LA PAZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La decisión del Gobierno de Bolivia de reducir en un 30 por ciento los ingresos de la venta de gas a Brasil y Argentina que recibían los Gobiernos departamentales, municipales y universidades --a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)--, para financiar medidas sociales para la tercera edad mediante la renta Dignidad que sustituirá en 2008 al Bonosol, causó hoy el rechazo de los sectores afectados.
A ese 30 por ciento que se recortará del IDH, se sumarán los dividendos que las empresas aportan al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) para pagar la renta Dignidad destinada a cubrir gastos funerarios, informó hoy el diario boliviano 'La Razón'.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó ayer que "son dos fuentes de financiación, sin descartar otras que podrían venir adelante, la principal es el 30 por ciento de los recursos del IDH. Todos los beneficiarios del IDH, prefecturas, municipios, universidades, aportarán el 30 por ciento para garantizar la sostenibilidad".
Arce informó que se requieren para financiar la renta Dignidad de 70 a 80 millones (6 millones a 7 millones y medio de euros) más de lo que demandaba el Bonosol ya que mientras con el Bonosol se cobran 1.800 bolivianos (165 euros) a partir de los 65 esta nueva medida social pagará 2.400 (220 euros) a partir de los 60. Según dijo, 170 millones de dólares (119 millones de euros) saldrán de los recursos del IDH y otros 20 millones de dólares (cerca de 14 millones de euros) del FCC. Además explicó que además se obtendrán los recursos suficientes para cubrir los gastos funerarios.
El ministro añadió que la lógica para la creación del fondo considera que los precios de los hidrocarburos pueden subir o bajar en el tiempo. "Es mejor crear un fondo para garantizar el beneficio en forma ascendente para beneficiar a los ancianos", mencionó.
En respuesta a esta medida las prefecturas de cinco de los nueve departamentos del país, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, y las organizaciones cívicas de esos distritos decidieron reunirse desde hoy en Santa Cruz para determinar las acciones de "resistencia" que emprenderán contra la medida.
El presidente ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Gonzalo Taboada, que agrupa a las universidades estatales del país, informó que la organización se encuentra en estado de "emergencia" y se sumó a las declaraciones de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que reúne a los 327 municipios de Bolivia.
