MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de hombres armados ha atacado este domingo un campamento de desplazados de la localidad libia de Tawergha ubicado en los alrededores de la misma, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Según ha recogido el diario local 'The Libya Observer', un grupo de hombres armados ha irrumpido en el campamento y ha realizado disparos al aire y robado una ambulancia del hospital de Bani Walid.
Fuentes oficiales citadas por el diario han indicado que los vehículos de los atacantes han sido apedreados y que varias tiendas de campaña han sido incendiadas durante los incidentes en el lugar, ubicado en el área de Garart al Gatef.
El suceso ha tenido lugar tres días después de que las autoridades de Libia anunciaran un aplazamiento del regreso de los desplazados a Tawergha, que fue saqueada en 2011 por las fuerzas rebeldes en represalia por el apoyo prestado al Gobierno de Muamar Gadafi.
El ministro para Asuntos de los Desplazados en el gobierno de unidad, Yusif Jalal, afirmó que el retorno ha sido aplazado hasta que se ponga fin a una disputa con las autoridades de Misrata.
La Alcaldía de esta ciudad pidió al gobierno de unidad que bloquee el proceso, cuyo inicio estaba previsto para este 1 de febrero, tal y como anunció el primer ministro, Fayez Serraj.
Gadafi, que fue derrocado en la guerra civil que se desató en el contexto de la Primavera Árabe, usó Tawergha como plataforma para lanzar ataques contra la ciudad occidental de Misrata, uno de los núcleos rebeldes. Tras la ejecución del dictador, las milicias opositoras saquearon Tawergha provocando el desplazamiento masivo de sus habitantes.
Los 40.000 residentes en Tawergha que, según Human Rights Watch (HRW), tuvieron que huir por miedo a las represalias han pasado estos seis años viviendo en campamentos para desplazados internos de otras ciudades libias, donde han sufrido condiciones precarias y numerosos abusos.
El acuerdo, negociado con las milicias de Misrata, permitirá a los desplazados internos iniciar el retorno en febrero y compromete al Gobierno a indemnizar a las víctimas de represalias y a aquellos cuyas casas quedaron destruidas por el conflicto.
