MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El viceministro boliviano de Tierras, Alejandro Almaraz, informó ayer de que en dos años de gestión, desde el año 2006 al 2008, el Gobierno ha distribuido entre los campesinos e indígenas del país nueve millones de hectáreas de tierra, de un total de trece millones y medio de hectáreas saneadas, según informó la Agencia Bolivariana de Noticias (ABI).
"El Gobierno distribuyó más de nueve millones de hectáreas tituladas para los que históricamente sufrieron la negación de este derecho", desveló. Las restantes 4 millones de hectáreas saneadas fueron a beneficiar a otros actores agrarios como propietarios medianos o de empresa, tal como correspondía.
Almaraz indicó que en total el Ejecutivo ha logrado sanear en dos años trece millones y medio hectáreas de tierra, a diferencia de los gobiernos anteriores --neoliberales-- que en diez años de permanencia apenas titularon algo más de nueve millones de hectáreas de tierra. Almaraz cree que este simple hecho demuestra que la política agraria aplicada por el actual Gobierno está dando resultados y muy óptimos, pese a los detractores, que cuestionan su eficiencia.
El Gobierno logró sanear gran parte de las hectáreas gracias a la voluntad que demostró el Ejecutivo, pues si bien se trabajó sobre los avances de anteriores gobiernos, lo cierto es que muchos casos se comenzaron y terminaron en la actual gestión, según Almaraz. También señaló que, mientras los gobiernos neoliberales en diez años se dotaron de 35.000 hectáreas de tierras fiscales a favor de los campesinos, el actual ha conseguido repartir a los campesinos cerca de 900.000 hectáreas de tierras declaradas fiscales.
Sin embargo, indicó que los resultados hubieran sido aún mejores si el proceso no hubiera recibido la oposición de sectores violentos como en Alto Parapetí, región del departamento de Santa Cruz.
El gobierno de Evo Morales propinó un duro golpe político a la oligarquía latifundista y a sus expresiones políticas Podemos, Unidad Nacional y MNR al sancionar la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que modificó la Ley INRA de 1996. La Ley de Reconducción Agraria 2545 modificó varios artículos de la ley de 1715, entre ellos la definición de la función económico social, la cual se verificará en campo necesariamente a partir de ahora.
La nueva ley limita además las proyecciones de crecimiento de la propiedad mediana a no más del 50 por ciento y al 30 por ciento para la gran propiedad. Se reconocen como áreas agrícolas efectivamente aprovechadas aquellas tierras en producción y las de descanso que tuvieron trabajos y mejoras identificadas. En el caso ganadero, se considerarán como áreas aprovechadas aquellos prados pastoriles y con pasto cultivado. Se calculará en función del ganado existente.
