MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 317 personas han muerto, entre ellas 23 menores, a causa de la represión ejercida por la Policía y "grupos parapoliciales" contra los manifestantes que han tomado las calles de Nicaragua en los últimos tres meses para exigir la dimisión del presidente, Daniel Ortega, según el balance difundido este jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH ha publicado el último informe del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), tras completar cinco semanas de trabajo sobre el terreno, según el cual entre el 18 de abril y el 30 de julio al menos 317 personas han muerto, entre ellas 23 menores y 21 policías.
El MESENI ha atribuido este balance a "los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en el contexto de la llamada 'Operación por la Paz', acción que habría cumplido con el objetivo de desmantelar los tranques (barricadas) ubicados en diferentes ciudades del país".
"La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes", ha dicho la relatora de país, Antonia Urrejola.
Los expertos regionales han expresado su especial preocupación por "la criminalización de las personas opositoras al régimen del Gobierno: manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de los Derechos Humanos", plasmada en detenciones arbitrarias que derivan en "persecución judicial".
La CIDH ha descrito "un contexto de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a las personas como 'terroristas', 'golpistas' o 'delincuentes'".
"Hemos tomado conocimiento con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso", ha dicho el relator para los derechos de las personas privadas de la libertad, Joel Hernández. La CIDH ha destacado el caso de dos menores, de 14 y 15 años, arrestados en la ciudad de Masaya que permanecieron cinco días en la cárcel de Chipote. Según los testimonios recogidos, uno de ellos sufrió quemaduras de cigarrillo en el cuello.
Para el relator sobre defensores de los Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, "es de suma preocupación el uso indebido del derecho penal y, en particular, la recién ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social".
La CIDH ha detectado otros tipos de criminalización. Así, ha mencionado que el pasado 27 de julio "al menos 40 personas habrían sido despedidas de manera injustificada del Hospital Oscar Danilo Rosales (HEODRA), en la ciudad de León, en represalia por haber atendido o manifestado apoyo a las personas heridas en el marco de las protestas".
Esta situación, ha provocado "el desplazamiento forzado de miles de personas que han tenido que huir de sus hogares como consecuencia de las graves violaciones de los Derechos Humanos". Según datos de Naciones Unidas, Costa Rica recibe a diario unas 200 solicitudes de asilo de nicaragüenses, aunque también han acudido a Panamá, Honduras o Estados Unidos.
El organismo americano ha pedido a Nicaragua que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, empezando por hacer "un registro público" con el número de personas que han sido detenidas, las causas y la duración de la detención, así como el lugar de cumplimiento.
Por otro lado, la CIDH ha indicado que "el Gobierno de Nicaragua envió información mediante notas oficiales en las que reportó diversos hechos de violencia", a lo que la organización regional ha contestado condenando "las acciones que atentan contra la vida y la integridad de todas las personas sin distinción".
"Vamos a continuar con las tareas de monitoreo y documentación de la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua con la seriedad y responsabilidad que caracteriza a la CIDH", ha ratificado Urrejola, reiterando igualmente la disposición de la CIDH para "generar espacios de entendimiento" entre las partes.
