Colombia incluye a Panamá en su lista de paraísos fiscales

Actualizado: viernes, 3 julio 2015 4:11

BOGOTÁ, 8 Oct. (Reuters/EP) -

Colombia ha declarado este miércoles a Panamá como un paraíso fiscal, en una medida que busca forzar al país centroamericano a firmar un acuerdo de intercambio de información financiera que le permita a Bogotá combatir la evasión de impuestos en momentos en que tramita una reforma tributaria.

La medida podría causar una salida de capitales de empresas e inversores colombianos que poseen activos en la nación vecina.

No obstante, el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, Santiago Rojas, ha señalado que la decisión no implica una prohibición a realizar operaciones comerciales con el país vecino, sino que representará una mayor carga tributaria para los negocios.

Además de Panamá, fueron incluidos en la lista de paraísos fiscales Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Este grupo de países había sido excluido transitoriamente el año pasado de la lista y su permanencia fuera de ella dependía de la firma de un acuerdo para intercambiar información tributaria con Colombia antes del martes 7 de octubre.

"El Gobierno colombiano ha estado en total disposición de iniciar la negociación de un acuerdo y hasta el último momento estuvo atento a la disponibilidad del vecino país en ese sentido", ha afirmado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, refiriéndose a la medida en torno a Panamá.

"Continuaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución satisfactoria para ambas naciones", ha añadido en un comunicado.

Colombia impulsa una reforma tributaria ante el Congreso para recaudar unos 26.148 millones de dólares en impuestos en los próximos cuatro años y para atajar la evasión en busca de recuperar unos 10.000 millones de dólares de tributos en ese periodo que dejan de pagar empresas y personas.

El proyecto introduce además por primera vez una sanción penal para quien no declare los activos que posea en el exterior por encima de 8.000 millones de pesos (3,9 millones de dólares), que conllevaría una pena de 4 años de cárcel.

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