ROMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS/Gloria Moreno) -
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, seguirá gobernando aunque el Tribunal Constitucional rechace la ley de inmunidad que le protege, según aseguró ayer el ministro de Justicia, Angelino Alfano.
"Seguiremos gobernando el país aunque la opinión de la Corte Constitucional fuera contraria" a la ley de inmunidad, explicó Alfano. Dicha ley protege a los cuatro primeros cargos del Estado y que precisamente Berlusconi impulsó nada más llegar al poder para protegerse a sí mismo de varios procesos judiciales.
La norma, que fue aprobada por el Parlamento gracias a los votos favorables de los partidos del Gobierno, se denomina 'Lodo Alfano' en alusión al nombre del ministro de Justicia que la impulsó e implica la suspensión de los procesos judiciales abiertos contra el presidente de la Republica, cargo que actualmente ostenta Giorgio Napolitano, el primer ministro, Silvio Berlusconi, el presidente del Senado, Renato Schifani, y el de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini.
Con su aprobación, Berlusconi se protegió de varias causas judiciales pendientes. De hecho, la sentencia de una de ellas, que llegó pocos meses después, le habría condenado por corrupción si se tiene en cuenta que el otro implicado, el abogado inglés David Mills, fue condenado por haberse dejado corromper por Berlusconi. El 'premier' quedó excluido del caso gracias a la ley de inmunidad que le protege.
No obstante, dicha ley todavía tiene que pasar el examen de la Corte Constitucional, que se pronunciará el próximo 6 de octubre al respecto. Esta semana, la Abogacía General del Estado advirtió de que el rechazo del 'Lodo Alfano' podría comportar la dimisión del primer ministro, según detalló en la memoria que presentó ante la Corte Constitucional en defensa de dicha ley.
"El titular de las funciones de máxima relevancia política no sólo debe tener la serenidad suficiente para el correcto ejercicio (del cargo) sino que, antes que nada, debe ser librado de cualquier condicionamiento", de modo que "la sola amenaza de un procedimiento penal podría obligarle a la dimisión", detalla la memoria.
