La respuesta a la insurgencia debe ser controlada para no aumentar las dudas de la población civil respecto del Gobierno
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El futuro de Afganistán sigue siendo una incógnita para Naciones Unidas por la incapacidad internacional para entender a largo plazo el impacto de la violencia insurgente sobre las tareas de reconstrucción, así como sobre los efectos de la violencia sobre el futuro político y social de un país marcado por la "frustración y el desencanto", como reflejan las conclusiones del informe del Center on International Cooperation (CIC).
El Informe Anual de Operaciones Globales de Paz 2007 estima que 191 soldados pertenecientes a la Fuerza Internacional de Asistencia para Afganistán (ISAF) fallecieron en combate durante el pasado 2006, lo que supone un 47 por ciento más que el año anterior, coincidiendo con un "aumento significativo" del crecimiento de la insurgencia en el país tanto a nivel cuantitativo como cualitativo: la violencia empleada inicialmente contra fuerzas de la ISAF o de la coalición amenaza ahora a todo el cuerpo de Gobierno afgano, como demuestra el asesinato, el pasado 10 de septiembre, del gobernador de la provincia de Paktia, Hakim Taniwal.
CONFLICTO MILITAR
El problema es que el informe contempla a los primeros cinco años de operaciones en Afganistán como un escenario donde las intenciones de las dos fuerzas militares internacionales en el país fueron diametralmente opuestas. La ISAF, comandada por la OTAN, tiene como objetivo asegurar el éxito de la hoja de ruta establecido por los acuerdos de Bonn tras el fin del régimen talibán, y que concluyó con la celebración de la toma de posesión del Gobierno afgano el 20 de diciembre de 2005, así como garantizar la seguridad de los civiles y el apoyo al Ejecutivo hasta el fin de la insurgencia. La coalición liderada por Estados Unidos tiene como misión "acabar con Al Qaeda y sus movimientos asociados y establecer una estructura de seguridad duradera en el país".
Esta diferencia en los objetivos supone un "claro contraste", según el informe, que da pie a una situación "sui generis" que ha llevado a la aprobación de otras tres resoluciones del Consejo de Seguridad que incluyen incrementos anuales progresivos del número de tropas, constantes cambios de mandato, un aumento de las competencias y del alcance de las operaciones de la ISAF y la realización de intensas labores diplomáticas para conseguir más efectivos por parte de los países miembros en los 'puntos calientes' del sur y del este del país.
Así, los últimos meses han sido testigos de un esfuerzo de integración. El 28 de septiembre de 2006, los ministros de Defensa de la OTAN aprobaron extender su misión de seguridad en Afganistán a todo el país, tomando el control de la volátil región del este e incorporando a unos 12.000 soldados estadounidenses que ya estaban presentes en esta zona en el marco de la 'Operación Libertad Duradera', según informó el portavoz de la Alianza Atlántica, James Appathurai. El pasado mes de febrero, el control de las tropas de la OTAN pasó a cargo del general estadounidense Dan McNeil. De los 20.000 efectivos estadounidenses destinados a la Operación, sólo 8.000 permanecen ya bajo mando estadounidense, y su función principal es la del adiestramiento de las tropas del Ejército Nacional Afgano.
Pero para el director de estudios del CIC, Barnett R. Rubin, "ineficiencia" es el adjetivo que mejor describe la situación militar en el país. "La legitimidad del Gobierno afgano no debería ser puesta en duda por culpa de nuestra ineficiencia a la hora de conocer al enemigo, conocernos nosotros mismos y aplicar los recursos de una forma efectiva", afirmó en una declaración ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes estadounidense, el pasado mes de septiembre.
La percepción del Gobierno por parte de la población civil se ve afectada tanto por los ataques insurgentes como por los contraataques militares. El informe cita como ejemplo la 'Operación Medusa' realizada por fuerzas de la OTAN en Panjawi, que acabó con las vidas de entre 1.000 y 1.500 insurgentes pero que terminó desplazando a 2.500 familias y, más aún, obligando al presidente Karzai a pedir "una revisión de la estrategia militar en el país". El informe establece que las futuras operaciones en el país deberán, en la medida de lo posible, tener el mínimo impacto posible sobre "una decepcionada población civil", y centrarse en eliminar puntos vitales de unas fuerzas insurgentes cuyo vigor "todavía no ha disminuido", según el documento.
CRISIS DE GOBIERNO
"El pueblo ha perdido totalmente la confianza en el Gobierno", declaró Rubin. "Varios diplomáticos occidentales me han comentado la depresiva situación que se vive en el país", afirmó, "de la que son conscientes todas las clases sociales". Rubin puso como ejemplo la opinión de un portavoz de los líderes tribales, que destacó "la diferencia entre el sistema actual y las virtudes islámicas", en referencia a los tremendos niveles de corrupción que afectan al sistema judicial en el país. De hecho, muchos empiezan a ver a los tribunales talibán como un ejemplo de "eficiencia" frente al corrupto sistema oficial, según el director del CIC.
El desarrollo de las funciones y competencias del Gobierno afgano está supervisado por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) que, encabezada por el Representante Especial Tom Koenigs, tiene como objetivo "asegurar la legitimidad política a través del asesoramiento de las instituciones, la coordinación de ayuda alimentaria y la protección de los derechos humanos"; una labor internacional que, al igual que en el apartado militar, tiene luces y sombras.
El informe del CIC señala que se han dado progresos tanto en el terreno político como económico. El afgano es un Gobierno de una estructura parlamentaria bicameral formado por una Cámara Baja (la Wolesi Jirga) y una serie de consejos provinciales cuyos miembros resultan elegidos para la Cámara Alta (la Meshrano Jirga). Es un sistema político modernizado que se ha resuelto a través de comicios que se llevaron a cabo con "menos problemas de los esperados".
En el ámbito económico, el informe cita la recuperación económica que se está viviendo en el país, así como el desarrollo y finalización de nuevos proyectos de infraestructura, como la carretera de Jalalabad a Torkham, o la inauguración de una planta de embotellado de Coca Cola como ejemplo de "potencial para la inversión internacional en el país".
Sin embargo, el CIC estima que el crecimiento de la economía afgana se enfrenta al problema crucial del narcotráfico: las últimas cifras sobre la producción de opio presentadas la semana pasada por el Gobierno británico destacan que la producción en el país aumentó un 49 por ciento, hasta las 670 toneladas de heroína anuales, más de lo que todos los adictos de heroína del mundo consumen en un año. El CIC reconoce "señales" de que el crecimiento de la economía del país puede estar impulsado por el tráfico de drogas, una situación "exacerbada" por "la falta de alcance del Gobierno central" para alejar a los habitantes de las provincias de la influencia de los narcotraficantes.
El otro gran punto en contra es la crisis energética que amenaza al país. Según Rubin, en cinco años no se ha completado ningún proyecto para mejorar las instalaciones eléctricas en Afganistán y, en particular, en la capital, Kabul. Mientras crece la población hasta los cinco millones, los capitalinos cuentan hoy con menos electricidad que hace un lustro, cuando la población era de 2,3 millones.
Ante esta situación económica, el informe concluye que el objetivo fundamental de la comunidad internacional reside en la capacidad de los actores para llevar a cabo "un compromiso serio y a largo plazo" que abra "una puerta a la esperanza" en el país.
