MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles el acoso, la intimidación y los actos de violencia que sufren los trabajadores humanitarios que prestan ayuda a refugiados y migrantes por parte de las fuerzas de seguridad francesas.
En el informe 'Objetivo solidaridad: Criminalización y acoso de los trabajadores que defienden los derechos de los refugiados y los migrantes en el norte de Francia', la organización revela cómo la política y el sistema judicial galos atacan a quienes ayudan a las personas refugiadas y migrantes en lugares como Calais y Grand-Synthe.
"Proporcionar comida a quienes tienen hambre y ofrecer calor a quienes carecen de hogar se ha convertido en una actividad cada vez más arriesgada en el norte de Francia, pues las autoridades atacan de forma habitual a quienes brindan ayuda a las personas migrantes y refugiadas", ha manifestado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
"Las personas migrantes y refugiadas no desaparecieron sin más con la demolición del campamento de la 'Jungla' en 2016, y más de un millar de hombres, mujeres, niños y niñas siguen viviendo de forma precaria en la zona. El papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos que les ofrecen apoyo es crucial", ha manifestado.
Dos años y medio después de la destrucción del campamento denominado la 'Jungla', más de 1.200 personas refugiadas y migrantes, entre ellas menores no acompañados, viven en tiendas y campamentos informales en torno a Calais y Grande-Synthe. La ONG ha indicado que los afectados no tienen acceso habitual a alimento, agua, saneamiento, cobijo o asistencia jurídica, y sufren desalojos, acoso y violencia a manos de la policía.
El número de campamentos y tiendas destruidos en Calais y Grande-Synthe aumentó el año pasado, y se han llevado a cabo 391 desalojos únicamente en los primeros cinco meses de 2019.
Según Amnistía, una vez desalojadas las personas migrantes y refugiadas corren un mayor peligro de sufrir violencia y abusos. Una trabajadora humanitaria de la zona, que brinda ayuda a las personas migrantes, ha explicado a la ONG que había presenciado cómo la Policía rociaba a migrantes con gas lacrimógeno en la cara mientras dormían en el jardín de su casa.
ABUSOS VERBALES Y FÍSICOS, PRÁCTICA DIARIA
Aunque las autoridades han puesto en marcha un servicio de difusión para permitir a las personas refugiadas y migrantes acceder a centros de recepción y oficinas de asilo en Francia, estos centros están lejos de Calais y Grande-Synthe, y a veces no tienen capacidad suficiente para alojar a estas personas.
Con el fin de aliviar su sufrimiento, los defensores y defensoras de los Derechos Humanos han tratado de llenar el vacío y proporcionar apoyo y servicios esenciales que el Estado francés no ofrece.
AI ha alertado de que en lugar de reconocer la importancia de la labor de estos defensores y defensoras, las autoridades han obstaculizado su trabajo, los han intimidado y acosado y, en algunos casos, han iniciado contra ellos procesamientos infundados e incluso han utilizado la violencia.
Varios trabajadores humanitarios han contado a Amnistía Internacional que la intimidación, las amenazas y los abusos se han convertido en "parte integrante de su trabajo cotidiano".
Una trabajadora ha afirmado que la Policía la había empujado violentamente al suelo y la había asfixiado en junio de 2018 después de que filmara a cuatro agentes que perseguían a personas de ciudadanía extranjera en Calais.
Un informe publicado el año pasado por cuatro organizaciones concluyó que se habrían producido 646 casos de abuso y acoso policial contra voluntarios y voluntarias entre noviembre de 2017 y junio de 2018. Este año se han registrado 72 casos, pero es probable que la cifra real sea mucho más alta.
Eleonore Vigny, que participó en el proyecto Observadores de los Derechos Humanos en Calais, dijo que la intimidación a voluntarios y voluntarias había alcanzado su punto culminante el pasado verano, cuando la policía empleó nuevas técnicas de acoso.
"En abril y mayo de 2018 hubo varios registros corporales, especialmente de voluntarias, y en algunos casos realizados por agentes masculinos. También hubo una escalada de los insultos, y ha habido gente a la que han empujado, a veces hasta arrojarla al suelo [...] Recientemente recibimos más amenazas de demandas judiciales, y amenazas de arrestos", ha manifestado.
A Charlotte Head, una voluntaria que presentó varias denuncias sobre la conducta policial al órgano de investigación interna de la Policía, le advirtieron de que sus denuncias eran "de carácter difamatorio" y podían constituir "delito".
ESTRÉS, ANSIEDAD Y MIEDO
Los defensores y defensoras de los Derechos Humanos han lamentado que se sienten sometidos a una presión cada vez mayor y que eso tiene un impacto negativo en todos los aspectos de su vida. Algunos han sufrido insomnio, estrés y ansiedad, mientras que otros describen el impacto de los procesamientos como "agotador".
Loan Torondel, que trabajó en Calais, ha asegurado que se siente "atrapado entre las agudas necesidades de la gente a la que intento ayudar y la intimidación de las autoridades francesas que tratan de obstaculizar las actividades humanitarias y califican nuestras actividades de delito". "Este no es un entorno sostenible en el que trabajar, y la gente a la que ayudamos es la que paga las consecuencias".
Sin embargo, pese al acoso, muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional están decididas a seguir adelante con su labor. Una voluntaria local ha expresado que da gracias por la presencia de las personas migrantes y refugiadas: "Nos han hecho más humanos, han enriquecido nuestra vida".
"En lugar de intentar que la vida de las personas migrantes y refugiadas sea lo más difícil posible, las autoridades francesas deberían tomar medidas concretas para aliviar su sufrimiento y proporcionar cobijo y apoyo a todas las personas que viven en la calle", ha argüido Maracani.
En este sentido, ha subrayado que "es hora de defender a los defensores y defensoras en lugar de tratarlos como a un enemigo". "Las autoridades deberían verlos como un aliado fundamental, y celebrar los actos de solidaridad y compasión, en lugar de criminalizarlos", ha añadido.
