Los tres Gobiernos atenderán la reclamación de más de 15 años del colectivo de ex trabajadores españoles del Peñón
MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los Gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar anunciaron hoy que han logrado un "entendimiento" en torno a los acuerdos sobre el aeropuerto, pensiones, teléfonos y asuntos de tránsito de la Verja, por lo que decidieron convocar para el 18 de septiembre la reunión ministerial en la que se firmarán los mismos. Este consenso a tres bandas, que se anunciará oficialmente tras el período de vacaciones, no tiene precedentes históricos.
"Los tres participantes constatan que existe un entendimiento en relación con la necesaria preparación realizada en torno a los acuerdos sobre el aeropuerto, pensiones, teléfonos y asuntos del tránsito de la verja/frontera desarrollada durante los últimos 18 meses. En consecuencia, han decidido convocar en España la primera reunión Ministerial del Foro de Diálogo Tripartito sobre Gibraltar el 18 de septiembre 2006", se indicó en un breve comunicado conjunto.
Además de considerar estos cuatro temas en la reunión, los participantes también discutirán en esta cita de septiembre "las cuestiones que, a continuación, serán abordadas en el Foro Tripartito" para una segunda fase. "Oportunamente se comunicará el lugar exacto de la reunión" ministerial, concluyó el comunicado.
Sobre la segunda fase que se abre a partir de ahora para el Foro de Diálogo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, ya aprovechó la ocasión en julio en una comparecencia con su homólogo británico, Geoff Hoon, para expresar su confianza en que la fórmula del Foro de Diálogo con encuentros a tres bandas, que ahora pretende "superar una etapa de desencuentros", permita en el futuro "aportar soluciones a problemas prácticos pero también convertirse un marco desde el cual podamos encontrar fórmulas y soluciones para superar un contencioso que no debería darse ni existir entre países tan próximos y con una alianza tan sólida", dijo en referencia a la soberanía del Peñón.
Los tres Gobiernos se habían puesto como objetivo la firma del acuerdo global del Foro de Diálogo para esta semana de julio, pero la delegación británica no solventó hasta el pasado viernes las cuestiones presupuestarias del Fondo específico de pensiones que creará. La falta de tiempo para la celebración de la reunión ministerial en julio obligó a las tres partes a consensuar una fecha para septiembre.
Madrid, Londres y el Peñón han negociado durante un año y medio un paquete de cuatro asuntos que resolverán varios problemas y que beneficiarán, en especial, a la población del Peñón y a las localidades españolas del Campo de Gibraltar: el uso conjunto del aeropuerto de la Roca, el aumento de telecomunicaciones en la colonia británica, la reclamación de los ex pensionistas españoles de Gibraltar y la mejora del tránsito a través de la Verja.
El más complejo de ellos ha sido el uso conjunto del aeropuerto y las partes aún tienen que detallar el acuerdo. La pista y la terminal se asentarán sobre el istmo que es reclamado como propio por España ya que este territorio no fue cedido al Reino Unido en el Tratado de Utrecht de 1713.
En 1987, para hacer posible la liberalización de los vuelos intracomunitarios, España y Reino Unido llegaron a un primer acuerdo para el reparto del control de los pasajeros entre dos terminales --una española y otra británica a ambos lados de la Verja--, estableciéndose un mecanismo de consultas bilaterales para la concesión de derechos de tráfico a terceros.
Los gibraltareños, que participaron en la negociación del acuerdo, se opusieron posteriormente a la aplicación del mismo. En aquella ocasión, el Ejecutivo gibraltareño --presidido por Joe Bossano-- justificó su rechazo por suponer un paso atrás en su soberanía.
Cuando se iba a establecer un vuelo desde Gibraltar hasta otro lugar, el Reino Unido consultaba al Gobierno local. Sin embargo, el uso conjunto del acuerdo de 1987 implicaba que esta consulta se estableciese únicamente entre Londres y Madrid. La metrópoli ha mantenido hasta ahora el control del aeropuerto ya que las autoridades gibraltareñas no tendrían capacidad para poder mantener los costes de su mantenimiento.
Para solventar una situación que se estimaba sería transitoria en 1987, España y Reino Unido acordaron la incorporación de dos cláusulas en determinadas normas comunitarias sobre transporte aéreo. Esas cláusulas salvaguardan desde entonces las respectivas posiciones jurídicas de las dos Partes acerca de la disputa sobre el istmo y suspenden la aplicación de las normas en cuestión a Gibraltar hasta que no se ponga en aplicación el acuerdo sobre el aeropuerto.
HISTORIA DEL ISTMO
El Reino Unido, a lo largo del siglo XIX, fue ocupando progresivamente, por la vía de los hechos, parte del istmo sobre el que se asienta en la actualidad la pista y terminal del aeropuerto. España nunca ha dado su aquiescencia a la ocupación ilegal del mismo.
En 1810 y en plena Guerra de la Independencia, el gobernador de Gibraltar ordenó volar los fuertes de San Felipe y Santa Bárbara. Luego, en 1815 y 1854, unas epidemias de fiebre amarilla hicieron que las autoridades españolas tolerasen, por razones humanitarias, la instalación de campamentos provisionales en la zona del istmo que, posteriormente, darían lugar a instalaciones permanentes.
En 1909, Londres construyó una verja en el límite norte de la franja del istmo, ocupando sin título legal unos 800 metros del mismo, según la Diplomacia española. Luego, empezó a utilizar en 1935 una pista de aviación, que en 1938, durante la Guerra Civil española, se alargó adentrándose más de medio kilómetro en aguas de la Bahía de Algeciras. En la actualidad, el istmo tiene una extensión de aproximadamente un kilómetro cuadrado.
RECLAMACIÓN DE LOS EX TRABAJADORES ESPAÑOLES
En lo que se refiere a la reclamación de los ex trabajadores españoles, quedaba que los británicos garantizasen que tenían dinero para la asistencia sanitaria de los pensionistas. En este sentido, se creará un Fondo global específico que incluirá los gastos de gestión de aquí en adelante, el pago de la asistencia sanitaria desde que se congelaron las pensiones en 1989 y la revalorización de las pensiones afectadas.
El escollo principal en este asunto de las pensiones fue cuantificar el montante de la revalorización solicitada por la Asociación Linense de Pensionistas Españoles de Gibraltar (Alpeg), que reúne a este colectivo afectado. Alpeg cifraba a finales de 2004 en 36 millones de euros el montante que deben las autoridades británicas y gibraltareñas al colectivo español, cifra que deberá estar incluida en el citado Fondo global.
De esta forma se subsanaría el perjuicio que han sufrido este grupo de ex trabajadores españoles en sus pensiones no contributivas. En principio, recibirían un pago único a modo de compensación incluyendo, en aquellos casos, a los herederos de los pensionistas que ya han fallecido.
Asimismo, el Gobierno español podría adelantar una serie de pagos asumiendo un porcentaje pequeño de los mismos. El Peñón ofrece a sus ex trabajadores una ayuda adicional a la jubilación para las mujeres de más de 60 años y los hombres de más de 65 a través de una organización caritativa privada que recibe fondos de las autoridades locales.
Ello motivo que la Comisión Europea abriese en mayo de 2004 un expediente a Reino Unido al constatar que la denominada Household Cost Allowance (HCA) para este tipo de casos, únicamente se concede a los ex trabajadores que disponen de la residencia permanente en Gibraltar y de una jubilación ya garantizada. La Alpeg representa a este colectivo que reclama indemnizaciones desde 1990 para más de 6.000 pensionistas afectados, que deberían tener acceso a este tipo de ayudas por su trabajo durante años en la colonia británica.
