Denuncia la existencia de "grupos parapoliciales" dedicados a hostigar a los críticos con el Gobierno
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Gobierno de Daniel Ortega que cree un mecanismo de investigación internacional sobre las "graves" violaciones de los Derechos Humanos que se han cometido en el marco de las protestas opositoras que han tenido lugar en el último mes en Nicaragua, con un saldo de al menos 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos.
La CIDH ha emitido este lunes su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la nación centroamericana, tras la visita que un grupo de expertos ha realizado entre el 17 y el 21 de mayo a cuatro ciudades nicaragüenses donde han recogido cientos de testimonios, así como información documental y audiovisual, sobre las mayores protestas que ha sufrido Ortega en sus quince años de Gobierno.
Estas pruebas "evidencian graves violaciones de los Derechos Humanos" entre las que ha destacado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y "grupos parapoliciales que actuarían en apoyo de los agentes estatales". De acuerdo con la información recabada, los uniformados usaron fuego real, balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir las manifestaciones y los grupos parapoliciales se dedicaron a "tareas de amedrentamiento".
En concreto, ha llamado la atención sobre "las medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y los ataques al funcionamiento de los medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inaceptable en un sistema democrático".
La CIDH ha recordado que "el uso de la fuerza debe ajustase a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad", por lo que "la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público". "Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo", ha recalcado.
En cuanto a los grupos parapoliciales, ha subrayado que "el Estado tiene la obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho".
Los expertos del organismo regional han denunciado que, en base a estas pesquisas, "varios hospitales de Nicaragua habrían negado la atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones", mientras que otros heridos "no acudieron a los centros asistenciales por temor a sufrir represalias".
Este miedo estaría justificado por cuanto la CIDH ha identificado "un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas". "En muchos de los casos, los detenidos habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes" durante su reclusión, ha indicado.
Además, "existe un reclamo de víctimas, familiares y la sociedad civil respecto a la falta de una intervención oportuna, independiente y no revictimizante del Ministerio Público para esclarecer los graves hechos de violencia registrados".
Por todo ello, la CIDH ha determinado que "hay un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que manifiestan su rechazo al Gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado", así como de los defensores de los Derechos Humanos en general.
Ante esta "situación de grave riesgo", ha exigido al Gobierno que adopte "una política integral de protección reforzada por parte del Estado" y ha dictado una sería de medidas cautelares a favor de estas personas cuyo cumplimiento por parte de las autoridades nicaragüenses revisará periódicamente.
RECOMENDACIONES A ORTEGA
La CIDH ha formulado un total de quince "recomendaciones iniciales" al Gobierno entre las que destaca "crear un mecanismo de investigación internacional con garantías de autonomía e independencia" frente a la Comisión de la Verdad creada por el Parlamento --controlada por el oficialismo--, que ha suscitado "dudas" sobre su imparcialidad.
También ha urgido a Ortega a "cesar de inmediato la represión de las manifestaciones y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas"; investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia; y garantizar el respeto a los medios de comunicación y la protección de los activistas.
Le ha pedido igualmente a "comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas" y "programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas".
Por último, ha abogado por "la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política que vive el país", "teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición".
CRISIS POLÍTICA EN NICARAGUA
Las protestas comenzaron el pasado mes de abril por una reforma de la seguridad social que aumentaba las retenciones a trabajadores y empresarios y ponía a cotizar a los jubilados, pero crecieron rápidamente hasta reclamar la "democratización" del país.
Según el balance de víctimas proporcionado este lunes por la CIDH, al menos 76 personas murieron, 868 resultaron heridas y 438 fueron detenidas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes manifestantes, aunque los investigadores regionales han identificado también a dos policías muertos y han registrado "agresiones" contra otros funcionarios.
Ortega propuso como solución un diálogo nacional que arrancó la semana pasada en medio de renovadas protestas. "Ahora este es un diálogo para negociar tu salida", le dijo el líder estudiantil Lester Alemán. La Conferencia Episcopal, que ejerce de mediadora, recomendó al mandatario cambiar de actitud.
