La CE exige a Bulgaria y a Rumanía que intensifiquen los esfuerzos de lucha contra la corrupción y el crimen organizado
BRUSELAS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea decidió hoy congelar 486 millones de euros de fondos comunitarios destinados a Bulgaria en represalia por los casos de corrupción, fraude y ausencia de controles detectados en la gestión de las ayudas. Si las irregularidades no se corrigen, la suspensión podría afectar en el futuro a los 6.852 millones de euros de fondos estructurales que la UE tiene previsto conceder a Bulgaria durante el periodo 2007-2013.
El Ejecutivo comunitario publicó además dos duros informes sobre los progresos de Bulgaria y Rumanía, que entraron en la UE el 1 de enero de 2007, en materia de reforma judicial. En ellos se reclama a ambos países que intensifiquen los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado porque, pese a los cambios legislativos realizados, todavía no se han visto resultados en la práctica.
"Los informes demuestran que se han creado las instituciones y los sistemas (para luchar contra la corrupción) pero que ahora es necesario obtener resultados concretos en forma de investigaciones, imputaciones y sentencias en los casos de corrupción de alto nivel y de criminalidad organizada", dijo el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, en un comunicado.
Las ayudas para Bulgaria congeladas son las que le correspondían en calidad de país candidato a la adhesión y que todavía no han terminado de utilizarse, ya que de los fondos del periodo 2007-2013 sólo se han pagado algunos anticipos. El informe de la Comisión destaca que el Gobierno de Sofía está experimentando "serias dificultades" en la ejecución de los pagos y aún no ha puesto en marcha un sistema de gestión de los fondos que funcione de manera eficaz.
A ello se suma que se han dado casos de "graves acusaciones de irregularidades y sospechas de fraude y conflicto de intereses en la concesión de los contratos". Por estos motivos, el Ejecutivo comunitario ha decidido también retirar la acreditación a dos agencias encargadas de realizar los pagos.
Las irregularidades afectan a los tres tipos de fondos de los que se ha beneficiado Bulgaria como país candidato: las ayudas a las infraestructuras (de las que se congelan 115 millones de euros); las subvenciones para facilitar las reformas institucionales (250 millones de euros); y los pagos agrícolas (121 millones de euros), según explicó el portavoz responsable de este expediente, Mark Gray. "La Comisión ha enviado una señal fuerte de que los fondos de la UE deben gestionarse correctamente", dijo Durao Barroso.
Entre los problemas citados en el informe destaca el caso del director de la agencia responsable de los fondos para infraestructuras, que ha sido acusado de conceder contratos a una empresa de construcción controlada por un miembro de su familia. Además, dos trabajadores de esa agencia han sido detenidos acusados de aceptar sobornos.
Por lo que se refiere a las ayudas agrícolas, la oficina antifraude de la UE, OLAF, investiga proyectos por valor de 26 millones de euros por sospechas de corrupción. Además, el director del órgano que gestiona los pagos está acusado de haber aprobado proyectos ilegalmente por valor de 10 millones de euros. También en la gestión de las ayudas para facilitar la adhesión de Bulgaria a la UE se han detectado casos de "irregularidades, sospechas de fraude y conflictos de interés entre los gestores de los programas y los beneficiarios de los contratos".
Bruselas considera que el Gobierno búlgaro ya ha empezado a dar pasos para resolver todos estos problemas pero asegura que todavía no son suficientes para descongelar las ayudas. En todo caso, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Johannes Laitenberger, indicó que la Comisión está dispuesta a reanudar el pago de estos fondos cuando se corrijan las irregularidades. "Lo que se necesita es sistemas de control y auditoría que funcionen y que den suficientes garantías de que no habrá más irregularidades", señaló.
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
La decisión de congelar los fondos sólo afecta a Bulgaria y no a Rumanía. Pero ambos países son criticados con dureza en el informe que publicó la Comisión sobre sus progresos en materia de reforma judicial. Este informe se realiza en virtud del mecanismo de "cooperación y verificación" establecido el 1 de enero de 2007 para garantizar que los dos países resuelvan los problemas que todavía tenían pendientes cuando se aprobó su entrada a la UE.
En el caso de Bulgaria, el informe indica que la reforma del sistema judicial y de las estructuras responsables de la aplicación de la ley es necesaria y lleva mucho retraso. En el último semestre, Sofia ha tomado iniciativas que van "en la buena dirección", como la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional o la decisión de reformar el ministerio del Interior. No obstante, Bruselas pide ahora "resultados concretos" en forma de investigaciones, imputaciones y sentencias sobre casos de corrupción de alto nivel y de crimen organizado.
Por lo que se refiere a Rumanía, el informe destaca que los elementos esenciales para permitir que el sistema funcione se han puesto en marcha, pero que los cimientos son todavía frágiles y las decisiones judiciales sobre la corrupción de alto nivel siguen estando muy politizadas. La reforma judicial ha progresado, pero el sistema todavía no ha demostrado que sea capaz de castigar la corrupción de alto nivel.
