El Ejecutivo de Dili necesita redefinir las competencias de ambas instituciones
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cuatro años después de obtener su independencia, Timor Oriental se vió inmersa una crisis de seguridad que involucró a instituciones como la Policía y el Ejército y generó un conflicto que a día de hoy carece de solución a corto plazo y que requiere de un acuerdo que satisfaga a ambas partes para devolver la estabilidad en el país, según arrojan las conclusiones del último informe publicado por el grupo de analistas International Crisis Group (ICG).
La crisis originada por el cese de la mitad del Ejército, que provocó el colapso de la fuerza policial de Timor Oriental, se prolongó desde abril hasta junio de 2006, lo que obligó al despliegue de una fuerza de Naciones Unidas liderada por efectivos australianos.
Si el nuevo Gobierno pretende efectuar reformas reales en el sector de la seguridad "debe asegurarse de que el proceso incluye a todas las partes, es objeto de una consulta generalizada, y resiste a la tentación de ser aprobado mediante un proceso autocrático", según el informe.
El grupo recomienda seguir las recomendaciones estipuladas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, basadas en un "análisis realista de la actual situación de seguridad", ya que los "problemas estructurales" a los que se enfrenta el país requieren de "un compromiso no partidista".
PROBLEMAS PROFUNDOS
ICG critica que en Timor Oriental los problemas están profundamente enraizados dentro de la estructura política del país, criticando a la administración de Naciones Unidas y a los sucesivos gobiernos timoreses su incapacidad para llegar a un consenso general para resolver la crisis. "No hay una política de seguridad nacional, y existen importantes vacíos en la correspondiente legislación", señaló el informe.
Además, la Policía está aquejada de "un exceso de interferencia política y de un estatus social muy deteriorado", y por su parte el Ejército "sigue capitalizando en el heroísmo del que hizo gala durante la ocupación indonesia", mientras sigue sin encontrar su papel dentro de la sociedad del país.
El grupo de analistas lamenta además "la falta de transparencia y corrección por parte de los comités judiciales y parlamentarios que se encarga de supervisar ambas fuerzas".
UNA OPORTUNIDAD
El Gobierno en curso, que llegó al poder en agosto de 2007, cuenta según ICG con una oportunidad para conducir una reforma genuina del sector de la seguridad, aprovechando las experiencias propias de otros países que han sufrido históricamente conflictos similares. Sin embargo, recordó el informe del Grupo, "la buena voluntad de la comunidad internacional no es ilimitada, y ya hay señales de cansancio por su parte, por lo que es necesario actuar deprisa".
Sin embargo, los países implicados en el conflicto no están exentos de responsabilidad, ya que están obligados a responder de forma más eficiente a cualquier propuesta de reforma iniciada por el Gobierno y que requiera de ayuda exterior. Así, las fuerzas de Naciones Unidas, que se encargan de entrenar y supervisar la acción de la Policía local, deberían hacer más por integrarse con los soldados a los que adiestran.
Dentro del país también existe un problema de competencias correspondientes a las fuerzas de seguridad, o como dice el grupo: "quién hace qué". En teoría, la Policía debería tener la última palabra en cuestiones de seguridad interna, pero en el caso de Timor carece de recursos, entrenamiento y respaldo para cumplir su función, por lo que los líderes locales tienden --demasiado deprisa, según ICG--- a llamar al Ejército para lidiar con las protestas o cualquier tipo de desorden público.
La solución pasaría por "simplificar las estructuras policiales", haciendo especial hincapié en reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad para evitar que cualquier desorden local se extienda al resto del país. Además, el grupo advierte de que la escasa profesionalidad de las fuerzas del orden repercute en la moral de los agentes de policía, que dudan a la hora de considerarse un elemento capacitado para mantener la estabilidad en el país.
Las recomendaciones de ICG no terminan ahí. El grupo de analistas ha criticado el plan del nuevo Ejecutivo por el que se pretende transferir las competencias del control de fronteras de la Policía al Ejército. "Es un error", declara el informe de ICG, porque "este traspaso de competencias podría incrementar la tensión en la frontera, al otro lado de la cual se alinea una presencia militar indonesia fuertemente armada". Y dado que muchas comunidades locales perciben al Ejército como una fuerza de centralización, la presencia militar en la frontera podría provocar severos disturbios.
Con todo, ICG sí que defiende que el Ejército asuma la responsabilidad de la seguridad marítima y, principalmente, que apoye a la Policía en el momento en el que la situación de seguridad interna se escape de las manos. También debería ser tarea del Ejército responder con eficiencia ante la amenaza de las catástrofes naturales, pero siempre actuando de forma subordinada a la Policía y a la labor de las autoridades civiles.
PREVIO A LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
A pesar de que el Gobierno timorés permanece a la espera de las conclusiones de un informe sobre seguridad procedente del Consejo de Seguridad de la ONU, ICG entiende que el Ejecutivo del primer ministro Xanana Gusmao es capaz de tomar ciertas decisiones independientemente del resultado del examen de Naciones Unidas.
Por ejemplo, el Gobierno podría efectuar mejoras ostensibles en los salarios, rellenar los anteriormente mencionados "vacíos legislativos", y reformar los procedimientos disciplinarios. Sin embargo, cuestiones que el grupo entiende como "fundamentales", como el tamaño de la Policía y del Ejército, o el papel definitivo que ambos deben desempeñar, tendrían que estar sujetas a un proceso de consulta que permita a los ciudadanos expresar su opinión a este respecto.
Así ICG considera que ni los timoreses ni la comunidad internacional pueden apoyarse en la "excusa de la inexperiencia" para justificar futuros fracasos. Las fuerzas de Naciones Unidas están proporcionando una "red de seguridad", que el grupo entiende como la "mejor y posiblemente última oportunidad" para el Gobierno y para sus aliados a la hora de efectuar una reforma palpable y duradera en el situación de seguridad del Gobierno.
