BRUSELAS, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea apoya a los Estados miembro en su lucha contra la radicalización a través de diversos fondos, pero existen deficiencias en la coordinación y evaluación de estas acciones, según un informe publicado este martes por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
Los auditores recuerdan que la seguridad nacional es competencia de las autoridades nacionales, incluyendo la lucha contra el terrorismo, por lo que son los gobiernos los que se encargan del diseño y aplicación de medidas para prevenir la radicalización de sus ciudadanos. Sin embargo, Bruselas les presta apoyo tanto financiero como para facilitar el intercambio de buenas prácticas.
"La Comisión ha coordinado el apoyo entre sus distintos servicios y ha desarrollado una serie de sinergias. Sin embargo, sigue habiendo margen de mejora", ha afirmado Jan Gregor, miembro del TCE responsable del informe.
La ayuda de Bruselas se financia gracias a distintos instrumentos como el Fondo de Seguridad Interior, el programa Horizonte 2020, el programa Justicia, Erasmus+ y el Fondo Social Europeo. Según Gregor, a pesar de esta asistencia, "la Comisión no cuenta con una visión general de las medidas financiadas por la UE y los fondos utilizados no van acompañados de indicadores y metas diseñados para medir el éxito en la lucha contra la radicalización".
Los auditores creen que no se aprovecha lo suficiente la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, que conecta a psicólogos, docentes, trabajadores sociales, agentes de policía, funcionarios de prisiones y agentes de libertad vigilada que trabajan directamente con personas susceptibles de caer en el extremismo religioso.
Además, el informe presentado este martes revela también deficiencias en la evaluación de la eficacia de las acciones llevadas a cabo por los Estados miembro. Según el texto, los logros se miden por la intensidad del trabajo, como el número de reuniones mantenidas, en lugar de por sus resultados.
Para realizar esta auditoría, el TCE visitó a las autoridades de Bélgica y Francia, dos de los países más afectados por esta lacra, para evaluar la "pertinencia y el valor añadido" de las ayudas que reciben. Tras el examen, los auditores recomiendan a la Comisión mejorar la coordinación de las medidas, aumentar la ayuda práctica a los profesionales y responsables de las políticas y optimizar la evaluación de los resultados.
