eran su única opción de acogida, dado el peligro de sufrir abusos que corrían fuera de ellos. "Lo que pretende el Gobierno iraquí al hacer que los desplazados internos salgan de los campos donde viven y regresen a sus lugares de origen es cerrar un doloroso capítulo del conflicto. Pero es esencial que, al hacerlo, no ponga en peligro a las personas que regresan", ha prevenido Maalouf.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS
Por otra parte, Amnistía ha denunciado que, en su lucha contra Estado Islámico, las autoridades iraquíes y del Kurdistán iraquí detuvieron a hombres y niños desplazados en puestos de control, en las líneas de combate, durante operaciones militares, en campos de desplazamiento y en los lugares de origen tras el regreso a ellos. En el caso del Kurdistán, se sometió a adultos y niños de tan sólo 14 años a detención arbitraria, tortura y juicio injusto.
Además, las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron a hombres, mujeres y niños que luego desparecieron. De los 115 casos documentados por Amnistía Internacional, 48 eran de hombres y niños detenidos por las fuerzas kurdas, y 67, de personas sometidas por el Ejército y las fueras seguridad iraquíes a desaparición forzada en Nínive.
Por otra parte, el informe también documenta que los detenidos pasaban semanas e incluso meses sin comparecer ante las autoridades judiciales. A quienes se llevaba ante los tribunales de Erbil, se les solía declarar culpables de imprecisos cargos en aplicación de la Ley Antiterrorista del Kurdistán iraquí.
Según Amnistía, sus juicios no cumplían las normas internacionales de justicia procesal ni, en el caso de los niños, los principios de la justicia de menores. Además, cuando los dejaban en libertad sin cargos, eran absueltos o excarcelados tras haber cumplido su condena, sufrían restricciones arbitrarias de su libertad de circulación.
Así las cosas, la ONG ha recordado a Irak que, como Estado parte en la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, Irak debe investigar y llevar ante la justicia a toda persona que "cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada (o) intente cometerla".
Igualmente, las autoridades deben poner fin de inmediato a la práctica de la tortura y otros malos tratos y garantizar que las personas detenidas son recluidas en condiciones dignas y que favorezcan su bienestar físico y mental.
Tras reconocer, que algunos de los delitos cometidos por Estado Islámico constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y que el grupo terrorista sigue siendo una amenaza, así como las "inmensas dificultades" de las autoridades iraquíes y del Kurdistán para proteger a la población y hacer que se rindan cuentas, ha reiterado su preocupación por que no se someta a juicios justos a las personas sospechosas de vínculos con el grupo.
También ha mostrado su preocupación por el hecho de que no hagan rendir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes o del Kurdistán iraquí responsables de delitos reconocidos internacionalmente.
"La celebración de juicios justos, efectivos y transparentes por los delitos cometidos por todas las partes en el conflicto es esencial para proporcionar a las autoridades una base sostenible sobre la cual superar el destructivo legado de Estado Islámico", ha remachado Maalouf.
