Bolivia.- Ministro de Hidrdocarburos, molesto por el retraso de entrada en vigor de los contratos de la nacionalización

Actualizado: jueves, 8 febrero 2007 18:16

LA PAZ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas, manifestó hoy su molestia por la decisión unilateral de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de no fijar una fecha concreta para la entrada en vigor de los 44 contratos firmados con las petroleras después de la nacionalización decretada el pasado mayo por el presidente del país, Evo Morales, y que afecta a la compañía hispano argentina Repsol YPF.

En declaraciones al periódico local 'El Diario' recogidas por Europa Press, Villegas indicó que está "tremendamente molesto" por esta medida, que en su opinión retrasa el proceso de nacionalización, y señaló que YPFB no se le había comunicado nada.

Según explicó, conoció esta noticia a través de una solicitud de la estatal petrolera, por lo que afirmó que está a la espera de un informe oficial para conocer en profundidad las causas y motivos por los que se suspendió la "protocolización" de los contratos.

En la Notaría de Gobierno se encuentran 38 Contratos de Operación, de los 44 firmados con 12 empresas petroleras, que esperan su aprobación para que entren en funcionamiento, aunque, mientras esto no suceda, continúa en vigor el Decreto Supremo 28.701, anterior al de nacionalización, por el que las empresas siguen pagando la misma tasa tributaria.

"Acabo de enterarme que la protocolización de los contratos tiene que postergarse unos días. YPFB me prometió entregarme en el transcurso de las próximas horas los motivos y las razones, entonces voy a comentar", explicó el ministro, quien agregó que está "tremendamente molesto", ya que la empresa estatal le comunicó "en el principio que no habían problemas".

La medida de dejar sin fecha la entrada en vigor de los nuevos Contratos de Operación, que también incluye dejar sin efecto la licitación para verificar las inversiones realizadas por las empresas petroleras que operan en Bolivia, retrasa el proceso de nacionalización de los hidrocarburos iniciado el 1 de mayo de 2006 con la emisión del Decreto Supremo 27.801.