El Gobierno propone liberalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las 10 primeras semanas
LISBOA, 21 Oct. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
El aborto vuelve a ser el protagonista de la vida social y política en Portugal donde la actual ley no logra combatir los abortos ilegales a pesar de ser muy similar a la española y las de otros países europeos. El número de abortos al año ronda los 40.000, debido a la falta de médicos dispuestos a realizar la intervención. La solución encontrada por el gubernamental Partido Socialista (PS) es "liberalizarlo" hasta las 10 primeras semanas de gestación, pero vía referéndum. Los sondeos dan una victoria del sí muy ajustada y la participación será muy baja.
Esta no es la primera vez que los portugueses son consultados sobre este asunto. En 1998 ya se celebró un referéndum con la misma pregunta que se realiza ahora:"¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si es realizada, por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?". El resultado no fue vinculante, ya que solamente fueron a votar el 31,8% de los electores y es necesario al menos un 50%. Ganó el no con un 50,5% de los votos.
Después de dos intentos fallidos en el último año de celebrar el referéndum, el jueves el Parlamento aprobó su realización el presidente de la República lo convocará en pocos días. Los socialistas quieren que sea a finales de enero o principios de febrero, ya que saben que la prolongación en el tiempo juega a favor de los defensores del no, como es el caso del partido Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP) integrado en la derecha más radical, que prefiere que la consulta se realice en marzo.
Por un lado están los defensores del "Sí", todos los partidos de izquierdas, asociaciones feministas y ecologistas y el liderazgo del Gobierno socialista. Por otro, los del "No", encabezado por la Iglesia Católica, con un gran peso en la sociedad, las asociaciones pro-vida, la gran mayoría de carácter cristiano, y el CDS-PP. En medio de toda la polémica se encuentra el principal partido de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD), de centro derecha, que no ha tomado una postura clara y algunos de sus miembros están en la campaña por el sí y otros por el no.
El tiempo y la baja participación puede ser el principal aliado del "no". La Iglesia Católica ya se ha posicionado y la Conferencia Episcopal apeló a los fieles para que voten "no" afirmando que "el aborto provocado es un pecado grave". "No es una cuestión exclusivamente de la moral religiosa, arremete contra los valores universales de respeto a la vida".
La Iglesia recuerda que "el ser humano está presente desde el inicio de la vida, cuando ella es apenas un embrión" y recalca que el aborto provocado "sean cuales sean las razones que llevaron a él, es siempre una violencia injusta contra un ser humano, que ninguna razón justifica éticamente".
Además, señala que lo que está en juego en el referéndum "no es una mera despenalización, si no una liberalización legalizada", una vez que se crea "un derecho cívico, de recurso a las instituciones públicas de salud, preparadas para defender la vida y pagadas con el dinero de todos los ciudadanos".
Es precisamente una parte de ese argumento, "el de derecho cívico para recurrir a la instituciones públicas" uno de los utilizados por el Gobierno para combatir los casi 40.000 abortos ilegales que se realizan al año en Portugal, una vez que éstos se producen porque la gran mayoría de los médicos alegan "objeción de conciencia" en una serie de supuestos que contempla la Ley. Pero si el aborto es libre hasta las 10 semanas el sistema público de salud tiene obligación de garantizar esas intervenciones.
Además de considerar que la liberalización sirve para combatir el aborto ilegal, el PS en su defensa por el sí argumenta que el Estado no debe imponer la moral a los ciudadanos, sino que debe dejar que cada individuo decida según "sus propias dudas o convicciones, sus propias opiniones o sentimientos".
Sin embargo el Gobierno quiere matizar la diferencia entre liberalizar y despenalizar. Sobre la mesa está ampliar la ley y permitir que una mujer pueda decidir durante las 10 primeras semanas de gestación si quiere realizar un aborto o no, independientemente de las circunstancias. Pero el PS en voz de su secretario general y primer ministro, José Sócrates, aclara. "No queremos liberalizar el aborto, queremos descriminalizarlo hasta las diez primeras semanas, manteniendo la regla de la criminalización cuando se realiza fuera de ese plazo", afirmó el lunes al inicio de la campaña por el "Sí".
DESCONOCIMIENTO Y DOBLE MORAL
Pero defensores de una u otra opción aparte, en Portugal hay una situación que no se puede ignorar. La ley del aborto es muy similar a la española y admite los mismos tres supuestos (peligro físico o psíquico para la madre, malformación del feto y violación), pero la diferencia está en la aplicación. En España, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los médicos admiten los motivos económicos y sociales como factores de riesgo en la salud psíquica de la madre, pero en Portugal no es así. Además, el código deontológico de los médicos portugueses es contrario a la Ley y no admite el aborto.
En el último año más de 5.000 portuguesas, en su mayoría de entre 19 y 31 años, solteras y con un nivel socioeconómico alto, han cogido un coche y se han ido a España para abortar. Otras, entre 20 y 40 mil lo hicieron en Portugal, pero de forma ilegal.
Lo que se desconoce es si recurrieron a España y a la ilegalidad porque desconocían que en su país también podrían realizarlo o porque no encontraron un médico que se lo realizase en un centro autorizado.
Cualquiera de las dos opciones es sorprendente si hablamos de un país desarrollado de Europa, pero para entenderlo es necesario saber que en Portugal el lobby médico tiene un poder inimaginable y la doble moral es la religión más profesada.
Prueba de lo primero es que la falta de médicos en el país es consecuencia de la negativa del colegio médico a ampliar el número de plazas en las universidades, para no perder sus privilegios. Prueba de lo segundo, es que en un periódico dejan publicitar clínicas abortivas españolas, pero "no pueden aparecer las palabras aborto e interrupción voluntaria del embarazo".
Un ejemplo de ambas es el hecho de que en Portugal no hay clínicas privadas que realicen la interrupción involuntaria del embarazo, como ocurre en España, no porque la ley lo impida, si no porque, en principio, no hay médicos disponibles. Aunque a partir del próximo año la clínica española "Los Arcos", en Badajoz, se instala en Lisboa, anunció su directora, Yolanda Hernández, que denunció el doble juego de algunos facultativos lusos.
"En febrero abrimos en Lisboa, con o sin referéndum, independientemente del resultado del mismo", dijo, y curiosamente todo el personal será portugués, ya que en su opinión los médicos portugueses sí practican abortos, pero hay muchos, la gran mayoría que prefiere hacerlo de forma privada e ilegal.
"En la pública son objetores, pero después de forma privada e ilegal no, porque cobran más y no pagan impuestos", denunció la responsable que recordó que un aborto en una clínica española legal y autorizada cuesta de media unos 450 euros y en Portugal de forma clandestina alrededor de 1.000 euros y libres de impuestos.
La situación es complicada y hay posibilidades de que el referéndum no altere la situación, ya que si los sondeos se cumplen, su resultado no será vinculativo y si eso ocurre el Gobierno ya dijo que no alterará la Ley, a pesar de poder hacerlo a través de la mayoría absoluta de la que goza en el Parlamento.
