GINEBRA, 30 Oct. (Reuters/EP) -
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a Israel a investigar todos los presuntos delitos cometidos durante su última ofensiva militar en la Franja de Gaza, donde podrían haberse producido crímenes de guerra, y ha pedido que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
El comité, presidido por el británico Nigel Rodley y formado por 18 expertos independientes, ha examinado el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Israel y, en un informe de diez páginas, ha expuesto una serie de recomendaciones de cara al futuro.
Así, ha pedido al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que interrumpa la construcción de viviendas en asentamientos en Cisjordania y avance hacia la eliminación de estos enclaves, que ponga fin a la confiscación de tierras e impida acciones violentas contra la población palestina. El Comité de Derechos Humanos también ha reclamado el fin de las demoliciones de viviendas de palestinos y beduinos en Cisjordania y el desierto del Negev y los traslados forzosos.
Una de las cuestiones analizadas más en detalle ha sido la operación militar lanzada en julio por Israel en la Franja de Gaza, que se prolongó durante 51 días y concluyó con más de 2.1000 palestinos y 67 israelíes muertos. Los expertos de la ONU han lamentado el "número desproporcionado" de víctimas civiles, "incluidos niños".
Israel "debería garantizar que todas las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante sus operaciones militares de 2008-2009, 2012 y 2014 son investigadas de forma completa, efectiva, independiente e imparcial". Además, los responsables de estos delitos, "en particular personas en posiciones de mando", deberían ser "procesadas y sancionadas".
RESPETO A PALESTINOS
En este sentido, el comité de la ONU ha insistido en que las obligaciones de Israel en materia de derechos civiles y políticos no sólo se aplican a su territorio, sino también a Cisjordania y la FRanja de Gaza, tal como ha establecido la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El grupo también ha pedido que Israel ponga fin a la práctica de detenciones administrativas --sin juicio-- de palestinos y ha advertido de que este tipo de arrestos pueden estar basados "en pruebas secretas" y, por tanto, sin garantías.
