Francia y Reino Unido presentan un compromiso conjunto que podría convertirse en la base del acuerdo sobre el reglamento
BRUSELAS, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, defendió hoy durante la primera discusión a nivel ministerial sobre la nueva norma de la Unión Europea para recortar el precio del uso del móvil en el extranjero la necesidad de tener en cuenta no sólo los intereses de los consumidores sino también otros factores, especialmente, el impacto sobre las compañías telefónicas.
Los operadores españoles (Movistar, Vodafone y Amena) serán los principales perjudicados por este reglamento ya que ahora son los que más se benefician del 'roaming' o itinerancia internacional por el gran número de turistas extranjeros y los que han realizado más inversiones para atender este aumento de la demanda estacional.
"Tenemos que velar por el mantenimiento de una industria saneada que pueda hacer frente a los importantes retos del futuro", dijo el secretario de Estado al término del Consejo de Telecomunicaciones.
También reclamó que se tenga en cuenta "el mantenimiento de una calidad adecuada en las telecomunicaciones" y la garantía de "niveles de cobertura que se adapten a las necesidades de uso en función de las pautas de desplazamiento de los ciudadanos a lo largo de la UE", en referencia a la presencia de turistas europeos en España.
"Si bajamos los precios excesivamente las operadoras tendrán la posibilidad de dar esos servicios", advirtió Ros. A su juicio, se trata de encontrar en este reglamento "un equilibrio adecuado entre reducción de precios, y preservación de la calidad, de la cobertura y de una industria con capacidad de renovarse y de impulsar la introducción de nuevos servicios".
El secretario de Estado de Telecomunicaciones reconoció en todo caso que la propuesta de la Comisión sobre el 'roaming' está justificada para ofrecer un mayor nivel de protección a los usuarios frente a los precios excesivos. No obstante, reclamó que se regulen tanto los precios mayoristas, los que se cobran unas a otras por el uso de las redes, como los minoristas, los que se aplican a los consumidores finales, y que la normativa se aplique simultáneamente a ambos tipos de tarifa.
Esta postura sólo cuenta con el respaldo del Ejecutivo comunitario y de una minoría de delegaciones, como la República Checa, mientras que la mayoría de los Estados miembros defendió que se limiten únicamente los precios mayoristas.
Ros pidió además una simplificación de las propuestas de la Comisión, estableciendo un único nivel de precios para los servicios mayoristas y otro para los minoristas, sin diferenciar entre llamadas locales e internacionales. Finalmente, propuso que estos precios se establezcan como valores medios en lugar de como topes absolutos, de manera que los operadores tengan una mayor flexibilidad para elaborar ofertas.
Para determinar el margen entre los precios mayoristas y minoristas y el nivel de los precios al por mayor, España quiere que se dé un mayor protagonismo a los reguladores nacionales, de manera que sean éstos los que elaboren la propuesta.
PROPUESTA FRANCO-BRITÁNICA
Durante el Consejo de Telecomunicaciones Francia y Reino Unido presentaron una propuesta conjunta alternativa a la de la Comisión, que coincide en algunos puntos con la postura de España y diverge notablemente en otros. El principal punto de desacuerdo es que París y Londres abogan por regular en primer lugar sólo los precios mayoristas exigiendo a los operadores que repercutan los recortes sobre los usuarios finales.
Si las compañías de telefonía móvil en un plazo de 6 meses no han bajado los precios a sus clientes entre un 40 y un 60% , entonces se regularía también el mercado minorista (lo que en argot comunitario se denomina cláusula 'sunrise'). La comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, rechazó esta propuesta porque a su juicio sería muy complicado juzgar si es necesario o no activar la cláusula para los precios minoristas y se aumentaría la burocracia.
Un punto de coincidencia entre la propuesta franco-británica y las tesis españolas es que se consideren precios medios y no topes absolutos para que siga habiendo competencia entre los operadores y no tarifas plenamente reguladas. Además, París y Londres abogan por crear una "tarifa de protección del consumidor", un tope máximo al precio del 'roaming' al que podrán suscribirse de manera gratuita los clientes que prefieran no andar buscando entre las ofertas de las compañías.
La iniciativa de Francia y Reino Unido cuenta con el apoyo total o parcial de otras delegaciones como Polonia, Rumanía, Portugal, Austria, Bélgica, Italia, Suecia, Dinamarca, Estonia, República Checa, Malta o Hungría, según fuentes diplomáticas, y podría convertirse en la base del compromiso final al sintetizar la postura de dos Estados miembros tradicionalmente enfrentados.
La ministra de Telecomunicaciones finlandesa y presidenta de turno del Consejo, Susana Huovinen, señaló que todas las delegaciones estuvieron de acuerdo en la necesidad de una norma europea para bajar el precio del 'roaming' porque no era suficiente con aumentar la transparencia. No obstante, añadió que el reglamento no deberá impedir la competencia y tendrá que ser lo más simple posible para permitir una tarificación flexible.
La comisaria de Sociedad de la información se felicitó de este enfoque positivo y dijo que ve posible lograr un acuerdo antes del verano de 2007, bajo presidencia alemana de la UE.
