El PP destaca que los ciudadanos han hablado y le han dado la mayoría absoluta en Valencia y Madrid
ESTRASBURGO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció hoy que tiene previsto denunciar la ley urbanística valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Su portavoz, Oliver Drewes, explicó a Europa Press que la denuncia se presentará el próximo miércoles 27 de junio.
En una comparecencia ante el pleno de la Eurocámara, McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que marca la normativa europea de contratación pública.
"La nueva ley no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones y a la confusa definición del objeto de los contratos", destacó el comisario de Mercado Interior. Insistió en que las alegaciones enviadas a la Comisión por parte de las "autoridades competentes" para responder a estas preocupaciones son "poco convincentes". "Por ello, tengo la intención de proponer a la Comisión llevar este caso ante el Tribunal de Justicia", recalcó.
McCreevy reiteró que la aprobación de planes de actuación integrada (PAI), tal y como está contemplada en la LUV, supone la concesión de contratos de obras públicas y de servicios, y por tanto está sujeta al derecho comunitario. El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra la LUV el 4 de abril de 2006 y un ultimátum final el 12 de octubre de ese mismo año.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y MEDIO AMBIENTE
En cuanto a las denuncias de que la LUV vulnera el derecho a la propiedad, McCreevy dejó claro que la Comisión Europea "no puede intervenir" en esta materia porque no tiene competencias. "Las supuestas vulneraciones de los derechos de propiedad no afectan a ninguna disposición de la legislación comunitaria", aseguró.
Finalmente, en materia medioambiental, el comisario de Mercado Interior indicó que Bruselas sólo puede adoptar acciones legales cuando se vulnera la normativa comunitaria con algún plan de urbanización. "La Comisión seguirá vigilando que las autoridades competentes españolas respeten las reglas medioambientales comunitarias al desarrollar planes urbanísticos", dijo.
Recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha actuado cuando algún plan urbanístico infringía la normativa europea sobre evaluación de impacto, hábitats o agua y así lo seguirá haciendo en el futuro.
McCreevy intervino ante el Parlamento en respuesta a una pregunta sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía planteada por los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias, el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman. Ambos han presentado una resolución sobre esta cuestión apoyada por todos los grupos políticos salvo el PP que se votará este jueves.
Cashman denunció que en España, miles de ciudadanos europeos que "compraron una propiedad de buena fe" se han visto expropiados "sin el procedimiento legal debido" para desarrollos urbanísticos que no desean. "Esto sólo puede describirse en el mejor de los casos como incompetencia administrativa, o en el peor de los casos como negligencia criminal y corrupción", dijo.
El eurodiputado laborista criticó especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, y destacó que pese a las tres misiones que ya ha enviado allí la Eurocámara en los últimos años y a la aprobación de un informe crítico en diciembre de 2005, las autoridades regionales sólo han introducido "cambios menores" en la ley urbanística que "no abordan los problemas clave". Además, denunció que se aceleraron los proyectos antes de la entrada en vigor de la LUV para aprovechar las "lagunas" de la LRAU.
Finalmente, lamentó los "vergonzosos ataques" que recibió la última misión parlamentaria a la Comunidad Valenciana por parte del PP, que a su juicio afectan a la "integridad de la Eurocámara". Por ello, criticó que su presidente, el democristiano alemán Hans-Gert Poettering, no haya reaccionado.
A su juicio, la Eurocámara ya ha hecho todo lo que podía en este caso, y el problema sólo lo podrá resolver el Tribunal de Justicia de Luxemburgo o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo "para vergüenza del PP en España".
MAYORÍA DEL PP
Durante el debate que siguió a la intervención de McCreevy, el representante del Partido Popular, Carlos Iturgáiz, destacó que los ciudadanos se han pronunciado sobre el urbanismo dando "mayorías absolutas a los Gobiernos del PP tanto en Madrid como en Valencia" pese a los augurios previos de que los populares "serían castigados" en las urnas.
Iturgaiz insistió en que la Eurocámara, al abordar el urbanismo de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, está "invadiendo competencias nacionales". "Ustedes quieren sustituir a decisiones de parlamentos autonómicos, quieren sustituir a decisiones de parlamentos nacionales, quieren sustituir al propio Tribunal Constitucional", espetó a los parlamentarios. Pidió por ello a los servicios jurídicos de la Eurocámara que aclaren si "aquí se puede votar absolutamente todo".
El representante del grupo de los Verdes, David Hammerstein, respondió a Iturgaiz que "el haber ganado unas elecciones no da permiso para obviar la legislación europea". Hammerstein reclamó a la Comisión Europea que "actúe con energía y urgencia" ante las vulneraciones "flagrantes" de la legislación comunitaria. "Muchas de las 750.000 viviendas construidas en España el año pasado, más que Francia y Alemania juntas, no han respetado el derecho comunitario. ¿A qué espera la Comisión para actuar?", espetó.
Por su parte, el eurodiputado socialista valenciano, Joan Calabuig, dijo que, tras las elecciones autonómicas, es un buen momento para iniciar una "nueva etapa" que permita "rectificar", reconocer el problema y "abandonar la arrogancia".
"El partido socialista tiende otra vez su mano para contribuir a la solución de este problema y por ello reitera en el caso de la región de Valencia la necesidad de un amplio apoyo político y social que incluya a todos los afectados, que tiene que tener como premisa la reforma de la LUV para su adecuación a los Tratados, y para incrementar la seguridad jurídica", destacó. Reclamó también el establecimiento de mecanismos de arbitraje para compensar a los afectados por abusos urbanísticos.
El también parlamentario socialista, Carlos Carnero, dijo que tanto en Valencia como en Madrid los Gobiernos autonómicos "están agrediendo el medio ambiente, agrediendo la sostenibilidad de la vida de la ciudadanía y por tanto violando los derechos individuales y colectivos". En este sentido, Carnero denunció que el Gobierno madrileño pretende seguir actuando de esta manera, con proyectos como la carretera M-61 "que quiere destruir el monte del Pardo, un lugar de una importancia ecológica fundamental".
En la resolución que votará la Eurocámara el jueves, que cuenta con el respaldo de socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y verdes, se condenan las expropiaciones de tierras sin el procedimiento legal debido, una práctica "extendida" en la Comunidad Valenciana y otras regiones costeras, así como en Madrid. También se critican los "proyectos de urbanización masivos" que no se ajustan a las necesidades de la población local, son medioambientalmente insostenibles y tienen un "impacto desastroso" en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas.
