Juez que tomará la decisión está con permiso médico y sólo podrá emitir un fallo a contar del 23 de junio.
SANTIAGO, 7 Jun. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
La fiscal del Tribunal Supremo chileno, Mónica Maldonado, recomendó hoy aceptar la solicitud de extradición del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, basándose en los antecedentes que muestran su responsabilidad en 10 casos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante sus tres períodos de gobierno.
En su informe, Maldonado señala que, tras la revisión de los antecedentes, "esta fiscal es del parecer que se acoja el requerimiento de extradición del ciudadano peruano Alberto Fujimori, formulada por el Gobierno de la República del Perú".
Del informe se desprende que en el fallo fueron determinantes las masacres ocurridas en Barrios Altos y La Cantuta en Perú, en 2001, y que le costaron la vida a 25 personas, y que fueron cometidas por el grupo paramilitar 'Colina', que estaba al mando de Vladimiro Montesinos, ex jefe de Inteligencia de Fujimori.
Mónica Maldonado hizo referencia a delitos de malversación de fondos públicos, desviación de fondos, pagos de sobornos, lesiones graves y desaparición forzada de personas, entre otros hechos. Tras seis meses de investigación y dos postergaciones, la fiscal Maldonado dio a conocer un informe de 50 páginas después de revisar los 12 libros del expediente iniciado en noviembre de 2005, cuando Fujimori llegó intempestivamente a Chile, procedente de Japón, hasta donde había huido en el año 2000, y desde donde envió su renuncia a la presidencia por fax.
Fujimori estuvo arrestado seis meses en una cárcel de alta seguridad en Santiago, y después de recibir la libertad bajo fianza, se trasladó a un piso en la zona más acomodada de Santiago. Desde ahí, y con permanente vigilancia policial, ha viajado por Chile frecuentemente y recibido visitas de sus familiares y amigos.
La decisión de si extraditar o no a Fujimori será tomada por el juez del caso, Orlando Álvarez, sólo a partir del 23 de junio, ya que el juez se encuentra con permiso médico.
Después de tomar esa decisión, la defensa de Fujimori, que no se presentó en los tribunales hoy, podrá apelar una sola vez al Tribunal Supremo, cuya última decisión será la definitiva.
Si bien la justicia chilena no obliga a los jueces a aplicar los informes de los fiscales, la jurisprudencia demuestra que prácticamente no hay casos en los que dichos informes no hayan sido determinantes.
La justicia peruana investiga a Alberto Fujimori desde 2001, fecha en la que ordenó la captura nacional e internacional del ex presidente, así como el embargo inmediato de sus bienes.
Tras ser acusado constitucionalmente ante el Congreso, en su calidad de ex Gobernante, Fujimori fue denunciado por el ministerio Público y el Poder Judicial decidió iniciar la investigación judicial en dos casos en donde existen cargos concretos contra él. El primero por delito de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta; mientras que el segundo, por delito de peculado, falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir.
Los tribunales de Perú han señalado que en los mencionados casos La Cantuta y Barrios Altos, se cometió homicidio, previa desaparición forzada, de 10 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, así como el homicidio calificado de 15 personas en la zona Barrios Altos, hechos que ha calificado como "delitos internacionales susceptibles de penalización universal".
El expediente de las cortes peruanas consigna que "Alberto Fujimori estableció una política encubierta de violación sistemática de derechos humanos. Con tal fin, se constituyó un comando de aniquilamiento integrado por efectivos militares, quienes se auto denominaron 'Grupo Colina', bajo el mando directo del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, órgano que dependía directamente de la Presidencia de la República. De ahí que Fujimori tiene responsabilidad penal por contar con dominio de la voluntad sobre los ejecutores directos de los crímenes, el 'Grupo Colina'".
CHILE CUMPLIRÁ
Tras la difusión del informe de la fiscal Maldonado, el ministro portavoz de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, dijo a los periodistas que Chile cumplirá el fallo del Tribunal Supremo que se desprenda del informe documental entregado este jueves.
"Este es un tema netamente judicial que lo lleva un poder independiente del (Poder) Ejecutivo. Lo que nosotros como Gobierno vamos a hacer es dar las garantías para que cualquiera sea la resolución que adopte la Corte Suprema en su oportunidad se cumpla", dijo el ministro.
"El Gobierno chileno lo que puede asegurar es que aquí se han adoptado una serie de medidas cautelares, para comenzar hay una orden de arraigo respecto del señor Alberto Fujimori, dictada por el tribunal que lleva la causa, y se está haciendo cumplir rigurosamente", agregó.
Lagos Weber añadió que "se adoptarán todas aquellas medidas que dentro del marco legal vigente permiten tener un seguimiento de proceso del señor Alberto Fujimori, cosa de que, si es requerido por la Justicia, pueda estar a disposición de la misma en su oportunidad".
