Armas.- Las ONG destacan que la Convención obligará a prohibir las dos bombas de racimo que se fabrican en España

Actualizado: jueves, 29 mayo 2008 11:13

Greenpeace y CMC Barcelona esperan que la Convención no sólo prohíba sino que también "estigmatice" las municiones de racimo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones no gubernamentales Greenpeace y CMC Barcelona calificaron hoy de "paso histórico" la aprobación de la Convención sobre Municiones de Racimo y expresaron su deseo de que el nuevo Tratado "signifique no sólo la prohibición, sino la estigmatización de este tipo de armamento". Asimismo, valoraron el apoyo del Gobierno español al Tratado, que obligará a prohibir las dos bombas de racimo que se fabrican en nuestro país (la BME-330 de Expal, y la MAT-120 de Instalaza) y a eliminar los arsenales con que cuenta el Ejército.

La Convención fue aprobada anoche por los 110 Estados asistentes a la conferencia de Dublín, entre los que estaba España y no estaban los principales productores de estas armas, Estados Unidos, Rusia, China e Israel. "Más de cien gobiernos han dado en Dublín un paso histórico al aprobar el texto de un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo", afirmaron Greenpeace y CMC Barcelona (que engloba a CECAR, Fundació per la Pau, Justicia i Pau y Moviment per la Pau) en un comunicado.

"El documento, aprobado por consenso, prohíbe este tipo de armamento de forma categórica y hace ilegal, a partir de su entrada en vigor, la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo, por ser armas que causan daños inaceptables a las poblaciones civiles", añadieron.

Gracias a este Tratado, "todas las bombas de racimo que se usaron de Laos a Líbano, pasando por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas", indicaron las organizaciones, que precisaron que la Convención "se abrirá a la firma de los Estados el próximo mes de diciembre en Oslo, y sólo será necesario que 30 Estados lo ratifiquen para que entre en vigor".

Las ONG destacaron también el apoyo de España a la Convención. "Cuando eso ocurra, las dos bombas que se fabrican en España (la BME-330 de Expal, y la MAT-120 de Instalaza) quedarán prohibidas, y el Ejército deberá deshacerse de sus arsenales", afirmaron.

"Nos alegramos de que el Gobierno haya demostrado finalmente su compromiso humanitario, y lo invitamos a poner en marcha cuanto antes las medidas necesarias para que sea efectivo. Un gesto importante sería que formara parte del primer grupo de 30 Estados que es necesario para que entre en vigor", declaró Jordi Calvo, de Justicia i Pau.

ASPECTOS POSITIVOS Y CONTROVERSIAS

Entre los aspectos positivos del acuerdo, las ONG destacaron el hecho de que "a pesar de las reticencias de algunos países", no se hayan incluido periodos de transición que permitirían seguir utilizando dichas armas durante un cierto tiempo. Tampoco existe la posibilidad de que algún país exprese reservas sobre algunas de las disposiciones del Tratado, ya que éste lo prohíbe de manera expresa.

Aparte, el Tratado establece medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación. Cualquier posible retraso debe ser justificado con información exhaustiva ante Naciones Unidas.

Asimismo, la Convención recuerza el apartado de asistencia a las víctimas, "uno de los puntos menos fuertes del Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales", se lee en el comunicado. "Se establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo y edad", indicaron las ONG. Asimismo, "cada Estado parte debe desarrollar para ello un plan nacional, calendarios y presupuesto, así como recabar si es necesario ayuda internacional".

"Los Estados parte contraen obligaciones claras en materia de cooperación y asistencia internacional hacia las víctimas y los países afectados", rercordaron las organizaciones. "Esta ayuda puede ser bilateral o ser canalizada a través del sistema de la ONU, y organizaciones nacionales, regionales e internacionales", añadieron.

"Quizá uno de los apartados más ambiciosos es el que se refiere a medidas de transparencia", según el comunicado. Cada Estado miembro debe, en un plazo máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un informe de situación al secretario general de la ONU. "En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas, los programas de reconversión o desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas, los progresos realizados en la destrucción, etcétera", explicaron. "Este informe debe ser actualizado anualmente", añadieron.

En cambio, uno de los aspectos más controvertidos hasta el final de las negociaciones ha sido el de "la interoperatibilidad", es decir, las maniobras militares conjuntas entre los Estados miembros del Tratado y los que no lo son, un tema especialmente sensible "en lo que se refiere a Estados Unidos y sus alianzas militares".

"En este asunto no fue posible lograr todos los avances deseados, pero las garantías que serían necesarias para utilizar estas armas en maniobras y operaciones conjuntas lo hace prácticamente inviable", indicaron las ONG.

ESTIGMATIZACIÓN

"Se trata de un documento histórico que significará un cambio real en las vidas de muchos afectados, y que evitará que haya más víctimas en el futuro", declaró Eugeni Barquero, de la Fundació per la Pau, para quien el Derecho Internacional Humanitario ha dado "un gigantesco paso adelante".

Por su parte, Mabel González, de Greenpeace, valoró el hecho de que al Tratado se hayan sumado finalmente grandes países productores como el Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros europeos, además de más de cien países de América Latina, África y Asia. "Esto garantiza el apoyo político suficiente para que el Tratado sea una norma internacional importante, y se ha logrado sin edulcorar su contenido", afirmó.

A juicio de las ONG, este amplio al documento garantiza "no sólo la prohibición, sino la estigmatización de este tipo de armamento, lo que condicionará también el comportamiento de aquellos que no lo firmen". "La contundencia del texto permite asegurar que a partir de ahora estas armas quedan sometidas a una condena moral que hará mucho más difícil su uso", afirmó Maria Josep Parés, del Moviment per la Pau.