BUYUMBURA, 28 Sep. (Reuters/EP) -
Burundi ha suspendido a algunas ONG locales e internacionales durante tres meses por violar una nueva ley, según ha informado el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Silas Ntigurirwa, sin detallar qué organizaciones han sido las afectadas.
La medida se enmarca en las medidas de represión que ha venido adoptando el presidente del país, Pierre Nkurunziza. El pasado mes de mayo, los burundeses decidieron en referéndum enmendar la Constitución, lo que permitirá al mandatario poder seguir en el poder hasta 2034.
La violencia estalló en el país africano en 2015, cuando Nkurunziza anunció sus planes de optar a un tercer mandato, algo que la oposición denunció que violaba la Constitución y que provocó protestas que fueron violentamente reprimidas. Después de que el Tribunal Consticional avalara sus planes, se impuso en las elecciones.
En su anuncio a última hora del jueves, Ntigurirwa no dio detalles sobre el número o la identidad de las ONG afectadas, salvo que están suspendidas desde el 1 de octubre. Según un responsable gubernamental, en el país hay registradas unas 130 ONG internacionales.
"Tras analizar cómo (...) las ONG llevan a cabo sus actividades a nivel nacional, el Consejo de Seguridad Nacional ha llegado a la conclusión de que la mayoría de ellos no cumplen la ley", sostuvo Ntigurirwa.
"La reanudación de las actividades se determinará por su conformidad con la nueva ley que regula a las ONG", aclaró, en referencia a una ley aprobada el año pasado. Aunque Ntigurirwa mencionó la ley de 2017, no dio detalles de las violaciones cometidas.
El portavoz presidencial, Jean Claude Karerwa, ha dicho en una radio local este viernes que algunas ONG promueven "los matrimonios entre personas del mismo sexo y esto va en contra de nuestra cultura".
Este mes, el senador Anicet Niyongabo dijo que las autoridades investigarían las prácticas de contratación de las ONG y señaló que el reclutamiento de personal burundés debería cumplir con los equilibrios de género y etnia fijados por la Constitución del país.
La ley estipula que el 60 por ciento del personal contratado sea hutu y el 40 por ciento tutsi, subrayó Niyongabo. Los dos grupos étnicos tienen un historial de rivalidad política y ya se enfrentaron en una guerra civil que dejó 300.000 muertos y que acabó en 2005.
