5 de junio de 2020
30 de marzo de 2020

La CIDH alerta sobre la "extrema vulnerabilidad" de los venezolanos por la crisis humanitaria en el país

Avisa además de que la crisis del Covid-19 "puede conducir a nuevos flujos migratorios en la región"

La CIDH alerta sobre la "extrema vulnerabilidad" de los venezolanos por la crisis humanitaria en el país
Una pareja de motoristas con mascarilla por el coronavirus en la ciudad venezolana de Valencia - JUAN CARLOS HERNANDEZ/ZUMA WIRE/ DPA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado este lunes sobre la "extrema vulnerabilidad" de los venezolanos ante la pandemia de coronavirus, debido a "la profunda y prolongada crisis humanitaria" que sufre el país desde hace años.

"La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) advierten con grave preocupación sobre los efectos de la pandemia ante la situación de extrema vulnerabilidad de las personas venezolanas debido a la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país", han dicho en un comunicado.

La crisis humanitaria "sin precedentes" en Venezuela "ha repercutido profundamente en el goce de los Derechos Humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de gran parte de la población, particularmente, de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión histórica". A este respecto, la CIDH ha recordado "el carácter interdependiente e indivisible de todos los Derechos Humanos".

En concreto, ha llamado la atención sobre "el deterioro progresivo de la red hospitalaria en Venezuela, cuyos centros médicos cuentan en general con infraestructura inadecuada y escasez de insumos básicos, así como de personal médico calificado". Así, ha señalado que "gran parte de los centros de salud de Venezuela no cuentan de forma continua con agua potable, electricidad, insumos de higiene y profilaxis, equipos quirúrgicos, laboratorios para controles de transfusiones sanguíneas, material para esterilizar los instrumentos, vacunas para inmunizaciones básicas, ascensores operativos, ni medios de contraste para realizar diagnósticos".

"A ello se suma un clima de persecución, acoso y hostigamiento en contra tanto de los profesionales de la salud como de las personas que protestan por la falta de equipos y de insumos para brindar una atención de calidad a las personas enfermas", ha añadido.

También ha denunciado "la insuficiencia de alimentos en calidad y cantidad suficiente, por la baja remuneración salarial y la hiperinflación, así como por la suspensión generalizada y frecuente de servicios públicos como el agua potable, el gas natural o la energía eléctrica". La CIDH ha indicado que "la confluencia de estos factores en el contexto de una pandemia conlleva a que las personas estén imposibilitadas para tomar las medidas esenciales de prevención (...) lo que aumentaría el riesgo de contagio".

Así las cosas, ha hecho "un llamado enérgico para que las autoridades de Venezuela adopten medidas dirigidas a garantizar el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación, acogiendo un enfoque diferenciado que priorice el bienestar de las personas mayores y de otros grupos especialmente afectados por el Covid-19, con perspectiva de igualdad de género".

"Para tal propósito, es indispensable que se produzca información veraz y transparente, sin que haya restricciones indebidas en el acceso a la información relacionada con la pandemia y las acciones de contención", ha apuntado.

En este sentido, ha denunciado que el pasado 21 de marzo el periodista Darvinson Rojas fue detenido junto a sus padres por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) "sin orden de captura, presuntamente para realizarle una prueba Covid-19, luego de que el periodista publicara en la red social Twitter estadísticas del Covid-19 en el estado de Miranda". "El periodismo cumple una función crucial en el contexto de la pandemia", ha subrayado.

No obstante, ha "tomado nota" de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas la suspensión de pagos por alquiler, la suspensión de la moratoria de intereses en algunos créditos y la prohibición de suspensión de los servicios de telecomunicaciones y de los servicios públicos.

"La CIDH y su REDESCA llaman al Estado para que estas u otras medidas de carácter económico y social que se adopten sean aplicadas de manera equitativa y con arreglo a los estándares internacionales de Derechos Humanos, tomando en cuenta las diferentes realidades y necesidades de la población venezolana, sin que en ningún caso sean utilizadas como mecanismos de coerción o discriminación política ni de cualquier otra índole", han reclamado.

ÉXODO VENEZOLANO

Por otro lado, se han referido a la situación de los casi cinco millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años para escapar de la crisis en el mismo, la mayoría de los cuales se encuentra en la región.

"La CIDH observa con gran preocupación los impactos desproporcionados producidos sobre las personas venezolanas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional generados por las medidas dirigidas a la contención del Covid-19 en los principales países de acogida y de tránsito en la región", ha expresado.

Así, ha recalcado que "la pandemia del Covid-19 no puede ser utilizada como excusa para que los estados evadan sus obligaciones de derecho interno e internacional en relación con poblaciones que necesitan especial protección".

En particular, ha advertido de que las medidas para prevenir la propagación del coronavirus "no se deben fusionar con políticas y mecanismos migratorios que resulten en la ruptura del principio de no devolución u obstaculicen el acceso a los instrumentos de protección adecuados".

Además, ha alertado de que "la crisis epidemiológica puede constituir un factor de desplazamiento forzado", por lo que "puede conducir a nuevos flujos migratorios en la región, particularmente entre los grupos sociales con más débil red de protección social".

"En el caso de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades especiales de protección internacional provenientes de Venezuela", ha precisado, "la pandemia tiene el potencial de reforzar los factores de desplazamiento ya existentes, como la búsqueda de atención en salud".

En este contexto, ha instado a los países de la región a "que cumplan sus obligaciones en materia de asilo y refugio y brinden medidas de atención y tratamiento de salud sin ningún tipo de discriminación" porque "toda persona, independientemente de su situación migratoria u origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales".

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