Los portugueses serán consultados por segunda vez en nueve años sobre la reforma de la ley de interrupción voluntario del embarazo
LISBOA, 30 Ene. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
Los movimientos partidarios y detractores del aborto tienen dos semanas a partir hoy para explicar a los portugueses sus posturas e incentivarlos a participar en el referéndum del próximo día 11 de febrero sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las diez semanas. El objetivo de unos es acabar con los juicios a mujeres que han abortado y con los más de 17.000 abortos ilegales al año, mientras que el de otros es defender la vida y los derechos del feto.
Ésta será la segunda vez que los portugueses son consultados sobre este asunto. En 1998 ya se celebró un referéndum con la misma pregunta que se formula ahora: "¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si es realizada, por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?".
El resultado de entonces no fue vinculante, ya que solamente participó el 31,8% de los electores, cuando se necesita al menos un 50%. Ganó el 'no' con un 50,5% de los votos, a pesar de que los sondeos daban una amplia victoria al 'sí'.
Ahora, aunque se mantiene la victoria del 'sí' en los sondeos --un 54% frente a un 33% del 'no'--, pese a haber perdido siete puntos respecto a octubre, todos desean que la historia no se repita y que el referéndum sea vinculante, algo que bien podría ocurrir, ya que, a excepción de la pregunta, las circunstancias sociales y los protagonistas políticos han cambiado.
LOS PARTIDOS Y LA SOCIEDAD
El gubernamental Partido Socialista hace campaña a favor del 'sí', incluido el primer ministro José Sócrates, al contrario que en 1998, cuando el entonces jefe del Gobierno, el también socialista Antonio Guterres, votó por el 'no' en su condición de católico creyente y practicante.
Frente al CDS-PP, católico y de derechas, que lógicamente opta por el 'no', están a favor del 'sí' todos los partidos de izquierdas y una parte del principal partido de la oposición, el Partido Social Demócrata, que ha dejado libertad de voto a sus diputados. Con un grupo parlamentario más pequeño que en 1998, al menos 22 de 75 diputados ya han manifestado a favor de cambiar la ley, cuando hace nueve años solamente fueron tres de 77.
Pero además de los cambios en el arco parlamentario y político, también la realidad social y económica del país es diferente que hace nueve años.
A pesar de que la actual ley sobre el aborto es muy similar a la española y admite los mismos tres supuestos (peligro físico o psíquico para la madre, malformación del feto y violación), su aplicación es diferente debido a la interpretación de la misma por parte de los médicos lusos, ya que muchos de ellos no consideran los motivos económicos y sociales ni el embarazo no deseado como factores de riesgo en la salud psíquica de la madre, tal como reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En la actualidad se registran en el país más de 20.000 abortos ilegales al año, y algunos organismos hablan de que esta cifra podría alcanzar los 4.000, además de las 5.000 portuguesas que se trasladan a España para abortar. En 2005 se constataron cerca de un millar de abortos legales en el país, una cantidad muy similar a la del número de mujeres internadas como consecuencia de los abortos ilegales reconocidos, que ronda los 700 anuales.
Muchos de esos internamientos desembocan en un juicio contra la mujer por la práctica de un aborto ilegal, que puede acabar con una condena de cárcel, aunque en estos momentos no hay ningún mujer encarcelada en el país por este motivo.
Desde 1998 ha habido 34 procesos, 43 acusados y 18 condenas a mujeres por realizar abortos ilegales. La mayoría de ellas tenía menos de 10 semanas de embarazo. Las mujeres que reconocieron que habían realizado un aborto ilegal fueron condenadas, mientras que las que ejercieron el derecho al silencio no lo fueron, según un estudio realizado por dos diputadas que integran el movimiento 'Voto por el Sí'.
Estas cifras han impresionado a los portugueses y el hecho de que una mujer tenga que pasar por la humillación pública de un juicio por un aborto ha sensibilizado la conciencia de muchos, tanto, que algunos de los 15 movimientos ciudadanos a favor del 'no' están de acuerdo en que se cambie la ley y se despenalice a las mujeres, aunque no con que se permita realizarlo libremente hasta las 10 semanas. E incluso muchos votarán a favor del 'sí' únicamente para que no se celebren juicios a mujeres.
En esta ocasión, aunque el debate en los medios de comunicación y en el Parlamento es intenso y hay 15 movimientos ciudadanos por el 'no' y cinco por el 'sí' --que sólo para constituirse han tenido que lograr en total más de 200.000 firmas--, en la calle no hay debate sobre la posición que cada uno tomará en el referéndum, una vez que el aborto sigue siendo un tema "tabú" para la gran mayoría de los portugueses.
Una de las mayores manifestaciones públicas de la población sobre este asunto se produjo el pasado domingo, cuando, convocadas por las plataformas ciudadanas a favor del 'no' y por el partido CDS-PP, al menos 10.000 personas se manifestaron en Lisboa en defensa de la vida y en contra de la despenalización, según datos de la Policía.
MOVIMIENTOS POR EL SÍ Y POR EL NO
Pero cifras aparte, el gran reto en estos momentos de los movimientos ciudadanos involucrados en esta campaña es convencer a la población de sus posturas.
Las plataformas a favor del 'sí' aseguran que el aborto "es un problema de salud pública y no de política criminal" y que "no es incompatible despenalizar el aborto con estar en contra de él y creer en las políticas de planificación familiar", porque "la nueva ley no pone en causa la política familiar" y porque "el 'sí' permite el 'no', pero el 'no' no permite el 'sí'", afirmó la ex ministra de Sanidad María de Belem, que participa de forma activa en el movimiento 'Ciudadanía por el Sí'.
También a favor del cambio de ley se encuentra el movimiento 'Médicos pela escolha', que denuncian que la actual ley es "injusta" y genera "un tabú" sobre el asunto que se refleja hasta en las facultades de Medicina, donde "hay una falta absoluta de formación, no se habla sobre ello, y no se aborda en profundidad como se deben realizar los diferentes tipos de aborto", según denunció el médico Vaco Freire.
La postura contraria la defienden las plataformas cívicas a favor del 'no', que consideran que el objetivo del referéndum es "permitir abortar por libre elección y no despenalizar" y que opinan que "el aborto legal es una respuesta falsa a un problema verdadero".
"El Estado tiene obligación de proteger la vida humana, algo que no es compatible con el aborto", declaró Antonio Pinheiro Torres, de 'Juntos por la vida', que entiende que el aborto es comparable a la pena de muerte porque "en los dos casos el ser humano deja de vivir".
"Estoy de acuerdo con el actual régimen penal, si se comete un delito hay que pagar por él", afirmó. "El 'no', es muy plural" porque "coincidimos en que no queremos el aborto libre, pero después cada uno piensa diferente sobre el régimen penal", añadió.
Ahora unos y otros tiene por delante dos semanas para lograr el apoyo de la población, aunque ambos coinciden en que hay que ir a votar, independientemente del voto.
