BOGOTÁ, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comunidad internacional expresó su preocupación por el estado de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y avaló la propuesta del Gobierno sobre el acuerdo humanitario.
La ONU, por su parte, expresó "inquietud" frente a los delitos de lesa humanidad, pues teme que si liberan a todos los guerrilleros presos, haya impunidad. Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, valoró la decisión de Uribe y dijo en un comunicado que "un intercambio completo podría ser la llave que abra el paso a una verdadera negociación política para alcanzar la paz en Colombia".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia respaldó la propuesta hecha por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, en aras de la búsqueda de la libertad de los secuestrados.
Sin embargo, advirtió que el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma señalan que "no debe haber impunidad para los autores de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra".
El representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, dijo que la oficina es solidaria con los familiares de las víctimas y acompaña su clamor para una pronta liberación.
"La Oficina señala que el Decreto expedido por el Gobierno nacional puede facilitar la búsqueda de opciones y alternativas para lograr la liberación de esas personas sanas y salvas y en buenas condiciones de seguridad y, en particular, abrir la vía para la liberación de aquellos rehenes y personas privadas de la libertad por razones relacionadas con el conflicto que se encuentran en condiciones de salud sumamente precarias", dijo Hernández.
La Oficina agrega que la normativa internacional prohíbe conceder amnistías o indultos a quienes han cometido este tipo de delitos y la Constitución Colombiana sólo admite dicha posibilidad para delitos políticos y para los delitos comunes conexos con aquéllos.
Hernández hizo un llamamiento al Gobierno colombiano para que en la aplicación del decreto no se otorgue los beneficios a guerrilleros o paramilitares, procesados o condenados por conductas que, "a la luz del derecho internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra".
