LONDRES, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro británico, Gordon Brown, se mostró este miércoles contrario a cualquier cambio en la legislación sobre suicidio asistido, alegando que perjudicaría la confianza de la que actualmente goza la profesión médica y podría presionar a ancianos y enfermos para quitarse la vida.
En un artículo de opinión publicado hoy por el diario 'The Daily Telegraph', Brown salió al paso de la presión de la opinión pública por el último caso divulgado por un periodista de la BBC que confesó haber matado hace años a su novio, enfermo terminal de sida.
A juicio del 'premier', cualquier cambio en la actual ley modificaría la forma en que la sociedad considera la muerte. "La norma --siempre en base a los valores y estándares de nuestros servicios sociales-- apoya la buena asistencia y los cuidados paliativos para las condiciones más complicadas, y también protege a las personas más vulnerables en nuestra sociedad", explicó.
Así, Brown considera oportuna la legislación británica y teme que los posibles cambios ejerzan "presiones" sobre "los frágiles y vulnerables que pueden sentir su existencia como una carga para los demás". Teme además que se produzca una "inevitable erosión de la confianza en los profesionales sanitarios si tienen capacidad para terminar una vida".
En lugar de redactar un nuevo texto normativo, Brown abogó en su artículo por "minimizar" los temores de la población "a una muerte dolorosa" y hacer ver a las personas mayores que no representan una carga para la sociedad o sus familias.
CONCLUSIONES DEL FISCAL
Pese a la presentación de varios proyectos en el Parlamento, la asistencia al suicidio es ilegal en Reino Unido y puede acarrear una pena máxima de 14 años de cárcel. Este hecho ha llevado a decenas de enfermos terminales a desplazarse hasta clínicas suizas donde se permite este tipo de ayuda para morir y no conlleva ningún castigo para los familiares o amigos participantes.
Las declaraciones de Brown llegan un día antes de que el Fiscal General de Reino Unido presente sus conclusiones sobre el suicidio asistido y revele en qué circunstancias una persona podría ser imputada por ayudar a otra a morir. El primer ministro laborista rehusó respaldar al fiscal, aunque defendió que tiene todo el derecho a expresarse respecto a este asunto.
Una encuesta publicada el mes pasado por el periódico 'The Daily Telegraph' señaló que cuatro de cada cinco entrevistados respaldaban que una persona pueda ayudar a un familiar enfermo terminal a terminar con su vida.
