El grupo de estudios propone el fin del enfrentamiento entre Gobierno y sociedad civil, así como la permanencia de la ayuda internacional
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno burundés liderado por la coalición hutu formada por el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia y el Frente Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), el primero elegido democráticamente desde 1993, ha tomado "un rumbo autoritario" que ha provocado el deterioro del clima político del país a través del arresto de sus opositores, la censura a los medios de comunicación, la realización de continuas violaciones de los derechos humanos y el endurecimiento del control sobre la economía nacional, según un estudio publicado esta semana por el grupo de analistas ICG.
El estudio, titulado 'Burundi: democracia y paz en peligro', recomienda la supervisión del desarrollo de la democracia y las libertades en el país aún después de la salida de las fuerzas de la ONU presentes que tendrá lugar este mes de diciembre.
La problemática se remonta a las elecciones que tuvieron lugar entre junio y agosto de 2005, los primeros comicios democráticos que tuvieron lugar en el país desde 1993 y que significaron el fin del Gobierno interino reconocido en los acuerdos de Arusha, en 2001, con la victoria de la coalición hutu liderada por Pierre Nkurunziza, que se hizo con el 58 por ciento de los escaños del Parlamento. Nkurunziza fue investido presidente el 26 de agosto de 2005.
Estos comicios históricos no solo "eclipsaron las antiguas tensiones étnicas entre hutus y tutsis", sino que además consiguieron unas fuerzas de seguridad "equilibradas" en el momento en el que las fuerzas rebeldes se integraron en el Ejército, en la Policía y en los servicios de inteligencia. Sin embargo, el estudio considera que el Gobierno de Nkurunziza "ha fracasado a la hora de responder al desafío de reconstruir una economía devastada a causa de la guerra civil que azotó el país, despreciando las normas legales".
POBRE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tal fracaso comienza con el ataque militar contra los milicianos del FNL --último grupo rebelde del país--, días después de la formación oficial del Gobierno, y alcanza su punto culminante en julio de este año, cuando bajo la "cuestionable" proclama de un inminente golpe de estado, el CNDD-FDD comienza a arrestar a sus opositores, entre ellos el ex presidente Domitien Ndayizeye y el ex vicepresidente Alphonse Marie Kadege. A día de hoy, el Gobierno afirma basarse en las declaraciones realizadas por el líder de una rama escindida del FNL, Alain Mugabarabona, pero las autoridades impidieron que las supuestas pruebas, declaraciones y confesiones salieran a la luz ante la posibilidad de que pudieran alterar el caso de la acusación.
Según Human Rights Watch, "a Kadege le colgaron de las manos y de los pies, mientras los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia le golpeaban con un cinturón de cuero". Por su parte, el líder pro Derechos Civiles Deo Niyonzima "recibió golpes con un bastón en la parte inferior de la espalda y en el brazo, mientras estaba siendo interrogado", según la organización.
ICG recomienda la creación de una comisión independiente para estudiar estos hechos, que cuente con el respaldo de la oposición y que investigue la fiabilidad de la informaciones proporcionadas para desactivar el supuesto golpe, así como las posibles torturas practicadas a los detenidos.
Las abusos contra los derechos humanos en Burundi no terminan ahí. ICG denuncia en el informe que cerca de 1.000 rebeldes del FNL permanecen en prisión sin juicio previo y sin recibir cargo alguno. La misión de Naciones Unidas en el país (ONUB, por sus siglas en inglés) posee pruebas de 10 ejecuciones de milicianos del mismo grupo llevadas a cabo por el Ejército burundés.
Pero estas operaciones no se limitan solo a los grupos rebeldes. De acuerdo con el documento, partidarios de la oposición, representada por el Frente para la Democracia en Burundi (FRODEBU), también han sido objeto de arrestos ilegales por estar, simplemente, afiliados a dicho partido. Por ejemplo, en el barrio de Bujumbura, en Kinama, los ocho jefes de distrito pertenecientes al FRODEBU han sido arrestados en sucesivas redadas, siempre bajo la supervisión de los Servicios de Inteligencia.
Ante esta situación, ICG insta al Parlamento a la creación de otro comité, conformado por miembros del Gobierno y de la oposición para proponer la reforma del cuerpo de inteligencia y recomendar que sea supervisado directamente por el Ministerio del Interior, que deberá encargarse del funcionamiento de dicha institución de acuerdo con la normativa legal.
GOBIERNO CONTRA SOCIEDAD CIVIL
Otro de los aspectos clave tratados por el estudio es el ataque a la libertad de prensa, como parte de una censura más amplia, que se extiende a la sociedad civil. La debilidad de la oposición ha convertido a la prensa en la voz crítica más fuerte del país, según ICG. Los medios, cada vez más hostiles, y marcados una fuerte falta de profesionalidad --reflejada en acusaciones infundadas a funcionarios, así como artículos periodísticos basados en el ataque personal--, se enfrentan a un Gobierno joven, incapaz de controlar la avalancha de información que se vierte en su contra. El 17 de abril de 2006, 30 periodistas fueron detenidos durante una conferencia del parlamentario Matias Basabose. En junio del mismo año, el mismo ministro de Información, Karenga Ramadhan, amenazó con "emplear la fuerza contra los periodistas, pero siempre dentro de los límites de la ley".
ICG señala que el Gobierno debe promocionar una política de diálogo con los medios. El presidente Nkurunziza expresó el pasado mes de octubre su voluntad de reunirse periódicamente con los medios de comunicación y emplear a su ministro de Información para dar ruedas de prensa semanales, lo que según el documento debería ser un punto de partida para conseguir normalizar la relación Gobierno-medios. Sin embargo, el estudio también refleja el acoso sobre los líderes de grupos de derechos civiles. Al caso anteriormente mencionado de Niyonzima también hay que añadir el de Gabriel Rufyiri, presidente del Observatorio sobre la Corrupción y el Soborno, arrestado por difamación.
Para ICG, la detención sin juicio previo debería ser la excepción, no la regla, y en ningún caso en delitos por difamación o similares, en los que resulte improbable que el sospechoso abandone el país o haga daño a otras personas.
En el plano económico, ICG pide a la comunidad internacional que apoye nuevos aportes económicos para mejoras burocráticas y en el plano de los Derechos Humanos, centrándose en realizar auditorías independientes sobre los contratos estatales, y en la mejora de los servicios de seguridad, así como para fundar instituciones encargadas de promover las libertades democráticas tanto a nivel de prensa, como de expresión.
Finalmente, para la organización es tarea de la Comisión de Pacificación de Naciones Unidas servir de engranaje para la recuperación de los valores democráticos en el país, a través de la creación de programas de coordinación y asegurándose de que la sociedad civil, incluyendo a los grupos en defensa de los derechos de la mujer, el sector privado y los medios de comunicación, y participando en el desarrollo de estrategias nacionales para consolidar la paz.
