Las petroleras pagarán 11.000 millones de euros en impuestos mientras se premia a las compañías más respetuosas con el entorno
WASHINGTON, 5 Ago. (EP/AP) -
En lo que supone un cambio de dirección en la política energética estadounidense, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó hoy domingo un proyecto de legislación por la que se gravará a las empresas petroleras con una cantidad superior a los 11.000 millones de euros, mientras se contemplará relajar las tasas sobre aquellas empresas que contribuyan con el medio ambiente. Tras la aprobación del Senado, sólo queda que el presidente Bush confirme una medida que podría dar un giro radical a la política energética estadounidense.
El Partido Republicano criticó que la legislación ignora la necesidad de incrementar la extracción doméstica de petróleo, gas natural y carbón. Uno de los legisladores tachó la nueva legislación energética de "puro veneno contra la industria del gas y del petróleo".
La Cámara aprobó el texto por 221 votos a favor por 189 en contra, horas después de aprobar otra medida por la que se incentivará a las compañías que mejoren su política de eficiencia energética y aumenten el uso de biocombustibles, energía eólica y otras fuentes de energía renovables.
"Estamos dirigiéndonos hacia el futuro", aplaudió la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi.
Las dos propuestas de ley, aprobadas en una sesión de sábado bastante inusual, ya que los legisladores están a punto de iniciar su mes de vacaciones de verano, se unirá a la legislación aprobada por el Senado el pasado mes de junio.
En uno de los puntos más controvertidos de la nueva legislación, las principales compañías eléctricas que cotizan en bolsa deberán generar al menos el 15 por ciento de la energía producida mediante fuentes renovables. Una medida que ha contado, desde el principio, con la oposición de las principales empresas del sector, que afirman que con esta nueva legislación podrían dispararse los precios de la electricidad en aquellos estados que no disponen de instalaciones para la producción de energía solar o eólica.
Sin embargo, los grupos ecologistas opinan que, con la nueva legislación, se potencia la inversión en energías renovables y se contribuye a evitar el calentamiento global, al emplear menos carbón vegetal.
"Va a ahorrar dinero a los consumidores", afirmó el representante demócrata, Tom Udall, uno de los principales impulsores de la nueva legislación, precisando que las empresas eléctricas deberán recurrir al gas natural, más barato, y que si no pueden acceder a fuentes no contaminantes, deberán tomar medidas para optimizar su producción energética.
Igualmente, la nueva ley exigirá unos estándares de eficiencia energética mucho menos laxos en el campo inmobiliario y de la construcción, proporcionando ventajas fiscales a aquellas constructoras que desarrollen edificios "verdes", no agresivos contra el medio ambiente, y facilitará préstamos especiales a ciudades y condados a cambio de que reduzcan sus demandas de energía.
SATISFACCIÓN DEMÓCRATA
Pelosi consideró esencial el compromiso establecido con las energías renovables, que a la vez pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Así, afirmó la presidenta, se intenta atajar el problema del calentamiento global mientras Estados Unidos se convierte en un país menos dependiente de la energía exterior.
Para la demócrata, esta medida "trata sobre nuestros hijos, nuestro futuro y el mundo en el que nuestros niños viven".
Los demócratas han logrado evitar una incómoda lucha contra la industria automovilística, al menos por el momento, ya que la medida aprobada no se dirige específicamente a los constructores de vehículos, a los que en más de una ocasión se les ha sugerido que desarrollen transportes más energéticamente eficientes, y menos contaminantes. Los coches, en especial los deportivos, y las camionetas se "beben" la mayor parte del petróleo extraído en Estados Unidos y emiten un tercio del dióxido de carbono que produce el país.
Esta cuestión, junto con la posibilidad de incrementar el uso del etanol, extraído de los cereales, como sustituto de la gasolina, fue descartada en el momento en el que la nueva legislación se podría adherir a la aprobada el mes pasado por la Cámara Alta del Congreso.
El líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, se mostró confiado en que el presidente Bush pueda confirmar inmediatamente la ley aprobada, que contendrá un aumento significativo de los requisitos a cumplir por los fabricantes de coches para desarrollar vehículos menos contaminantes.
El demócrata Ed Markey consideró esta ley como "un giro histórico desde los proyectos con combustibles fósiles, hacia la energía renovable". Un giro que, según Markey, "ha tardado mucho tiempo en llegar". El representante reconoció que su partido ha cesado la lucha en lo que se refiere a incrementar, de forma obligatoria, la autonomía de los vehículos --hasta los 15 kilómetros, mínimo, por litro de cara a 2020--, pero espera añadirla en posteriores modificaciones tras consultar con el Senado.
VETO
Los republicanos, sin embargo, no dejan de afirmar que la propuesta de ley impide aprovechar los recursos de Estados Unidos, en particular el carbón, que es la fuente energética más abundante, en lo que el representante por Texas, Ralph Hall, consideró "una guerra contra la energía procedente de los combustibles fósiles". Hall afirmó, además, no entender "la venenosa actitud hacia la industria del gas y del petróleo".
Por su parte, el republicano Joe Barton, afirmó que la propuesta es "un ejercicio político" que sólo sirve para promover "proyectos de baja estofa, ideas de baja estofa" que no van a ninguna parte porque, según vaticinó, el presidente Bush la vetará de inmediato en cuanto llegue a su despacho.
La Casa Blanca, por el momento, se ha limitado a señalar que el presidente podría vetar la propuesta si ésta "no supone un intento serio de incrementar la seguridad energética del país", y si afecta de forma negativa a la producción de combustible derivado del petróleo.
En esencia, esta propuesta vuelve a gravar sobre las compañías petroleras los impuestos de los cuales fueron eximidas en 2004 para favorecer la competencia con el exterior. Además, las empresas que hasta el momento no pagaban los mismos impuestos por recurrir en menor medida al combustible extranjero, tendrán que volver a hacerlo. Ambas exenciones habían sido duramente criticadas, al ser consideradas, esencialmente, vacíos burocráticos de los que se aprovechaban las petroleras.
La legislación aprobada por la Cámara incluye, por contra, préstamos, garantías federales y desgravaciones para aquellas empresas que potencien programas de energía alternativa, que comprenden la construcción de edificios "verdes" -levantados a partir de biomasa-, estudios para el desarrollo del etanol, o la producción de vehículos híbridos gaseoeléctricos.
