BUENOS AIRES, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los testigos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad contra los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, entre ellos la entonces esposa del desaparecido ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuyo secuestro están juzgando a los represores, comenzaron a declarar hoy en Buenos Aires.
La primera citada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, era Marta Cárdenas, esposa de la víctima, que estuvo presente cuando al dirigente justicialista lo llevaron de su casa en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Sin embargo, por "razones de salud" los magistrados comenzaron el interrogatorio con Alberto Luis Cattáneo, el segundo de Bussi en el Comando de la Quinta Brigada de Infantería, que tenía asiento en Tucumán. Durante esta segunda audiencia también declararán Gustavo Herrera, Raúl Molina, Roque Cabral y José Víctor Gérez.
Para el miércoles y jueves, entre otros, fueron convocados Guillermo y Rodolfo Vargas Aignasse, hijo y hermano del desaparecido senador, respectivamente. Los testimonios se prolongarán hasta el jueves y continuarán hasta el 20 de agosto, mientras que el 21 será utilizado para que las partes manifiesten cuáles son las cuestiones del expediente que quieren que sean incorporadas a esta etapa oral.
Una semana después aproximadamente, el fiscal Alfredo Terraf y los defensores Amalina Assaf, por Bussi, y Horacio Guerineau alegarán y expresarán sus conclusiones sobre la prueba producida, según informa la prensa local, de la que se hace eco Europa Press.
El juez federal Daniel Bejas, dispuso la elevación a juicio de los militares, acusados de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de genocidio previsto por el Derecho Internacional.
"Menéndez y Bussi encabezaron una asociación ilícita que, desde la estructura del Estado, tenía por misión la privación ilegítima de la libertad, ejecuciones, torturas, secuestros extorsivos, robos, daños materiales, apropiación de menores y adulteración de identidad en perjuicio de un grupo perfectamente identificado al que pertenecía la víctima", dijo Ferrer.
