El ministro de la Presidencia boliviana asegura que el funcionario vive en el país en calidad de refugiado
LIMA/LA PAZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Perú ha dictado una orden de captura y extradición contra el ciudadano peruano Walter Chávez, el asesor de comunicación del presidente de Bolivia, Evo Morales, por delitos de terrorismo, según informó hoy el procurador de este país, Guillermo Cábala.
Chávez, conocido por ser el "asesor peruano" de Morales, es solicitado desde hace 25 años por la justicia de Perú, después de que en 1990 fuera detenido en territorio peruano por "actuar como agente del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) para pedir dinero de extorsión a empresarios".
La prensa local informó de que el arresto de Chávez en 1990 se produjo cuando recibía 10.000 dólares producto de una extorsión a un empresario peruano. Según la justicia de este país, el asesor de Morales despareció por dos años y en 1992 fue localizado en Bolivia donde fue acogido como refugiado político.
El procurador señaló que entre los delitos que se le imputan a Chávez es haber sido un presunto miembro del MRTA, principal grupo armado de la guerra interna que vivió Perú entre los años ochenta y noventa en la que murieron unas 70.000 personas. Así, destacó que están a la espera de recibir información oficial que confirme la permanencia del asesor peruano en Bolivia para pedir su extradición.
Cábala destacó que el Estado peruano demostrará que Chávez no es un "perseguido político", como han manifestado algunos funcionarios bolivianos, y aseguró que "está investigado por un delito común: terrorismo".
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú oficializará la solicitud de un informe al Ministerio de Exteriores boliviano sobre la situación legal de Chávez, pedido que fue confirmado por el embajador de este país en La Paz, Franz Solano.
ES UN REFUGIADO
Por su parte, el ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, afirmó que al asesor fue contratado para atender asuntos de comunicación en el Palacio de Gobierno dentro del marco de los "derechos que tiene por ser un refugiado", y aseguró "desconocer" los problemas que Chávez tiene con la justicia de Perú, por tanto aclaró que están a la espera de una acusación formal.
"Es un funcionario más a quien se le pide que trabaje en las líneas de comunicación que tiene el Gobierno y está sujeto a la convención sobre este campo. Es un refugiado político y como tal se le reconoce todos los derechos que son inherentes a los derechos de ciudadanía de cualquier ciudadano del país", aclaró al decir que el estatus legal fue conseguido a través de gestiones que hizo Chávez con la Cruz Roja y Amnistía Internacional.
Por su parte, el presidente boliviano durante un encuentro con algunos periodistas prefirió no opinar sobre este caso y sólo se limitó a decir que hablará sobre las acusaciones contra su asesor "después" pero aseguró que "hay responsables".
Según reseñó la prensa boliviana, Chávez asesoró a Morales y a Álvaro García Linera en la campaña electoral de 2005 y posteriormente se vinculó al programa estratégico de comunicación del actual Gobierno cumpliendo funciones como asesor.
CONGRESO INICIA INVESTIGACIÓN
Los parlamentarios de la oposición en Bolivia anunciaron hoy que abrirán una investigación sobre la situación legal y laboral de Walter Chávez, quien trabaja como asesor de comunicaciones de la presidencia boliviana.
Los partidos de la oposición, quienes comparan a Chávez con Vladimiro Montesinos el ex asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori, anunciaron que pedirán informes al Ministerio de la Presidencia sobre las funciones que cumple el asesor en este despacho y sobre su situación migratoria en Bolivia.
El canciller de la República, David Choquehuanca, fue citado a rendir un informe oral en la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados sobre la situación legal del asesor de comunicaciones del Gobierno.
El senador opositor, Michiaki Nagatani, explicó a la Agencia Boliviana de Información que Choquehuanca deberá rendir su declaración oral en dos semanas. "Hemos iniciado el trámite constitucional ante el ministerio de Exteriores y hemos definido también la fecha", señaló.
