BRUSELAS, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la creación de una nueva figura responsable de autorizar a la agencia comunitaria de Lucha contra el Fraude (OLAF) poder inspeccionar las oficinas de miembros de instituciones de la UE o poder obtener cualquier documentación o datos de las mismas.
El denominado 'Controlador de Garantías Procedimentales' tendría 48 horas para autorizar o no una inspección de OLAF y 24 horas si se trata de un caso urgente.
El controlador también tendría la responsabilidad de revisar y emitir recomendaciones sobre quejas que puedan ser presentadas por cualquier persona implicada en una investigación de OLAF, al que también escuchará antes.
El objetivo es garantizar que estas quejas se tratan de forma rápida, eficaz y transparente por una persona independiente, dado que el controlador será reclutado de fuera de las instituciones de la UE, "plenamente independiente" en su trabajo y será nombrado por la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo, por un mandato de cinco años no renovable.
Si el director general no sigue la recomendación del controlador tendrá que explicar sus motivos en su informe final de la investigación. En todo caso, cualquier juicio o cuestiones relacionadas con derechos fundamentales seguirán en manos de los tribunales, como en la actualidad.
Un total de 25 quejas se han presentado contra OLAF entre 2011 y 2013, aunque la mayoría fueron dirigidas al Defensor del Pueblo Europeo por cuestiones de procedimientos como el acceso a documentos y apenas cuatro fueron dirigidas al director general de OLAF, que tramita cientos de investigaciones en paralelo cada año sobre el presunto mal uso de fondos europeos. Sólo en 2013 investigaba 484 casos.
La propuesta del Ejecutivo comunitario constituye el último paso para completar la reforma de la agencia anticorrupción comunitaria lanzada en 2012 y 2013 para mejorar su organización y actividades de investigación, así como reforzar las salvaguardias y la protección de los derechos fundamentales y su eficacia e independencia a la hora de proteger los intereses financieros de la UE.
El comisario responsable de la Lucha Antifraude, Algirdas Semeta, ha defendido que ya se están viendo "efectivos positivos" de la reciente reforma de OLAF "tanto en términos de la eficacia de la Oficina como en su cooperación con otros organismos e instituciones".
"La propuesta de hoy es el toque final de esta reforma. Debe garantizar la plena confianza de que todos los derechos procedimentales son protegidos eficazmente mientras OLAF trabaja independiente y con éxito para proteger el dinero de los contribuyentes de la UE", ha precisado el comisario.
CRÍTICAS DEL PPE A LA PROPUESTA
El portavoz del grupo popular europeo en la Comisión de Control de Presupuesto de la Eurocámara, Inge Grable, ha criticado con dureza a la Comisión y ha considerado "obvio que el Parlamento tendrá que enmendar esta propuesta sustancialmente".
"Si esto no es posible, tendré que recomendar a los colegas que rechazan lo que está sobre la mesa porque la propuesta de la Comisión nos devuelve a los tiempos del fin de la Comisión (liderada por Jacques) Santer en 1999", ha apostillado, en alusión a la Comisión que dimitió en bloque en medio de acusaciones de corrupción.
Aunque ha valorado que la Comisión "se haya dado cuenta de que los derechos de las personas objeto de investigaciones de OLAF son insuficientes" como ocurrió en el caso de excomisario de Salud John Dalli, que se vio obligado a dimitir a raíz sobre una investigación por posibles connivencias con la industria del tabaco sin pruebas concluyentes, ha criticado "las conclusiones extraídas por la Comisión" del caso.
"El poder del director general de OLAF se supone que deben limitarse. Un 'controlador de las garantías procedimentales de la Comisión' podría, según la propuesta de la Comisión, instruir al director general cómo tratar con los miembros de las instituciones de la UE. Esto pondría fin a la OLAF como organismo independiente", ha argumentado en un comunicado.
También ha considerado "ridículo" extender "la naturaleza de las medidas a los jefes de Estados y de Gobierno y al Consejo de Ministros" porque "no es posible eludir el principio de inmunidad".
"Lo que también es inaceptable es solapar las competencias del controlador de garantías procedimentales con el comité de supervisión de OLAF. Aparte, esto llevaría a costes adicionales de alrededor de un millón de euros al año", ha apostillado.
