23 de febrero de 2020
19 de enero de 2020

El Banco Mundial pide a Uzbekistán que aplique justicia social en su histórica reforma de la propiedad

La eliminación de la 'propiska' provoca un éxodo urbano donde los barrios históricos se han convertido en las primeras víctimas

El Banco Mundial pide a Uzbekistán que aplique justicia social en su histórica reforma de la propiedad
Tashkent, capital de Uzbekistán - WIKIPEDIA

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sistema de 'propiska' es una estructura enraizada en la vida de los uzbecos: la asociación vitalicia del individuo a un lugar concreto. Es un remanente de la era soviética, completamente inadecuado para las necesidades del siglo XXI, y que ha convertido a Uzbekistán en un país de diáspora y eminentemente rural, con las enormes dificultades que ello comporta para el desarrollo económico, según un reciente informe del Banco Mundial.

En enero del año pasado, el presidente uzbeco, Shavkat Miziyoyev, emitió un decreto que capacitaba a la población para buscar trabajo en las ciudades, en lo que suponía la ruptura histórica del sistema de control estatal de migraciones y el principio de un éxodo urbano que va a romper, con toda seguridad, el 'estatu quo' demográfico del país.

El consenso, explica el economista Sam Bhutia, especializado en países de la antigua Unión Soviética, es que la migración promueve el crecimiento. Sin embargo, Uzbekistan registra una de las cifras de desplazamiento campo-ciudad más bajas del mundo. "Es una excepción extraordinaria", indica el Banco Mundial, "en un mundo donde hay tres veces más migrantes internos que externos".

El problema hasta ahora es que el 'propiska' ha imposibilitado la migración, por ejemplo, a la capital. La gente del campo puede trabajar en Tashkent, pero no puede residir allí. Solo un uzbeco de cada 100 ha logrado una transición rural-urbana con éxito. Es más fácil que un uzbeco salga de su pueblo en dirección a otro país, como Rusia, que mudarse a una ciudad del país.

Y el efecto inmediato es claro: la limitación de movimiento está minando el desarrollo de la economía uzbeca y provoca una migración que abandona a los niños al cuidado de familias monoparentales y otros parientes.

El Gobierno se escuda en las ventajas indirectas de este fenómeno: la ausencia de barriadas en las ciudades, donde el paro está bajo mínimos. Pero, teniendo en cuenta el país entero, el sistema "acaba discriminando a sus ciudadanos en función del nivel económico".

REFORMAS PARA CAMBIAR UN MODO DE VIDA

Si el programa de reformas de Miziyoyev acaba teniendo éxito, el Banco Mundial cree factible el inicio de un proceso de urbanización nacional como no se ha visto desde el colapso de la Unión Soviética.

"Sin embargo,", advierte el estudio, "la rápida urbanización a menudo
presenta desafíos para quienes formulan las políticas". Primero, porque algunos segmentos de la población, los residentes que llevan todas sus vidas viviendo en la capital, no abrazarían con facilidad el repentino desarrollo de la ciudad y la llegada de la población rural.

Si bien es importante tener en cuenta impacto del rechazo que pudiera generar este crecimiento urbano, el Banco Mundial cree que este cambio puede ser más fácil de que parece: las políticas procrecimento gozan de una abrumadora popularidad tanto en zonas rurales como urbanas. Lo que hay que hacer es garantizar una distribución equitativa y justa, apunta el Banco Mundial.

DEMOLICIONES

El mayor obstáculo al que se enfrenta esta promesa de igualdad tiene nombre propio: las "demoliciones" ordenadas por el Gobierno uzbeco en algunas partes de las ciudades para acomodar la llegada de población rural.

Las principales viviendas afectadas son las "mahallas", los barrios viejos de Tashkent, ahora convertidos en solares para desarrolladores privados que se dedican a levantar rascacielos.

El 20 de julio del año pasado ocurrió una tragedia: un diputado que estaba supervisando personalmente la demolición de un edificio en la localidad de Yakkabag fue apresado por una turba enfurecida que le prendió fuego. Los agresores aseguraban que ni el Gobierno ni los nuevos propietarios les pagaron compensación alguna.

Así las cosas, eliminación de las restricciones de la 'propiska', recuerda el Banco Mundial, es una medida que "goza del apoyo de aproximadamente el 90 por ciento de la población, pero avisa de que la gente "también es sensible a la forma en la que se trata a las personas afectadas".

"Los ejemplos recientes de alto perfil de demoliciones involuntarias son un poderoso recordatorio que los ciudadanos desean una reforma que sea a la vez transformadora y justa", sentencia el Banco Mundial.

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