El grupo de expertos advierte fallos en el proceso de desarme, electoral, y en la unidad administrativa del país
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo de expertos en política internacional, International Crisis Group (ICG), advierte de que el acuerdo de paz que puso fin a la crisis en Costa de Marfil corre grave peligro dos años después de su firma, a falta de que se cumplan los compromisos firmados en Burkina Faso, y que requieren de una verdadera reunificación administrativa, algo que por el momento no se puede conseguir ni con siquiera la celebración de unas elecciones democráticas y de pleno derecho.
El acuerdo firmado el pasado 2007, el Acuerdo de Paz de Ougadougou (OPA), finalizaba formalmente el conflicto entre las fuerzas del Gobierno y los rebeldes de las Nuevas Fuerzas del ahora primer ministro, Guillaume Soro. Un acuerdo que inicialmente, según ICG, "daba pie para la producción de una atmósfera democrática" con la formación de un nuevo Gobierno, regulación de la identidad y la ciudadanía de los marfileños, y garantía para la legitimación de la Presidencia. Y sin embargo, existen problemas que pueden convertirse en insalvables, según el grupo de expertos.
Por ejemplo, existe una sensación de estancamiento, tanto a nivel político como en el proceso de desarme impuesto por el acuerdo de paz. El presidente de Burkina Faso, Compaoré Blaise, está profundamente debilitado y aislado de la comunidad internacional, que necesita "incrementar la presión" para garantizar el cumplimiento de los puntos recogidos en el tratado, de acuerdo con ICG.
"Los líderes políticos en Costa de Marfil se encuentran entre la espada y la pared, a falta de medio año para organizar unas elecciones que tienen que ser consideradas libres y transparentes", porque "de ser pospuestas, el golpe al acuerdo de paz sería mortal". Y "si los grupos armados no son al menos parcialmente desmantelados" el país africano se expone a un nuevo "período de enfrentamientos".
EL PROBLEMA ELECTORAL
La precampaña electoral en Costa de Marfil "no ha alcanzado los acuerdos iniciales esperados". Se trata, según ICG, de una operación "mal concebida y peor gestionada". Se acusa directamente al presidente marfileño, Laurent Gbagbo, quien "ha mostrado interés en retrasar las elecciones tanto como sea posible", a pesar de las criticas de Naciones Unidas tras el aplazamiento anunciado el pasado 30 de noviembre. El Consejo de Seguridad de la ONU pedía a este respecto la declaración de un calendario realista para fijar los comicios.
La fecha actual de los comicios, prevista para el próximo 29 de noviembre, sigue siendo "incierta", según ICG. Para que pudieran celebrarse en esa fecha, sería necesario un cambio del sistema de votación y, en general, sobre los procedimientos electorales.
Otros problemas citados por ICG son los retrasos en las prioridades establecidos por el OPA. "Ambos bandos mantienen un importante contingente de armas y siguen importando material armamentístico en clara violación del embargo impuesto por Naciones Unidas". De cara a las elecciones, significa que "ambos grupos pueden usar la fuerza para intimidar a los votantes o denunciar violentamente los resultados".
Más de 5.000 integrantes de las Fuerzas Nuevas siguen esperando ser reintegrados en el Ejército del país, mientras que los comandantes militares de los antiguos grupos insurgentes conservan centenares de guardaespaldas personales que funcionan como una milicia de facto. Por la parte oficialista, Gbagbo mantiene un contingente paramilitar de más de 20.000 soldados a los que hay que sumar el grupo conocido como "Los Jóvenes Patriotas" de Abidjan, que todavía operan con normalidad.
Según ICG, la cacareada unificación del país sigue siendo "parcial", a pesar de la renuncia voluntaria de los comandantes insurgentes a sus zonas de dominio en el norte del país, quienes han cedido sus competencias a gobernadores dependientes del Ejecutivo central, pero es un "paso simbólico" que necesita ser refrendado a través de las garantías necesarias para que estos nuevos gobernadores tengan plenos poderes económicos y sean capaces de demostrar la autoridad civil que se les supone.
Más aún, la economía de Costa de Marfil "se encuentra en muy mala forma", debido a la crisis económica y a las negligencias del actual Gobierno. "A más pobreza, cada vez más jóvenes deciden mantener sus armas, y están tentados de reiniciar una nueva insurgencia", según el informa del grupo.
De puertas afuera, la comunidad internacional "se encuentra cansada y se siente inútil ante estos desafíos", según ICG. El proceso de negociación del OPA ha sido desarrollado de manera exclusiva dentro de África, sin participación exterior. La comunidad internacional y Naciones Unidas sólo cuentan con la ayuda económica como único método de presión, pero es insuficiente ante los numerosísimos desafíos a los que se enfrenta el acuerdo.
Francia, cuya influencia en la política marfileña es simplemente irrefutable, ha comenzado a repatriar a parte de sus tropas desplegadas en el país en la operación Lincorne. El grupo solicita a las partes en conflicto que aceleren la inercia democrática en el país africano, en particular en las zonas que han estado hasta ahora bajo control de los comandantes insurgentes (las "comzonas"), de cara a las elecciones.
RECOMENDACIONES
El grupo de expertos solicita un proceso electoral desarrollado. "El procesamiento de datos y la apertura de los 68 centros de proceso anunciados deben ser preparados lo antes posible, y la Comisión Electoral Independiente está obligada a presentar un plan detallado para distribuir las tarjetas de votación, así como para proporcionar la información necesaria a los votantes, bajo la estrecha supervisión del primer ministro", recomienda el grupo.
Sobre el desarme, ICG insta a la aceleración inmediata de las respectivas fuerzas de Gbagbo y Soro de cara a su integración en una fuerza policial conjunta y la reforma del Ejército nacional, que todavía debe acoger a los más de 5.000 rebeldes especificados anteriormente.
En términos de reunificación administrativa, se recomienda a Soro que fortalezca su gabinete "con una plantilla más competente y experimentada". ICG considera imprescindible que, a finales de año, "exista una administración única" para restaurar la autoridad civil en las zonas anteriormente dominadas por los rebeldes.
Finalmente, se pide al Consejo de Seguridad Nacional que incremente la presión sobre los líderes marfileños, con especial implicación de Francia, para reanudar la cooperación "completa e incondicional" para garantizar elecciones "libres y transparentes" en el país.
