Un analista político de Camboya huye del país y denuncia amenazas por sus críticas a Hun Sen

Hun Sen
REUTERS / PRING SAMRANG - Archivo
Actualizado: lunes, 3 septiembre 2018 17:57

NOM PEN, 3 Sep. (Reuters/EP) -

Un analista político camboyano ha asegurado este lunes que ha tenido que huir del país tras recibir varias amenazas después de ser liberado tras cumplir un año y medio de cárcel por acusar al partido gubernamental de orquestar el asesinato del activista opositor Kem Ley.

Kim Sok, que tiene una hija de seis años, fue liberado el 17 de agosto y desde entonces ha criticado la decisión del primer ministro, Hun Sen, de incluir en el Gobierno a líderes de partidos aliados que participaron en las elecciones pero no obtuvieron escaño.

"Tanto yo como mi hija hemos pedido asilo en otro país. Una vez que mi hija esté a salvo, volveré a Camboya y continuaré mis actividades", ha indicado, en declaraciones concedidas a la agencia británica de noticias Reuters.

Kim Sok ha rechazado desvelar a dónde ha huido, si bien ha dicho que informó sobre las amenazas recibidas a la Embajada de Estados Unidos en la capital camboyana, Nom Pen.

Phay Siphan, un portavoz del Gobierno, ha acusado al analista de mentir. "Su intención es hacer todo para lograr asilo en el extranjero sin preocuparse por la verdad y las leyes", ha valorado. "Como el primer ministro ha dicho, si quieres conseguir asilo, sólo insúltale", ha agregado.

El Partido Popular de Camboya (PPC) de Hun Sen se hizo con todos los escaños en las elecciones celebradas en julio, después de la ilegalización del principal partido opositor del país, el Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP).

Kem Ley fue asesinado en 2016 y un tribunal condenó a cadena perpetua en 2017 a un hombre que confesó haber matado al activista debido a una deuda, lo que ha sido descrito por la oposición como una tapadera.

Kem Ley era un crítico frecuente del primer ministro. El activista se había hecho eco poco antes de su muerte de las acusaciones llevadas a cabo por la ONG anticorrupción Global Witness contra el primer ministro y su familia por haber adquirido presuntamente en intereses comerciales una fortuna de unos 200 millones de dólares (181 millones de euros).

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