Crónica Chad.- Al menos 91 de los 103 niños reconocen tener un "familiar adulto" y 85 proceden de la zona fronteriza

Actualizado: jueves, 1 noviembre 2007 19:22

El fiscal de Abéché admite que en Chad existe un "vacío legal" en materia de tráfico de menores

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 85 de los 103 menores que la ONG 'El Arca de Zoé' aseguraba que eran huérfanos de Darfur proceden de la zona fronteriza entre Chad y Sudán y 91 de ellos han señalado que tienen "al menos un familiar adulto", según ha podido constatar el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por su parte, el fiscal del caso admitió hoy que existe un "vacío legal" que ha impedido juzgar a los detenidos por tráfico de menores.

En un comunicado conjunto de estos tres organismos remitido a Europa Press desde Abéché, ciudad del este de Chad donde se encuentran los menores desde que el pasado 25 de octubre las autoridades chadianas impidieron que la ONG francesa 'El Arca de Zoé' los sacara del país hacia Francia, explican que desde entonces han intentado "responder a las necesidades de los 103 niños que se encuentran en un orfanato en esta ciudad.

Según los tres organismos, "las entrevistas llevadas a cabo durante varios días a las 21 niñas y 82 niños con edades entre los 1 y los 10 años, algunos de los cuales no son capaces de proporcionar información debido a su edad, sugieren que 85 de ellos provienen de localidades de la región fronteriza entre Chad y Sudán, situadas en las zonas de Adré y Tiné".

Asimismo, en sus conversaciones con el personal humanitario "91 niños se han referido a un entorno familiar constituido por al menos una persona adulta al que han considerado como un pariente". Ahora, añade el comunicado, "continúan las entrevistas con los doce restantes con el fin de reunir información que permita avanzar en la búsqueda de sus familias o parientes".

La ONG había afirmado que los menores eran todos huérfanos del conflicto de Darfur y que su objetivo era evacuarlos a Francia con fines humanitarios. Sin embargo, en los últimos días varios responsables humanitarios presentes en Abéché ya habían apuntado a que la mayoría de los niños podrían no ser huérfanos y en algunos casos tampoco ser refugiados de Darfur.

Según las agencias de la ONU y el CICR, el objetivo de las entrevistas con los menores también era "recabar elementos que permitan reconstruir su recorrido y les permitan, en la medida de lo posible, reanudar una vida como niños lo más normal posible".

ESTADO DE LOS MENORES

Por otra parte, desde el primer momento se les prestó asistencia alimentaria, camas, ropa, artículos de higiene, así como asistencia sanitaria. Según afirman, "su estado de salud no es, por el momento, preocupante", aunque algunos de ellos "han recibido atención por heridas leves".

"Los equipos del CICR, ACNUR y UNICEF, sus socios, como la Cruz Roja Chadiana, y las autoridades chadianas prosiguen sus esfuerzos para reconstruir la historia, el estatus y la identidad de estos niños con el fin de adaptar su acción, caso por caso y en función de las necesidades y de la situación específica de cada uno de ellos", explican en su comunicado, precisando que su acción es "apoyo a las autoridades y se basa en los principios de imparcialidad y no discriminación".

En este sentido, precisan que la información que han reunido hasta ahora se la han hecho llegar a las autoridades chadianas, "bajo cuya responsabilidad se encuentran los menores".

"En los próximos días y semanas, el CICR, ACNUR y UNICEF, con el apoyo de sus socios, proseguirán sus esfuerzos con el fin de contribuir a la búsqueda de una solución rápida y adaptada que permita a cada uno de estos 103 menores recuperar sus preocupaciones, sus juegos de niños y reanudar una vida en familia", concluye el comunicado.

VACIO LEGAL QUE AFECTA EL CASO

Por otra parte, el fiscal del Estado en Abéché (este de Chad), Ahmad Daoud Chari, admitió hoy que existe un "vacío legal" en el país que impide que los detenidos puedan ser juzgados por tráfico de menores, lo que podría afectar el proceso iniciado en su contra.

Los nueve franceses --seis miembros de la ONG y tres periodistas-- han sido acusados formalmente de secuestro de menores con el objetivo de cambiar su estatus civil, es decir, darles nuevos padres, un delito que acarrea una pena de 5 a 20 años de trabajos forzados.

"No hay otras penas en el capítulo de secuestro del Código Penal más duras que la que elegimos", admitió Chari, en declaraciones a la agencia de noticias de Naciones Unidas IRIN. "Nuestro Código Penal es limitado, no cubre muchas infracciones, hay un vacío", añadió.

Por su parte, Papa Babacar Ndiaye, de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delitos (UNODC) para Africa Occidental y Central en Chad, indicó que el "vacío" en la legislación podría provocar varios obstáculos. "El inconveniente es que uno puede cometer un delito muy grave --tráfico de menores figura entre los más serios-- y luego ser castigado por un delito inferior", explicó a IRIN.

Según Ndiaye, los cargos de secuestro tendrán como resultado no sólo penas inferiores en caso de condena, sino que será más difícil condenar a alguien por ellas. "Puede ser más fácil para un investigador demostrar tráfico de personas que demostrar secuestro", resaltó.

En este sentido, indicó que aunque todavía no se ha confirmado, se especula con que los niños podrían haber sido entregados de forma voluntaria por sus familiares a la ONG francesa, en cuyo caso el cargo de secuestro sería difícil de demostrar. La legislación sobre el tráfico de personas normalmente incluye el reclutamiento ilegal de menores de padres "vulnerables" que acceden a entregarlos porque no pueden atenderles, precisó.

Además, agregó Ndiaye, una condena por tráfico de menores también autoriza a las autoridades a incautarse de cualquier bien empleado en la comisión del delito, lo que puede disuadir de que se repitan incidentes similares.

FALTA DE LEGISLACIÓN

La UNODC ha estado abogando por la adopción de leyes nacionales que contemplen el delito del tráfico de menores desde que la Asamblea General de la ONU adoptó el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños, en 2000. Para que el protocolo sea vinculante debe ser adoptado como ley nacional.

Sin embargo, Chad no ha firmado el protocolo, si bien es parte de otras convenciones internacionales que tratan el tráfico de menores de alguna forma. Así, firmó un plan de acción regional contra el tráfico de personas en 2006, pero éste no ha sido integrado en la legislación chadiana.

"Es una cuestión de retraso en los procedimientos", explicó el ministro de Justicia, Pahimi Padacké Albert, a IRIN. "Está en proyecto", añadió, precisando que la comisión para la reforma judicial, inactiva durante años, fue reactivada hace dos meses y está revisando todas las leyes chadianas para incorporar las convenciones internacionales al Código Penal.

Según el ministro, aunque una ley sobre tráfico de menores "podría haber ayudado" en el caso del 'Arca de Zoé', la situación puede abordarse desde la legislación actual.

Según UNODC, sólo dos de los once países de Africa Central, Gabón y Guinea Ecuatorial, tiene leyes específicas contra el tráfico de menores. En Africa Occidental, incidentes en el pasado han atraído una atención y presión creciente, por lo que trece de los 16 países tienen leyes en la materia.