24 de mayo de 2019
9 de enero de 2008

Bolivia.- El canciller boliviano resta importancia al poder de la oposición a la que califica de "minoritaria"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, restó hoy importancia al poder de la oposición, calificándola de "minoritaria", aunque reafirmó la voluntad del Gobierno de negociar con ella para intentar llegar a un acuerdo nacional.

El ministro efectuó estas declaraciones a la BBC, en Londres, donde se encuentra de visita oficial como parte de una gira europea que incluye Alemania, Bélgica, Francia y España. "Nosotros no vamos a utilizar la fuerza, no vamos a responder a las permanentes provocaciones que vienen de estos pequeños grupos de poder (los opositores)", afirmó.

Choquehuanca insistió en que diez fuerzas políticas aprobaron la propuesta constitucional del Gobierno mientras que "sólo un partido político, Podemos, abandonó las últimas sesiones", lo que a su juicio le resta legitimidad a las reclamaciones de la oposición.

REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

Mientras, el La Paz se efectuó el segundo día de negociaciones entre el presidente, Evo Morales, y los nueve prefectos -cinco de los cuales son opositores- en busca de un acuerdo que aminore la crisis política que atenaza al país. Tras 12 horas de reunión en el palacio presidencial, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó de que se habría llegado a un principio de acuerdo en base a seis puntos que volvería a negociarse el próximo lunes en La Paz.

Según Quintana, el pacto priorizaría "la unidad nacional, el rol del Estado en la economía, el apoyo al proceso de cambio y la necesidad de seguir profundizando el proceso democrático con el desarrollo de las autonomías".

Por su parte, el prefecto del departamento de Tarija, Mario Cossío, afirmó que "hemos dejado abierta la posibilidad de revisar el proceso constitucional, revisar el recorte (a los departamentos) del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las autonomías". Cossío anteriormente había cuestionado la legalidad de los actos del Gobierno, sobre todo precisamente la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el recorte del IDH.