Deben garantizar que los niños no puedan acceder a juegos de azar en línea
BRUSELAS, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha pedido este lunes a los Estados miembros que endurezcan los controles sobre las apuestas en Internet y sus actividades de publicidad y patrocinio con el fin de mejorar la protección de los jugadores y en particular de los niños. No obstante, Bruselas renuncia a legislar sobre los servicios de juego en Internet y se limita a dirigir una recomendación no vinculante para que sean los Gobiernos nacionales los que actúen.
En 2012, los ingresos por apuestas en Internet en la UE ascendieron a 10.540 millones de euros -con 6,84 millones de usuarios- y se espera que esta cifra siga aumentando hasta 13.000 millones en 2015. Para la mayoría de los ciudadanos de la UE que participan en juegos en línea, se trata de una actividad recreativa. Pero se estima que entre el 0,1 % y el 0,8 % de la población adulta en general sufre un trastorno asociado a los juegos de azar, y entre un 0,1 % y un 2,2 % adicional muestra una relación con el juego potencialmente problemática, según los datos de Bruselas.
El objetivo de la recomendación de Bruselas es "preservar la salud y minimizar los posibles daños económicos que puedan derivarse de una participación compulsiva u obsesiva en juegos de azar". "Debemos proteger mejor a todos los ciudadanos, en particular a los niños, frente a los riesgos que entrañan los juegos de azar. Nos dirigimos ahora a los Estados miembros, pero también a los operadores de juegos de azar, para lograr un elevado nivel de protección del consumidor en toda la UE en este sector digital que experimenta un rápido crecimiento", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un comunicado.
Para ello, la recomendación establece una serie de principios que se pide a los Estados miembros que integren en sus legislaciones nacionales sobre los juegos de azar. En primer lugar, los sitios web dedicados a los juegos de azar deberán incluir información básica sobre los riesgos que conllevan y tendrán que hacer una comunicación comercial (publicidad y patrocino) "responsable" y "transparente". Por ejemplo, no deben hacerse declaraciones infundadas sobre las probabilidades de ganar, ni debe ejercerse presión para que se juegue o sugerirse que el juego resuelve los problemas sociales, profesionales, personales o financieros.
Los países de la UE deben garantizar que los menores no puedan apostar en Internet y que existan normas que limiten al máximo su contacto con los juegos de azar y también con la publicidad o el patrocinio de este tipo de servicios.
Bruselas reclama que haya un proceso de registro para abrir una cuenta de usuario en un sitio web dedicado a los juegos de azar, de modo que los consumidores deban facilitar información sobre su identidad y edad a efectos de que los operadores efectúen verificaciones. Ello debe permitir también a los operadores, según la Comisión, hacer un seguimiento del comportamiento del jugador, y dar la voz de alarma si fuera necesario.
LÍMITES PARA MANTENER EL JUEGO BAJO CONTROL
Asimismo, los operadores tendrán que facilitar herramientas de apoyo a los jugadores para mantener el juego bajo control, por ejemplo mediante la posibilidad de fijar límites de gasto durante el proceso de registro, de recibir alertas de información sobre pérdidas y ganancias mientras se juega, y de tomarse un tiempo muerto.
El Ejecutivo comunitario reclama poner en marcha teléfonos de ayuda para los jugadores y facilitar que estos puedan excluirse fácilmente de los sitios web de juegos de azar. Los Estados miembros deben velar por que los empleados de los operadores de apuestas que interactúen con los jugadores reciban una formación que les permita comprender los problemas que conlleva el juego y comunicarse adecuadamente con esos jugadores.
Finalmente, Bruselas pide a los Gobiernos que realicen campañas de sensibilización con respecto a los juegos de azar y los riesgos conexos, y recaben datos sobre la apertura y el cierre de cuentas de usuario, y sobre la vulneración de las normas aplicables a la comunicación comercial. Además, los Estados miembros deben designar a autoridades reguladoras competentes que ayuden a garantizar, de forma independiente, un seguimiento efectivo del cumplimiento de la recomendación.
