La ONG denuncia la represión ejercida contra los que abogan por una Cachemira independiente y los exiliados de la Cachemira india
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La región de Cachemira Azad, nombre por el que se designa a la parte paquistaní de Cachemira, ha sido durante mucho tiempo una región cerrada al escrutinio de la comunidad internacional, pero el terremoto de octubre de 2005 cambió esta realidad, revelando una preocupante estado de los Derechos Humanos. La organización Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe torturas, represión de las libertades democráticas y la mordaza aplicada a los medios de comunicación.
Las investigaciones de HRW en Cachemira Azad --que significa "Cachemira libre"-- revelan abusos por parte del Ejército paquistaní, sus servicios de inteligencia y organizaciones de milicianos. "Aunque 'azad' significa 'libre', los ciudadanos de la región son cualquier cosa menos eso", afirmó Brad Adams, director para Asia de HRW. "Las autoridades paquistaníes gobiernan Cachemira Azad con estrictos controles sobre las libertades más básicas", afirmó.
Antes del gran terremoto que devastó la región, Cachemira Azad era una de las regiones más cerradas al exterior de todo el mundo. El Gobierno ejercía un férreo control sobre la libertad de expresión, impidiendo la creación de medios de comunicación independientes mediante restricciones burocráticas y coacciones. Cualquier publicación favorable a la independencia de Cachemira era inmediatamente prohibida.
Las organizaciones militantes a favor de la incorporación de la Cachemira india a Pakistán tienen el campo libre para expresar su postura, pero el discurso de los grupos que abogan por una Cachemira independiente es duramente reprimido, a veces a través de la violencia.
FACHADA ELECTORAL
La Constitución de Cachemira Azad, impuesta por Pakistán en 1974, establece que los candidatos electorales tienen que tener el visto bueno de Islamabad, para así garantizar que sólo aquellos que apoyan la pertenencia de Cachemira a Pakistán puedan concurrir a las elecciones. Toda persona que quiera participar en la vida civil de Cachemira Azad debe firmar un compromiso de fidelidad a Pakistán, mientras que cualquiera que apoye públicamente o trabaje pacíficamente por la independencia de Cachemira tiene que afrontar la persecución.
"Existe un Gobierno local con fachada electoral, pero el Gobierno federal de Islamabad, el Ejército y las agencias de inteligencia controlan todos los aspectos de la vida política de Cachemira Azad", afirmó Adams. "Los militares no muestran tolerancia alguna con la disidencia y gobiernan la región como si fuera su feudo", añadió.
La tortura es algo cotidiano en Pakistán, y también lo es en Cachemira Azad, según esta ONG. HRW ha documentado casos de tortura en los que están implicados los servicios de inteligencia y otros grupos que actúan a instancias del Ejército, pero no se conoce ningún caso de procesos judiciales abiertos contra militares o miembros de la seguridad paramilitar. Tampoco hay casos de castigos internos dentro de estos cuerpos por las supuestas torturas y malos tratos.
A pesar de las constantes críticas del Gobierno paquistaní por las violaciones de los Derechos Humanos en la parte india de Cachemira, los refugiados cachemires indios son discriminados y maltratados por las autoridades paquistaníes. Los refugiados y ex milicianos de India son mayoritariamente nacionalistas laicos distintos cultural y lingüísticamente a los cachemires de Pakistán que son acosados con una vigilancia constante, su libertad de expresión es reprimida y son detenidos y golpeados arbitrariamente.
"El Gobierno paquistaní pretende hacernos creer que los únicos problemas de los cachemires provienen de India", aseguró Adams, "pero debería empezar a buscar soluciones para terminar con las violaciones de los Derechos Humanos en Cachemira Azad".
PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
HRW emplazó a los donantes internacionales, que han inyectado miles de millones de dólares en ayuda humanitaria y para la reconstrucción desde que se produjo el terremoto, a que presionen a Islamabad para conseguir cambios estructurales en la región y fomentar el respeto de los Derechos Humanos y la ley. Las recientes acusaciones de corrupción dirigidas contra altos cargos de la administración son la prueba de la debilidad de la ley y la irresponsabilidad gubernamentales.
"La comunidad internacional, además de apoyar los esfuerzos para la reconstrucción de la región, debe insistir a Pakistán en la necesidad de respetar los Derechos Humanos del pueblo de Cachemira Azad", añadió Adams. "El Gobierno paquistaní debe garantizar a la gente de Cachemira Azad el ejercicio de sus derechos civiles y políticos en un entorno libre de coerción y miedo", concluyó.
Cachemira ha sido el motivo de dos de las tres guerras que han mantenido India y Pakistán desde su independencia de Reino Unido, en 1947, cuando la región fue dividida en dos zonas que ambos países reclaman como suyas. El conflicto ha tomado una nueva dimensión tras la aparición de milicias islamistas que realizan contínuas acciones violentas y atentados contra las autoridades indias de la región y que aspiran a escindir el territorio de India y anexionarlo a Pakistán. El conflicto se ha cobrado la vida de más de 67.000 personas, la mayoría de ellos civiles.
