La nueva ley aprobada en el Congreso intenta someter las operaciones de la compañía bajo jurisdicción federal
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Expertos consultados sobre la posibilidad de juzgar con mayor efectividad cualquier acto ilegal desempeñado por las compañías de seguridad privadas en Irak han expresado sus dudas sobre la utilidad de una posible ley --aprobada el jueves por el Congreso pero que podría ser vetada por la Casa Blanca-- a través de la cual dichos delitos quedarían regulados por la jurisdicción federal y la ley criminal estadounidense, en lo que supone la medida más directa emprendida por la mayoría demócrata para supervisar unas prácticas condenadas en repetidas ocasiones por organizaciones de Derechos Humanos.
La medida, aprobada el jueves por 389 votos a favor y por 30 en contra, va dirigida a las compañías de seguridad que actúan dentro de un vacío legal, fuera del alcance de la jurisdicción iraquí o estadounidense. La gota que ha colmado el vaso ha sido la investigación del incidente del pasado 16 de septiembre en el que los empleados de la compañía Blackwater fueron acusados de abrir fuego sobre civiles iraquíes, al paso de un convoy diplomático estadounidense por una plaza principal de Bagdad, un incidente que se cobró la vida de 13 personas. La compañía ha argumentado que sus hombres estaban bajo fuego enemigo, algo que han negado tanto testigos presenciales como el Gobierno iraquí.
A pesar de que el presidente de la compañía, Erik Prince, ya ha comparecido ante el Congreso y ha negado los cargos, la investigación sigue su curso con la llegada de diez agentes especiales del FBI a Bagdad para supervisar la actuación de la compañía privada sobre el terreno. Es, en realidad, una misión para recabar datos que confirmen o desmientan si alguno de los empleados de Blackwater se ha visto involucrado en actos que violen flagrantemente las leyes americanas.
Por lo que al Gobierno iraquí respecta, funcionarios del Poder Judicial han expresado en numerosas ocasiones su deseo de actuar como acusación en el caso Blackwater, pero consideran extremadamente improbable que las autoridades estadounidenses les permitan ejercer jurisdicción, a pesar de que las víctimas mortales son iraquíes.
"Las fuerzas de Blackwater deberían enfrentarse a un juicio por el asesinato de civiles iraquíes, de acuerdo con la Constitución del país", denunció el juez Salem Rozam al Musavi, que solicitó la revocación de la inmunidad de la que gozan actualmente las fuerzas estadounidenses en Irak.
"Algunos oficiales estadounidenses justifican las acciones de estos mercenarios bajo el pretexto de que la compañía actúa protegiendo a diplomáticos estadounidenses", concluyó el juez, en declaraciones a la agencia de noticias Mehr.
BLACKWATER
La compañía, que opera en Irak desde 2003, basa sus operaciones en una premisa muy sencilla: proteger a los efectivos estadounidenses, civiles, diplomáticos y militares presentes en el país árabe. Comenzó hace cuatro años, guardando las espaldas del, por entonces, jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer, a un precio de 21 millones de dólares por once meses de trabajo.
Desde junio de 2004, la empresa ha recibido 320 millones de dólares, una cuarta parte de los 1.000 millones que ha destinado el Departamento de Estado al llamado Servicio de Protección Personal para sus diplomáticos en Irak. Ese mes es el mismo en el que Bremer, a punto de abandonar su cargo, emitió la 'Orden 17' por la que se garantiza la inmunidad a los contratistas privados en el país árabe.
Desde 2005 a 2007, la plantilla de Blackwater se ha visto involucrada en 195 incidentes por arma de fuego. De ellos, en 163 casos sus empleados dispararon primero, según el informe de sus actividades presentado recientemente ante el Congreso estadounidense, el documento que ha servido de base para la redacción de la ley. Fuentes del Pentágono estiman que existen entre 20.000 y 30.000 empleados armados de la compañía en Irak.
En respuesta a esta iniciativa propulsada por la mayoría demócrata en el Congreso, la Casa Blanca ha anunciado su intención de trabajar con los legisladores para que las empresas de seguridad privadas asuman una mayor responsabilidad por sus acciones, pero también ha expresado su "grave preocupación" ante la posibilidad de que esta nueva ley pueda sobresaturar al FBI y, peor aún, "interfiera con actividades y operaciones cruciales para la seguridad nacional". Además, aun siendo aprobada, la ley carece de autoridad retroactiva sobre conductas de la compañía ubicada en Carolina del Norte, así como de las de otros contratistas, previas al incidente de Bagdad.
PRECEDENTES DE LA LEY
La propuesta de ley, auspiciada por el representante de Carolina del Norte, el demócrata David E. Price, expande una ley promulgada el pasado año 2000 por la que se incluía a las tropas americanas bajo la ley penal estadounidense, pero que sin embargo no contemplaba a las empresas privadas como Blackwater. En este tipo de casos, la compañía siempre se ha excusado argumentando que su trabajo es escoltar a los diplomáticos, sin intervenir nunca en operaciones bélicas de forma directa.
El año pasado, el Congreso aprobó una medida por la que la actuación de las empresas de seguridad estadounidenses quedaba sometida a la ley militar, lo que implica que sus empleados podrían ser juzgados por un tribunal del Ejército de Estados Unidos. La ley de 2000 se ha aplicado en contadas ocasiones; la ampliación de 2005 no se ha aplicado en ningún caso.
LOS EXPERTOS, ESCÉPTICOS
Los analistas afirman que, incluso de aprobarse esta nueva ley, juzgar estos casos sería extremadamente difícil. Sólo dos casos fueron juzgados por la ley del pasado 2000: el de un contratista acusado de poseer una colección de pornografía infantil y otro con el cargo de intento de violación.
Bajo esta ley, la responsabilidad de los casos cae en manos de los fiscales de la jurisdicción a la que pertenezca la víctima, lo que suponen extensas investigaciones en el extranjero, y el costoso proceso de traer a los testigos y las pruebas a Estados Unidos. "Al final, nada depende del Congreso, sino del poder ejecutivo", según el director del Instituto Brookings, Peter W. Singer, en declaraciones al diario estadounidense 'The New York Times".
Según el responsable de esta organización encargada de supervisar la intervención de las tropas estadounidenses en Irak, se tiene constancia de hasta 20 acusaciones criminales en potencia contra los contratistas estadounidenses, todas ellas presentadas debidamente ante el Departamento de Justicia. "Todas han desaparecido en un agujero negro", lamentó el director.
Por su parte, el abogado especializado en delitos contra los Derechos Humanos, Scott Horton, afirmó que la ley propuesta por la Cámara de Representantes cerraría un vacío legal por el que los contratistas se han desvinculado siempre del esfuerzo de guerra que tiene lugar en Irak, aunqe también ha expresado su frustración por el hecho de que los oficiales estadounidenses no han perseguido los crímenes de esta índole con la suficiente energía.
"Imaginando que los contratistas en Irak forman una ciudad de 180.000 personas, y teniendo en cuenta que nadie ha completado jamás un proceso de acusación contra estos residentes, ¿qué clase de ciudad estadounidense es aquella donde nadie resulta procesado en tres años?", se preguntó el abogado. "Es impensable", lamentó.
