MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido que el presidente, Donald Trump, tiene derecho a decidir qué periodistas acceden a la Casa Blanca, en respuesta a la denuncia presentada por la CNN y por el periodista Jim Acosta tras la retirada de las credenciales del reportero, que se enfrentó públicamente al mandatario en una reciente rueda de prensa.
El pulso dialéctico, en el cual Trump llegó a insultar al periodista tachándole de "persona terrible" y de "grosero", concluyó con el veto a Acosta, al que la Casa Blanca acusó de agredir a una becaria que intentaba quitarle el micrófono para que no siguiese preguntando.
Según los abogados del Departamento de Justicia, tanto el presidente como la Casa Blanca pueden "regular" a "discreción" el acceso de los informadores y de otros ciudadanos, al igual que tienen capacidad para "seleccionar a los periodistas a los que se concede entrevistas o a los que informa en ruedas de prensa", informa la propia CNN.
La cadena confirmó el martes la presentación de una denuncia en un tribunal de Washington por una presunta violación de la Primera y de la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana, referentes a la libertad de prensa y de expresión y al debido proceso, e incluye como demandados a Trump y a varios de sus asesores.
En la lista figuran también el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, la principal portavoz, Sarah Sanders, el 'número dos' de comunicación, Bill Shine, el director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y el agente que expulsó a Acosta el pasado miércoles.
La CNN ha explicado que su objetivo es llegar a un acuerdo con la Casa Blanca para que Acosta pueda regresar a su labor como reportero y que figure por escrito que no se le retirará en un futuro sus credenciales. La cadena ha advertido de que el castigo "podría ocurrirle a cualquiera", en una advertencia contra las tácticas de la Administración.
Entre los argumentos en favor de la CNN figura una sentencia de un tribunal de apelaciones de Washington en la que se delimitan 'de facto' los argumentos que puede esgrimir el Servicio Secreto --responsable de la concesión de acreditaciones-- para expulsar a un periodista de la Casa Blanca. En la práctica, el castigo se limita solo a casos de que exista una amenaza física para el presidente y su familia.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) y organizaciones de defensa de la libertad de prensa también han criticado la medida adoptada contra Acosta.
