3 de diciembre de 2020
26 de agosto de 2018

Concluye la votación en la consulta popular sobre un paquete anticorrupción con baja participación

Concluye la votación en la consulta popular sobre un paquete anticorrupción con baja participación
REUTERS / XXSTRINGERXX XXXXX - ARCHIVO

BOGOTÁ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consulta sobre un paquete de medidas contra la corrupción celebrada este domingo en Colombia ha concluido con una baja participación que invalidaría los resultados, según los primeros datos. La votación en cualquier caso ha transcurrido con normalidad.

De los más de 36,4 millones de colombianos convocados a las urnas solo habrían votado unos 7 millones, según datos de la Registraduría, lejos de los 12 millones para validar todo el proceso, según informa la emisora Caracol Radio.

Sin embargo, en cuanto a los resultados, el sí a las siete medidas planteadas sería la opción más votada. En ninguno de los siete casos el sí baja del 99 por ciento de apoyo según los primeros datos, aún preliminares.

Dos legisladoras del partido ecologista Alianza Verde, la diputada Angélica Lozano y la senadora Claudia López, son las impulsoras de la consulta, realizada gracias a la recogida entre enero y julio de cuatro millones de firmas superando así el umbral del 5 por ciento que establece la ley colombiana para impulsar una consulta popular.

SIETE PREGUNTAS

El plebiscito consta de siete preguntas que, en el caso de ser aprobadas, el Congreso tendrá que convertir en ley en el plazo máximo de un año. La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria se han mostrado dispuestos, pero si la cosa se complica podrán adoptar la forma de decreto presidencial.

La medida más fuerte es la que propone "que las personas condenadas por corrupción (...) deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidad de reclusión especial, y que el Estado pueda dar por terminados los contratos con ellas, sin que haya lugar a indemnización ni posibilidad de volver a contratar".

Para controlar el patrimonio de los cargos electos, propone hacer públicas sus declaraciones de bienes como requisito para tomar posesión, "incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales". Además, el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado quedaría reducido, pasando de 40 a 25 salarios mínimos, unos 5.000 euros.

Una vez en su escaño, tendrán que "rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de 'lobbistas', proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos".

Habrá "un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales".

Para garantizar una contratación pública transparente, será obligatorio que "todas las entidades públicas y territoriales usen pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes".

En la misma línea, otra pregunta propone "establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución".

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