Gobierno, sindicatos y empresas se sentarán el miércoles a negociar la reforma de los regímenes especiales de jubilación
PARIS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se enfrenta desde hoy a un rosario de conflictos sociales. A la huelga del transporte público que cumplirá mañana siete días se unirá la de los funcionarios, que reclaman medidas para mantener su poder adquisitivo y rechazan el recorte de casi 23.000 puestos de trabajo propuesto por el Ejecutivo.
Los 5,2 millones de trabajadores de la función pública francesa están convocados a la huelga para reclamar la apertura de negociaciones salariales y una revalorización del índice que sirve de base para la actualización de las remuneraciones.
El Gobierno espera un amplio seguimiento en el sector educativo, Correos y la compañía de telecomunicaciones France Telecom pero el paro se notará también en hospitales, aduanas y aeropuertos, así como en el personal de las compañías estatales de transportes (SNCF y RATP) ya afectadas por la protesta contra los regímenes especiales de jubilación. El sindicato SE-Unsa ha anunciado que se pondrán en huelga más de la mitad de los profesores de primaria y de secundaria.
A los funcionarios se unirán además los estudiantes. Hoy, los institutos franceses empezaron a unirse a la protesta estudiantil que lleva varias semanas alterando la vida de las universidades francesas donde casi cuarenta de las 85 facultades del país se ven bloqueadas en protesta por la Ley de autonomía universitaria que el Gobierno aprobó el pasado mes de agosto.
Y otro frente que sigue abriéndose paso es del sector de la magistratura, contrario la reforma del mapa judicial que quiere sacar adelante el Gobierno y que pretende suprimir buena parte de los tribunales de apelación y primera instancia.
En medio de toda esta maraña contestataria, el Partido Socialista se preguntaba hoy por el "llamativo silencio" de Sarkozy, que parece haber dejado en manos de su primer ministro, François Fillon, y del titular de Trabajo, Xavier Bertrand, la gestión de la larga crisis con los ferroviarios y el resto de los asuntos más calientes.
El consejero social del Elíseo, Raymond Soubie, aseguraba no obstante en la emisora France Inter tener una "esperanza razonable" de lograr una "solución positiva" y recuperar la normalidad "a mitad de semana". Y el diario 'Le Figaro' auguraba que el presidente galo no tardará en anunciar medidas para mejorar el poder adquisitivo de sus conciudadanos, principal preocupación de la sociedad francesa en este momento.
El ministerio de Economía, mientras, hace números y calcula que el coste de la huelga de transportes le está suponiendo ya al erario público más de 300 millones de euros.
La presidenta de la SNCF, Anne-Marie Idrac, en una entrevista concedida a 'La Tribune', cifra por su lado en 100 millones de euros el coste de la huelga en la empresa estatal de ferrocarriles. Y en 'Les Echos', la responsable de la patronal francesa (Medef), Laurence Parisot, alertaba del riesgo que para la rentabilidad empresarial tiene el actual clima social.
GESTO DEL GOBIERNO
En todo caso, el diálogo ha salido de su punto muerto después de que los sindicatos hayan aceptado negociar la reforma de los regímenes especiales de jubilación con las direcciones de las empresas estatales afectadas.
Las reuniones se celebrarán el próximo miércoles 21 de noviembre después de que el Gobierno haya rebajado las condiciones para entablar el diálogo y no lo condicione al fin de la huelga sino a una mejora del tráfico.
Pero el gesto del Gobierno no es suficiente para explicar el paso dado por los líderes sindicales. Según 'Le Monde', depende también de una oferta que ha hecho la SNCF a los ferroviarios consistente en un conjunto de medidas que suponen un mínimo de 90 millones de euros anuales durante un periodo de 15 años.
El secretario general de la sección ferroviaria de la CGT, Didier Le Reste, anunció que las seis federaciones de la Sociedad Estatal de Ferrocarril (SNCF) "irán a la mesa de negociación con el Estado y la dirección, a donde llevarán su plataforma reivindicativa".
Todos los sindicatos que apoyan la huelga participarán, incluso Sud-Rail, el segundo sindicato más importante de la empresa de ferrocarril que mantiene las posiciones más radicales desde el inicio del conflicto.
MANTENER LOS PRINCIPIOS
Para evitar malentendidos, el primer ministro, François Fillon, ha advertido hoy de que el Gobierno "no se moverá de sus principios", con el argumento de que el Ejecutivo tiene un "mandato" para llevar adelante esta reforma y lograr la armonización de los regímenes de jubilación.
"Pienso que ahora no hay ninguna razón para que el tráfico siga bloqueado. Esta huelga es minoritaria en las empresa y es extremadamente minoritaria en el país", recordó.
"Hay sondeos que muestran que más del 60 por ciento de los franceses están a favor de la reforma de los regímenes especiales, por eso llamo a la responsabilidad de todos. La negociación va a empezar; hace falta que, progresivamente, se recupere el tráfico y que los usuarios sean respetados", añadió Fillon.
También el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, insistía en esta idea. "Las negociaciones con las empresas no son para anular el paso a los 40 años", advertía en France 2, abierto a que se pueda negociar en el seno de las empresas el aumento salarial al final de la carrera laboral o las compensaciones por la dureza de las condiciones de trabajo.
