Gambari concluye su misión tras reunirse por segunda vez con Suu Kyi horas después de ser recibido por Shwe
GINEBRA, 2 Oct. (EP/AP) -
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó hoy la "brutal represión" llevada a cabo por las autoridades contra los "manifestantes pacíficos" opuestos al Gobierno de Birmania. Esta es la primera vez que el Consejo critica a un Gobierno --salvo el de Israel-- desde su constitución hace 16 meses, en sustitución de la muy desacreditada Comisión de Derechos Humanos.
El Consejo, formado por 47 países, "deplora enérgicamente la brutal represión contra manifestantes pacíficos en Birmania, incluidos los golpes, homicidios, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas". La resolución, propuesta por los países europeos, fue aprobada tras un debate que incluyó el testimonio directo de un diplomático sueco que visitó Birmania el pasado mes de agosto y fue testigo de cómo las fuerzas de seguridad dispararon contra civiles desarmados.
"La incapacidad de la comunidad internacional para impedir las matanzas tras la revuelta popular de 1988, que causó la muerte de 3.000 manifestantes, no debe repetirse", declaró por su parte, durante la sesión especial del Consejo, el relator especial para Birmania, Paulo Sergio Pinheiro.
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, intervino ante este organismo para advertir a las autoridades de Birmania de que su aislamiento no las eximirá de la responsabilidad de sus acciones.
La sesión especial del Consejo de Derechos Humanos se celebró poco después de que el enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, concluyera su misión en Birmania. Esta mañana, el diplomático nigeriano se reunió con el líder de la Junta Militar birmana, el general Than Shwe, en la capital oficial, Naypyitaw, tras lo cual se trasladó a Rangún para entrevistarse, por segunda vez en cuatro días, con la histórica dirigente democrática Aung San Suu Kyi.
El encuentro con Than Shwe estaba previsto desde ayer, pero el de Suu Kyi --celebrado en un edificio perteneciente al Estado, situado a unos 300 metros de la residencia de la Premio Nobel de la Paz-- ha supuesto una sorpresa, lo cual podría dar a entender que la misión de Gambari ha obtenido algunos resultados, dado que no hubiera sido posible esta reunión sin la autorización de la Junta Militar. Como era de esperar, no han trascendido los detalles de estas reuniones.
Entretanto, las fuerzas de seguridad redujeron hoy su presencia en las calles de Rangún, la principal ciudad del país, donde las tropas reprimieron brutalmente las manifestaciones de la semana pasada. El toque de queda, que regía desde las 21:00 horas hasta las cinco de la mañana, ha sido reducido de las 22:00 a las cuatro.
EL DIPLOMÁTICO SUECO
Johan Hallenborg, de la Embajada sueca en Bangkok, declaró ante el Consejo que él y un compañero fueron testigos de la "brutal represión del régimen contra monjes y civiles". "Vimos a policías y soldados fuertemente armados abrir fuego contra civiles desarmados después de darles sólo unos pocos minutos para dispersarse, tras lo cual dejaron a un periodista extranjero muerto en la calle", aseguró Hallenborg.
Durante los toques de queda nocturnos, prosiguió, "personas desesperadas" telefoneaban a las organizaciones internacionales para advertirlas de que los monasterios iban a ser asaltados por las tropas".
"El pasado jueves, cuando por primera vez no hubo monjes en las manifestaciones, pude experimentar cómo tristemente un puñado de jóvenes monjes protestaban por toda esta locura y marcharon firmes por la calle principal, donde se unieron a al menos 10.000 personas. Esos jóvenes monjes fueron recibidos como héroes", relató.
A juicio de Hallenborg, los monjes son un símbolo de "la increíble valentía de la gente" de Birmania, que "demostró un coraje aparentemente sin límites".
Según el diplomático sueco, el Gobierno birmano ha detenido a civiles y monjes "en las circunstancias más terroríficas" con el objetivo de "inculcar el miedo total a otra generación de ciudadanos".
ARBOUR Y PINHEIRO
Por su parte, Louise Arbour exigió que el Gobierno aclare cuántas personas han resultado muertas o heridas durante las manifestaciones pacíficas y exhortó a las autoridades a revelar el paradero de los detenidos, a permitir a las organizaciones humanitarias completo acceso a ellos y a facilitar el seguimiento internacional de la situación.
Arbour subrayó también que los países vecinos de Birmania están en una posición privilegiada para ejercer su influencia individual o colectiva a fin de proteger los Derechos Humanos en el país.
"El Consejo debe tomar medidas proporcionales a la ocasión para hacer comprender al Gobierno la necesidad urgente de que implemente sus obligaciones de Derechos Humanos y responda por sus violaciones pasadas y presentes", dijo la Alta Comisionada.
El relator especial de la ONU para Birmania afirmó ante el Consejo que no habrá progresos en la transición política de esa nación a menos que la gente común tenga espacio para expresar su descontento de manera pública y pacífica. "La incapacidad de la comunidad internacional para impedir las matanzas tras la revuelta popular de 1988, que causó la muerte de 3.000 manifestantes, no debe repetirse", advirtió Paulo Sergio Pinheiro.
BIRMANIA SE DEFIENDE
Por su parte, el delegado de Birmania, Nyunt Swe, atribuyó las marchas en su país a "elementos destructivos internos y externos" que no quieren que se complete el proceso de reconciliación nacional y que "han persuadido a los monjes" a unirse a ellos.
Swe afirmó que los países occidentales esperaron durante largo tiempo que se produjeran este tipo de protestas para intervenir, y acusó a los medios de prensa extranjeros de exagerar la situación. Asimismo, aseguró que el Gobierno ha sido muy cuidadoso en la manera en que encaró la situación.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) instó poco antes de la sesión al Consejo de Derechos Humanos a condenar "enérgicamente las actuales graves violaciones de Derechos Humanos en Birmania y a reclamar un cese inmediato de la violenta represión de los manifestantes pacíficos".
"El Gobierno de Birmania tiene la obligación de responder de todos las personas detenidas por sus agentes policiales, militares y otras fuerzas de seguridad", prosiguió AI en un comunicado. "Los detenidos no deben ser enviados a centros secretos de detención y se les debe garantizar el acceso a abogados independientes, personal médico y miembros de sus familias", añadió.
Asimismo, "el Gobierno de Birmania tiene el deber de responder sobre el paradero de los detenidos y garantizar su seguridad ante posibles torturas u otros malos tratos", advirtió. Amnistía Internacional teme que los detenidos sean sometidos a torturas y malos tratos, sobre todo durante los interrogatorios y durante los periodos de reclusión previa al juicio, más aún teniendo en cuenta la "cultura de total impunidad que domina desde hace décadas" en Birmania.
Asimismo, la organización instó también al Gobierno birmano a liberar a todos los presos de conciencia, que alcanzaban la cifra de 1.150 antes de la actual crisis de Derechos Humanos. Entre los liberados deben figurar las más de 150 personas detenidas en agosto en las primeras fases de las últimas movilizaciones populares, "a menos que sean acusados de cargos criminales reconocibles".
Amnistía Internacional pidió, asimismo, al Consejo de Derechos Humanos que garantice que el relator especial sobre Birmania pueda seguir realizando su "importante tarea documentando la actual situación, visitando el país e informando a este Consejo, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad" de la ONU.
