LIMA, 9 Mar. (Reuters/EP) -
El Congreso de Perú ha aprobado este jueves una ley que busca garantizar el pago de reparaciones civiles por parte de empresas y compañías en aquellos casos en los que éstas hayan incurrido en delitos de corrupción.
La medida aseguraría la continuidad de obras públicas que se encuentren a cargo de empresas y constructoras que estén involucradas en tramas de corrupción o que se encuentren bajo investigación judicial.
La norma, que debe ser ratificada por el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, para su entrada en vigor, busca reemplazar el polémico Decreto de Urgencia 003, que vence el 13 de marzo y que ha frenado la puesta en marcha de proyectos de constructoras al restringir operaciones financieras en el sector.
"El proyecto de ley ofrece una salida para la continuidad de la obra pública y la salud de nuestra economía", ha aseverado la ministra de Economía, Claudia Cooper, que señaló hace varias semanas que la economía peruana se enfrenta a un riesgo "muy grave" debido a la imposibilidad del sector de la construcción de desarrollar proyectos.
Este mismo martes, la primera ministra peruana, Mercedes Araóz, ha instado a dar luz verde a la norma, cuyo objetivo principal era asegurar la continuidad de proyectos de inversión en casos de corrupción mediante la creación de un fideicomiso.
Al menos 30 empresas de construcción están siendo investigadas por presuntos sobornos en Perú, entre ellas Graña y Montero, la mayor del país, y la brasileña Odebrecht, que ha admitido haber entregado sobornos para hacerse con contratos de obras publicas.
El Gobierno de centroderecha de Kuczynski aún no ha fijado una cifra para la reparación civil que debe pagar Odebrecht, epicentro de un entramado de corrupción que afecta a varios Gobiernos de Latinoamérica.
