MANAGUA, 13 Dic. (Reuters/EP) -
El Congreso de Nicaragua, controlado por los aliados del presidente, Daniel Ortega, ha empezado a discutir este jueves la anulación del reconocimiento jurídico a cinco ONG críticas con el Gobierno, en medio de la crisis política en la que se encuentra sumido el país.
El debate ha arrancado un día después de que las autoridades cancelaran el reconocimiento jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La medida ha sido calificada por organizaciones internacionales como una "venganza" contra las ONG por poner en evidencia "violaciones contra los Derechos Humanos" en los ocho meses de protestas antigubernamentales, que han dejado al menos 322 muertos y más de 500 personas detenidas, según el CENIDH.
Entre las ONG que podrían ser vetadas este jueves se encuentran el Ipade y Cinco. El miércoles, el parlamento prohibió otras cinco ONG, incluido el CENIDH,, la más experimentada de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del país.
Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, ha rechazado la medida y ha recalcado que seguirán firmes a pesar de un anuncio de desalojo. Cuando a una ONG le eliminan su personalidad jurídica sus bienes pasan al Estado.
"No vamos a salir de aquí, que nos desalojen, usaré todas las energías que me quedan para defender estas instalaciones", ha manifestado Núñez, en una entrevista telefónica concedida a la agencia británica de noticias Reuters
Los diputados oficialistas acusan a las ONG de recibir dinero para financiar un supuesto golpe de Estado que busca desbancar a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Muy grave ataque a la sociedad civil en Nicaragua", escribió José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, en su cuenta de Twitter. "Sigue la represión a cualquiera que se atreva a disentir con el régimen de Ortega-Murillo", agregó.
La crisis estalló en abril cuando miles de personas tomaron las calles de Managua y otras ciudades por una polémica reforma de la seguridad social. Las manifestaciones crecieron rápidamente en número y en demandas hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.
Ortega intentó apaciguar los ánimos revocando la medida y lanzando un diálogo nacional que no dio resultados, precisamente, por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las próximas presidenciales están previstas para 2020.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 300 personas han muerto desde entonces a causa de la represión de las peores protestas que ha sufrido Ortega en sus quince años de Gobierno.
Además, la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (Funides) calcula que, a causa de la crisis, Nicaragua ha perdido 400.000 empleos y será el único país de la región que no crecerá en 2019.
