Las remesas de los emigrantes suponen el 35 por ciento del PIB de Haití
MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El centro de estudios International Crisis Group (ICG), recuerda en su último informe que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) no permanecerá en el país para siempre, por lo que emplaza a las autoridades haitianas a superar la crisis de violencia que vive el país desde 2004. El ICG plantea la integración de la diáspora haitiana, sobre todo asentada en Estados Unidos y Canadá, para que colabore en la reconstrucción democrática y la superación de la violencia.
El grupo destaca además la falta de funcionarios cualificados como uno de los principales obstáculos que deberá afrontar la administración haitiana, que también adolece de falta de recursos financieros para acometer las reformas estructurales que permitan poner en marcha los programas económicos y sociales necesarios.
El país necesita un fortalecimiento de sus instituciones, opina el ICG, como paso previo a la transición que supondrá el fin del mandato del presidente del país, René Préval, previsto para 2011. Esta fecha también podría ser la fijada para el fin de la MINUSTAH. El grupo plantea la aplicación de un programa de contratación a gran escala para la administración pública.
Sin embargo, la formación de funcionarios civiles y la subida de sus salarios no son suficientes para generar los avances que demandan los haitianos, indica ICG. Es necesaria una iniciativa seria y sostenida para incluir a los tres millones de haitianos que viven en el extranjero y que éstos superen la desconfianza nacional endémica que afecta a los emigrantes.
Estos haitianos del exterior, con mayores recursos, podrían generar una clase media ausente que permitiría a Haití escapar de su situación de "Estado frágil".
REMESAS.
Las remesas de Haití alcanzaron en 2006 los 1.650 millones de dólares (1.148 millones de euros), un 35 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) haitiano.
Este subsidio directo a los ingresos familiares no debería propiciar que el Estado descuide la financiación de los servicios públicos básicos. Más bien al contrario, aconseja ICG, el impacto de las remesas debería ser maximizado a través de un mejor acceso a los créditos e incentivos para el ahorro. Haití debería también redirigir algunos de sus recursos financieros a iniciativas de desarrollo locales, departamentales y locales.
También aumentaría el impacto de estas inversiones de la diáspora la mejora de las infraestructura, la protección de la propiedad privada y la seguridad económica, afirma ICG, centro vinculado al financiero George Soros.
Los miembros de la diáspora son los primeros clientes e inversores en turismo, pequeños negocios y minería, pero prefieren gestionar sus negocios informalmente, a la espera de más seguridad y confianza en el Gobierno, así como a una mejoría del entorno para las inversiones. Al mismo tiempo, los emigrantes se están percatando de su poder potencial como grupo de presión en los países en los que viven.
Su contribución económica debería reflejarse en el sistema político permitiéndoles acceder a la doble ciudadanía. También podrían aspirar a participar en las elecciones y a tener una presencia en el Parlamento, aconseja el ICG.
FORTALECER LOS VÍNCULOS.
Estos cambios requerirían consultas y negociaciones entre los distintos grupos políticos y los representantes de la diáspora que deberían desembocar en una reforma constitucional que podría aplicarse antes de las elecciones de 2011. También sería necesario facilitar la votación en los consulados haitianos en otros países.
La diáspora está lista para colaborar, según ICG, pero necesita la ayuda del Gobierno para derribar las barreras informales que impiden un mayor compromiso. En ese sentido, también sería beneficioso invertir el proceso de fuga de cerebros que permitiría el regreso de varios cientos de profesionales cualificados. La política gubernamental debe ser clara y fomentar el retorno de los emigrados.
Las propuesta del ICG plantea la constitución de una comisión compuesta por emigrantes, parlamentarios, ONG y empresarios que en el plazo de un año redacte este plan a largo plazo y estudie los posibles riesgos e inconvenientes de las reformas propuestas.
El presidente Préval debería empeñarse personalmente en la aplicación de este plan con el pleno respaldo de la comunidad internacional, sugiere ICG. Esta iniciativa permitirá allanar el camino para una transición relajada al final del mandato presidencial.
ICG también solicita al Gobierno la gestión de acuerdos para controlar los flujos migratorios con los países que acogen a las comunidades haitianas más importantes y la publicación de estadísticas sobre criminalidad accesibles desde el extranjero para que los emigrantes puedan comprobar el nivel de violencia exacto que se vive en su país.
Al Parlamento ICG encomienda todas las reformas legales necesarias para que se permita a los emigrados disponer de la doble nacionalidad, votar y estar representados en el Parlamento, mientras que a la diáspora le pide presionar en favor de estas reformas y fortalecer las redes comunitarias en sus países de acogida.
Por último, emplaza a la comunidad internacional a facilitar la creación de centros comunitarios que sirvan de lugar de encuentro para los emigrados haitianos y apoye las redes y ONG haitianas que se creen en los países de acogida. En especial, recomienda apoyar las iniciativas que diseñen programas de financiación para proyectos de desarrollo local.
