YAMENA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Entre 10.000 y 15.000 personas en Yamena han sido obligadas a abandonar sus casas debido a un programa del Gobierno para demoler cientos de edificios que, según las autoridades, son propiedad del Estado, según denunció la agencia IRIN.
Las demoliciones comenzaron el año pasado aunque continúan su curso, declaró Merlin Totinon Nguébétan, del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat) en Chad. "Uno ve barrios enteros, todas las casas marcadas con una cruz blanca para ser derribadas (...). Mientras hablamos las máquinas excavadoras están tirando abajo las casas", lamentó.
Los vecinos que han perdido sus hogares informaron a IRIN de que no habían recibido compensación por parte del Gobierno ni les había ayudado a buscar un refugio alternativo. "No nos han ofrecido nada de dinero", declaró uno de los afectados, Ousmane Atief, quien agregó que su casa, que se encuentra en el distrito de Mursal fue demolida el pasado 23 de enero, un mes y medio después de que las autoridades marcaran el edificio para derrumbarlo. Otras familias no tuvieron tanta suerte y les avisaron de que se iban a quedar en la calle con un margen de tiempo de pocas semanas.
"Tratamos de averiguar el valor de los hogares en función del número de habitaciones, pero nadie ha venido hasta aquí para informarnos de lo ocurrido", precisó Atief. Al igual que otras muchas familias que han tenido que dejar atrás sus hogares a la fuerza, Atief y su gente volvieron al terreno después del derrumbe para poder recoger parte de sus pertenencias entre los escombros.
La agencia de Naciones Unidas destacó que la mayoría de desplazados están viviendo con familiares suyos, otros han vuelto a sus pueblos de origen. Incluso algunos de los afectados entregaron a miembros de IRIN las escrituras que demuestran que las casas son de su propiedad, y apelaron a los jueces a que intervengan en su defensa. No obstante muchos de los desplazados no eran dueños de la casa en la que vivían. Asimiso, el ministro de Interior de Chad, Ahmat Bashir, consideró que el Gobierno lo único que hace es asegurar que pertenecen al estado.
IMPACTO SOCIAL
Uno de los problemas principales en este caso es que el Gobierno no controló el reparto de propiedades en su momento, según informó Nguébétan. "Y ahora sólo se limitan a echar a la gente de sus hogares", agregó.
El miembro de IRIN detalló que incluso en el supuesto caso de que el Estado fuera dueño real de las tierras y tuviera derecho para sacar a las persona de sus casas, deberían acompañar dichas acciones con medidas legales para evitar que los afectados se queden desamparados.
Nguébétan, que es arquitecto, señaló que el Gobierno chadiano había elaborado un programa de desarrollo urbano con el apoyo del UN-Habitat, pero el proyecto todavía no ha sido promulgado. "Sin ello es difícil contronlar la situación", añadió.
