Solo en los últimos dos años, se han adoptado o están en trámite casi 40 leyes restrictivas
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Medio centenar de países tienen en vigor o en trámite leyes que frenan la actividad de las ONG, según Amnistía Internacional, que ha denunciado un "ataque global" contra la actividad de estas organizaciones, víctimas de "obstáculos y restricciones" irracionales que complican una "labor esencial" para la defensa de las libertades y los Derechos Humanos.
Bajo el título de 'Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil', Amnistía ha recabado en un informe las tácticas intimidatorias y represivas de distintos gobiernos y ha denunciado una tendencia al alza a nivel global.
Solo en los últimos dos años, se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que, a juicio de Amnistía, interfieren con el derecho de asociación y tienen como objetivo para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
En términos prácticos, este tipo de leyes pueden traducirse en "absurdos procesos" para la inscripción de las organizaciones, vigilancia de su labor, restricción de las fuentes de recursos y amenazas veladas o expresas de cierre si no se cumplen los requisitos impuestos.
El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, ha lamentado que "en muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los Derechos Humanos". "Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas", ha advertido en un comunicado.
Amnistía ha citado entre sus motivos de preocupación los casos de Pakistán, que en octubre de 2018 rechazó la inscripción de 18 ONG, Arabia Saudí, donde se puede disolver a las ONG que "perjudican la unidad nacional", o Egipto, un país que somete a estrictas normas a las sociedades que reciben fondos del exterior.
En Rusia, el Gobierno cataloga a las ONG que reciben financiación foránea como "agentes extranjeros", un término equivalente a "espía", "traidor" y "enemigo del Estado". La aplicación de esta medida es tan amplia que una organización que apoyaba a personas con diabetes se vio obligada a cerrar el pasado mes de octubre.
Como Rusia, también China y Azerbaiyán han introducido más requisitos para la inscripción en el registro y la presentación de informes, lo que se puede traducir incluso en encarcelamientos como el activista Rasul Jafarov, que quedó en libertad en 2016 tras más de un año detenido en una cárcel azerí.
"Me detuvieron por el activismo y las manifestaciones del Club de Derechos Humanos en los que había participado", ha contado a Amnistía, al explicar el inicio de un "ambiente horrible". "Quienes no fueron víctimas de detenciones o investigaciones tuvieron que cerrar sus organizaciones o paralizar sus proyectos. Muchas personas dejaron Azerbaiyán para trabajar en el extranjero", ha lamentado.
EL CASO DE HUNGRÍA
La presión ha llegado incluso a traducirse en ataques contra oficinas de las ONG, como le ha ocurrido a Amnistía Internacional en India y Hungría, entre otros países. El de Hungría es uno de los casos más paradigmáticos en Europa de la creciente ola represiva mundial, según ha constatado Amnistía en el informe publicado este jueves.
El Gobierno de Viktor Orban ha obligado a varias ONG a inscribirse en el registro como "organización que recibe financiación extranjera" para desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública. El incumplimiento se traduce en cuantiosas multas e incluso la suspensión de las actividades.
Las organizaciones que apoyan a personas migrantes y refugiadas han sido atacadas de forma específica y su personal ha sido hostigado tras la aprobación de un nuevo conjunto de leyes en junio de 2018. Uno de los responsables de Amnistía en Hungría, Aron Demeter, ha advertido de que la situación ha llegado a tal punto que nadie sabe "qué va a pasar".
"Varios miembros de nuestro personal han sufrido insultos, amenazas de violencia y troleo en Internet. Algunas entidades se han negado a celebrar nuestros eventos en sus espacios y ha habido escuelas que se han negado a organizar actividades de educación en Derechos Humanos por miedo a las repercusiones", ha lamentado.
"NO VAMOS A ABANDONAR LA LUCHA"
Pese a las presiones, Kumi Naidoo ha subrayado que los defensores de los Derechos Humanos mantendrán "el compromiso de crear un mundo mejor para todas las personas". "No vamos a abandonar la lucha, porque sabemos lo importante que es esta labor", ha señalado.
El secretario general de Amnistía ha emplazado a los líderes mundiales a garantizar un "entorno seguro" para los activistas, tal como se comprometieron en diciembre durante la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. El mensaje es claro: "Ahora deben asegurarse de que ese compromiso se convierte en realidad".
